La Ley de Vivienda de Asturias, aprobada por el Consejo de Gobierno del Principado el pasado 11 de diciembre, marca un punto de inflexión en las políticas públicas de vivienda en España. Se trata de una norma pionera a nivel estatal, no solo por su contenido normativo, sino por el enfoque desde el que se construye: reconocer la vivienda como un derecho subjetivo y como un determinante directo de la salud. Una visión que conecta de forma directa con los debates actuales sobre falta de vivienda, desigualdad social, consumo, acceso al alquiler y deterioro del parque público, cuestiones centrales en el análisis del sector inmobiliario.

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha defendido que esta ley representa un cambio de paradigma, alejando la vivienda de la lógica puramente especulativa y devolviéndola a su función social. En un contexto marcado por el aumento de los precios, la presión del alquiler y la dificultad de acceso para amplias capas de la población, el modelo asturiano emerge como una alternativa que busca blindar el parque público y garantizar estabilidad residencial a largo plazo.

El modelo asturiano de vivienda, sitúa a las personas en el centro

Uno de los pilares fundamentales de la nueva normativa es el refuerzo del denominado modelo asturiano de vivienda, que sitúa a las personas en el centro de las políticas públicas. Frente a modelos orientados al mercado, la ley concibe la vivienda como un derecho esencial, vinculado directamente al bienestar, la salud y la cohesión social.

Zapico ha subrayado que la vivienda no puede entenderse únicamente como un bien material, sino como una herramienta clave para prevenir desigualdades sociales y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Este enfoque resulta especialmente relevante en un momento en el que el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas sociales en España, con efectos directos sobre el consumo, la estabilidad económica familiar y la salud mental.

La ley asturiana es la primera del país que incorpora explícitamente la vivienda como determinante de la salud, una innovación legislativa que ha despertado interés en otros gobiernos autonómicos y que refuerza el carácter transversal de las políticas de vivienda.

Esta ley frena los procesos de pérdida de vivienda pública

Otro de los elementos más destacados de la Ley de Vivienda de Asturias es que impide la venta de vivienda pública, poniendo fin a décadas de descapitalización del parque público residencial. Este punto supone una ruptura clara con las políticas aplicadas desde los años 80, cuando Asturias llegó a contar con cerca de 31.000 viviendas públicas.

Con el paso del tiempo, y como consecuencia de procesos de venta y privatización, esa cifra se redujo drásticamente hasta 9.600 viviendas públicas en 2023. La nueva ley blinda el parque público y evita que estas operaciones vuelvan a producirse mientras la norma esté en vigor, garantizando que la vivienda protegida cumpla una función social estable y permanente.

Esta medida conecta directamente con uno de los grandes problemas estructurales del mercado inmobiliario español: la escasez de vivienda pública, que limita la capacidad de las administraciones para intervenir en el mercado del alquiler, moderar precios y ofrecer alternativas habitacionales a los colectivos más vulnerables.

Alcanzar las 1.500 viviendas públicas en esta legislatura

En el marco de la nueva ley, el Principado de Asturias ha fijado objetivos concretos de impulso de vivienda pública para lo que resta de legislatura. Según ha avanzado el consejero, está previsto iniciar o promover mil nuevas viviendas públicas, que se sumarán a las casi 600 ya en marcha, hasta alcanzar una cifra aproximada de 1.500 viviendas públicas en esta legislatura.

Esta planificación responde a una estrategia a medio y largo plazo que busca recuperar capacidad pública de intervención en el mercado residencial, especialmente en un escenario de tensión en los precios del alquiler y dificultades de acceso a la compra, agravadas por la evolución del euríbor y el endurecimiento de las condiciones hipotecarias.

Más allá del horizonte inmediato, el Gobierno asturiano trabaja con una planificación hasta 2035, con el objetivo de alcanzar 15.000 viviendas públicas. Aunque esta cifra sigue lejos de las existentes hace cuatro décadas, supone un compromiso firme para revertir la tendencia de pérdida de patrimonio público y garantizar el acceso a la vivienda como derecho.

Una única tipología de vivienda protegida de régimen general, con carácter vitalicio

La nueva norma introduce además una reordenación del sistema de vivienda protegida, articulando todas las actuaciones públicas a través del Sistema Asturiano de Vivienda Protegida. En este marco, se establece una única tipología de vivienda protegida de régimen general, con carácter vitalicio, que no podrá pasar al mercado libre.

Este punto resulta clave para evitar procesos de especulación futura y asegurar que las viviendas protegidas mantengan su función social a lo largo del tiempo. La ley define la vivienda como un derecho subjetivo, con garantías y prestaciones asociadas, reforzando la seguridad jurídica de los adjudicatarios y dotando al sistema de mayor estabilidad.

Asimismo, Zapico ha anunciado que el nuevo precio del módulo de vivienda protegida, actualmente en negociación dentro del marco de la concertación social, entrará en vigor de forma simultánea a la aplicación de la ley, una vez sea aprobada por la Junta General y publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Un referente en el debate nacional sobre vivienda

La aprobación de la Ley de Vivienda de Asturias se produce en un momento especialmente sensible para el sector inmobiliario español, marcado por la crisis de acceso a la vivienda, el tensionamiento del alquiler, la falta de parque público y la dificultad de acceso al crédito hipotecario. En este contexto, el modelo asturiano introduce elementos que pueden servir de referencia para futuras reformas en otras comunidades autónomas.

Al blindar la vivienda pública, reconocer su impacto directo en la salud y situar a las personas en el centro de las políticas, Asturias apuesta por un enfoque estructural que trasciende la coyuntura económica. Una estrategia que busca estabilidad residencial, cohesión social y sostenibilidad del sistema, frente a modelos basados en la especulación y el corto plazo.

La ley no resuelve por sí sola todos los problemas del mercado inmobiliario, pero sí establece un marco sólido desde el que abordar la falta de vivienda, el acceso al alquiler y la protección del derecho a una vivienda digna, elementos esenciales para el equilibrio social y económico en los próximos años.