Tomándose la situación con mucha calma, la Comunidad de Madrid ha comenzado a ejecutar la sentencia que anuló la operación de la venta fraudulenta por parte del Gobierno de Ignacio González de 2.935 viviendas sociales a un fondo buitre. La Consejería de Vivienda en un proceso que se presume será largo por el escaso interés que se pone, está «intentando localizar» a los administradores de fincas que participaron en la inscripción de las 32 promociones para notificarles que hay que revertir una operación que va a costar dinero y mucho a las arcas públicas. No parece importarles gran cosa la situación en la que se encuentran los inquilinos de esas viviendas vendidas de forma ilegal.

La operación que la Justicia ha condenado y obligado a revertir se realizó con el fondo buitre Encasa Cibeles participado por Azora y Goldman Sachs. Tras sucesivas vueltas y revueltas, la justicia anuló en primera instancia la venta en mayo de 2018 y aunque Díaz Ayuso ordenó recurrir a todas las instancias posibles y finalmente el Supremo ratificó lo sentenciado el pasado febrero de este año.

A pesar de la sentencia contraria  del juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 de Madrid, que rechazó el recurso presentado por Díaz Ayuso confirmando la nulidad de la venta de todos los inmuebles, el Gobierno de la Puerta del Sol continuó defendiendo que afectaba tan sólo a una demandante y que el resto eran ventas válidas. Pero el pasado 3 de marzo el magistrado firmante de la sentencia confirmó al Gobierno de Díaz Ayuso que la sentencia afectaba a toda la operación y no cabía ninguna suspensión de la misma como pretendía la Comunidad de Madrid.

Y aunque el Gobierno de la CAM ha recurrido la decisión de marzo con un nuevo recurso, argumentando que los jueces no han tomado aún una decisión definitiva, el magistrado del juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 29 ha informado a las partes del procedimiento que la sentencia  se ha anotado de forma preventiva en el registro de la propiedad número 20 de Madrid. Excluye de la anotación las fincas que ya se habían vendido a terceras personas y están inscritas a nombre de otras personas.

La anotación preventiva se produce cuando se ha dictado una sentencia que no es firme y contra la que caben recursos. Si luego la sentencia se anula porque en una instancia superior queda sin efecto, esas anotaciones también quedarían sin efecto. Una vez que el fallo es firme la anotación preventiva pasa a ser una inscripción.

La Comunidad de Madrid no ha confirmado el número de inmuebles sobre los que ha hecho el cambio, aunque podría afectar a varias decenas de pisos. El fondo de la cuestión es que como el Gobierno de Díaz Ayuso no quiere aceptar todas esas 3.000 viviendas como parte de su patrimonio continúa defendiendo que la sentencia sólo afecta a las viviendas de los recurrentes y es que las indemnizaciones por la operación fallida, tanto a propietarios como a Encasa Cibeles pueden ser cuantiosas.