Muchas leyes y decretos mencionan la figura del consumidor vulnerable, pero hasta ahora esa vulnerabilidad únicamente se ha fundamentado en criterios económicos, lo que en muchas ocasiones puede ser injusto y no corresponder a la realidad cada vez más compleja de la situación actual. Ahora, FACUA-Consumidores en Acción quiere que esta definición cambie y por ello se ha dirigido al Ministerio de Consumo para pedirle que la figura del consumidor vulnerable, que se pretende introducir en la normativa de defensa de los derechos de los consumidores,  sea amplia, flexible y no se reduzca únicamente a criterios económicos.

La asociación ha realizado esta petición en el marco de las aportaciones que ha presentado al anteproyecto de reforma del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que pretende regular la figura del consumidor vulnerable en la legislación general, entre otras cuestiones. Actualmente, dicha figura sólo existe para algunos sectores -como el eléctrico- y en algunas normativas autonómicas.

En este sentido, la organización advierte de que la vulnerabilidad de los consumidores tiene causas muy variadas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de abordar la revisión normativa. Por un lado, existen personas que por sus condiciones específicas -discapacidad, género, edad…  pueden pertenecer a colectivos vulnerables que necesitan de especial protección.

Por otro lado, la situación social, financiera, el lugar de residencia, etc., también son factores que pueden afectar al reconocimiento de la situación de vulnerabilidad de una persona. El nivel de renta, por tanto, es un indicador relevante a la hora de reconocer la condición de vulnerable de un consumidor, pero no es el único, y por ello también se deben tener en cuenta el resto de condicionantes.

Así, la asociación plantea que la figura del consumidor vulnerable debe plantearse en la reforma del Real Decreto Legislativo 1/2007 de manera amplia, flexible e integradora, que la aleje de parámetros circunscritos a la mera capacidad económica de los usuarios.

Por ello, FACUA sugiere recoger un concepto lo más amplio posible que incluya las diferentes situaciones que generan vulnerabilidad en los consumidores. De igual forma, la normativa podría definir a los consumidores que, atendiendo a sus circunstancias personales, sociales o de cualquier tipo, necesiten de una protección específica o diferenciada.