Los ayuntamientos españoles no están muy propicios a instalar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en sus términos municipales; bien sea porque no creen en ellas, porque no están en su ideario político o bien por el rechazo que causa en la mayoría de sus vecinos, la inmensa mayoría de los consistorios obligados a su activación aún no lo ha hecho. Y estamos a tres meses de que esta puesta en marcha sea obligatoria.

Las ZBE para mejorar la calidad del aire en las grandes ciudades

Con el fin de reducir las emisiones contaminantes de los vehículos con motor de combustión y mejorar la calidad del aire de las grandes urbes, 149 municipios españoles de más de 50.000 habitantes deberán activar antes del 1 de enero de 2024 una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). A partir de entonces es muy probable que los vehículos sin etiqueta ecológica de la DGT dejen de poder acceder a ellas, lo que se traducirá en la exclusión de más de 6 millones de coches según datos de la propia DGT. Y esto preocupa a los ayuntamientos afectados que temen una amplia contestación vecinal por la exclusión de muchos de los vehículos de sus vecinos.

Por ello, tan solo 15 de estos 149 municipios han implantado una ZBE. Para el resto y a poco más de tres meses de que termine el plazo para aprobarlas y activarlas, la respuesta más habitual es un “estamos en ello”. Con la incertidumbre que ello genera en sus ciudadanos, que hoy por hoy siguen sin saber su delimitación y sus condiciones.

Municipios en manos de PP / VOX amenazan con desmantelar las ZBE

Pero esto no es todo, ya que algunos municipios, que han cambiado de color político, aseguran que desmantelarán estas ZBE ya puestas en marcha. Ante esta amenaza el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha enviado una nota informativa a cerca de 200 ayuntamientos españoles para advertirles de que deberán devolver los fondos europeos Next Generation si se aventuran a desmantelar las zonas de bajas emisiones (ZBE).

El mensaje es un aviso directo para los municipios en manos de PP y Vox que, tras ganar las elecciones municipales, anunciaron que desmantelarían zonas de bajas emisiones y carriles bici. Desde el Mitma aseguran, que cualquier cambio en las zonas de bajas emisiones deberá ser notificado a la Secretaría de Estado de Transportes antes de ser ejecutado, quien deberá aprobar el cambio o denegarlo. Si esto no se realiza, los alcaldes se exponen a perder las ayudas que, en algunos casos, son millonarias.

Seis consistorios en manos de PP, Vox y Foro han empezado a movilizar maquinaria para quitar espacio a la bicicleta. Logroño, Valladolid, Palma, Gijón, València y Elche han empezado a eliminar medianas y sustituir vías segregadas por ciclocarriles donde los ciclistas comparten espacio, de manera menos segura, con los coches.

Muchos ayuntamientos ni se plantean su instalación

La situación es grave porque muchos ayuntamientos parece que ni se plantean estos cambios urbanísticos. Según denuncia la Organización de Consimidores y Usuarios (OCU) no ha encontrado ninguna información sobre las ZBE en las páginas web de 18 ayuntamientos: Aranjuez, Arganda del Rey, Arona, Barakaldo, Calvià, Cerdanyola del Vallés, Coslada, Ferrol, Granadilla de Abona, Mijas, Motril, Orihuela, El Puerto de Santa María, San Cristóbal de la Laguna, Sanlúcar de Barrameda, Telde, Tres Cantos y Valdemoro.   

Medidas de acción para instalar las ZBE

 Para facilitar la transición al nuevo modelo de ciudades con ZBE, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) propone siete líneas de acción, las cuatro primeras a las administraciones municipales y las siguientes tres a la Administración Central:

 1.Señalización amplia, clara y bien visible de la entrada a la ZBE, tanto sobre la calzada, como en los laterales, incluyendo dispositivos luminosos. La gran mayoría de las sanciones en las zonas ya activadas son como consecuencia del desconocimiento del conductor o una mala señalización.

2. Construcción de parkings disuasorios en los límites de las ZBE, gratuitos y bien conectados con el centro mediante transporte público. Es vital facilitar a los residentes del extrarradio y de poblaciones limítrofes con coches sin etiqueta ambiental de la DGT el acceso rápido y sencillo a la ciudad.

3. Una apuesta clara y decidida por la movilidad sostenible, impulsando el transporte público, una amplia red de carriles bici protegidos y conectados entre sí, la peatonalización de las zonas históricas y comerciales, además de la intermodalidad entre los diferentes medios de transporte.

4. Derecho a entrar en la ZBE con un coche sin etiqueta de la DGT tres veces al año. El impacto medioambiental es muy limitado y, a cambio, se facilita la entrada a los residentes en caso de urgencia (por ejemplo, para acudir al hospital), además de a los turistas que esporádicamente visiten la ciudad.

5. Cambio del actual sistema de etiquetas ambientales de la DGT para que priorice las emisiones reales frente a la tecnología del motor. La mayoría de los nuevos vehículos diésel o gasolina de poca potencia contaminan menos que los híbridos enchufables de gran cilindrada y que muchos mild hybrid.

6. Ampliar las ayudas del Plan Moves a coches de segunda mano con etiqueta Cero Emisiones o Eco de más de 12 meses. El incremento de los precios de los coches impide la sustitución de uno sin etiqueta por otro nuevo a muchos usuarios que lo necesitan para entrar en la ciudad por motivos laborales o familiares.

7. Información centralizada sobre las principales características de las 149 zonas de bajas emisiones repartidas por España: regulación, extensión, accesos, situación de los aparcamientos disuasorios y comunicación con el transporte público, etc.