El Pleno del Congreso ha convalidado sin ningún voto en contra, el decreto ley del Gobierno que contempla deducciones fiscales de hasta el 60% en el IRPF y una línea de avales de hasta 1.100 millones de euros para la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales, todo ello incluido en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En la votación todos los grupos han votado a favor salvo PP, Vox, UPN y Foro Asturias que se han abstenido.

El objetivo, según indica el decreto-ley que ha sido publicado en el BOE y entró en vigor el pasado 6 de octubre, es “alcanzar el objetivo a medio plazo de la neutralidad climática de aquí a 2050”, para “impulsar a corto plazo el empleo y la actividad en este contexto de recuperación” y el “crecimiento post pandemia”.

El Congreso de los diputados ha aprobado su tramitación como proyecto de ley, lo que abre la puerta a su modificación a partir de enmiendas de los grupos.

Las deducciones fiscales de IRPF aprobadas para la rehabilitación de viviendas,  van del 20 al 60%, cuando se realicen obras en la vivienda habitual, alquilada o aquella que vaya a ser alquilada antes de diciembre de 2023. Se prevén 450 millones de euros para financiar estas deducciones  del 20%, 40% y 60% en el IRPF, hasta un máximo de 5.000 euros, 7.500 euros y 15.000 euros, respectivamente, según la mejora de eficiencia energética alcanzada en vivienda habitual o edificios residenciales. Asimismo, el decreto ley prevé que no se integren en la base imponible de este impuesto las ayudas contempladas en el decreto, así como las aprobadas anteriormente para la rehabilitación

Para poder poner en marcha estas obras, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por Raquel Sánchez Jiménez, podrá conceder una línea de avales ICO por un importe máximo de 1.100 millones de euros, en forma de préstamo, con un plazo de devolución de hasta 15 años.

El mismo Ministerio ha aprobado otro decreto-ley para regular programas de ayuda para rehabilitación residencial y construcción de vivienda social, dentro del mismo marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De esta forma, concederá las subvenciones directamente a las comunidades autónomas para que sean estas las que gestionen, tramiten y resuelvan los procedimientos de ayudas y hagan un “seguimiento detallado” de esa parte de los fondos de acuerdo a sus competencias. Estas también podrán aportar partidas complementarias.

En su intervención en el Congreso la ministra atribuyó a «cuellos de botella»el «recorrido limitado» de este tipo de programas, provocando «una tasa media de rehabilitación efectiva de entre ocho y diez veces menos por debajo de la media del entorno europeo». Todo ello teniendo más de la mitad de edificios residenciales construidos antes de 1980, y más del 80% con muy baja calificación en consumo energético.

Para acabar con estas «rigideces»  el Gobierno modifica en el decreto ley de Propiedad Horizontal, para facilitar acuerdos por mayoría para realizar obras de rehabilitación o recibir ayudas, y también la Ley de Suelo, reforzando la capacidad jurídica de las comunidades de propietario para recibir créditos.