Desvelado ya el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, las asociaciones de consumidores lamentan la pérdida de protagonismo de las políticas de consumo en el organigrama del nuevo Gobierno al desaparecer el Ministerio de Consumo, cuyas competencias pasarán al de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Las políticas de protección a los consumidores se diluyen en el nuevo Ejecutivo

Tanto FACUA como OCU estiman que las competencias de consumo se diluyen en esta nueva estructura y se convierten en un área más dentro del nuevo Ministerio de Derechos sociales, Consumo y Agenda 2030.  No es que el anterior ministro haya realizado un trabajo brillante, pero con esta decisión, las políticas de protección al consumidor,  quedan muy disminuidas frente a los cada vez mayores poderes empresariales.

FACUA considera que la protección de los consumidores debería contar con un ministerio dedicado a ellas en exclusiva, como por primera vez ocurrió en la anterior legislatura y que al menos debiera configurarse una secretaría de Estado de Consumo.

Por su parte, OCU advierte que se han quedamos muchas cosas por hacer para mejorar los derechos de los consumidores. Recuerda que queda pendiente por aprobar la Ley de Servicios de Atención al Cliente que el nuevo Gobierno se comprometió a tramitar de forma urgente. También esta pendiente de aprobar la creación de la autoridad de defensa del cliente financiero que resuelva los numerosos problemas de los consumidores con las entidades financieras.

Mejoras legislativas y refuerzo del control del mercado

FACUA espera que el nuevo ministro, Pablo Bustinduy, y su equipo asuman las importantes mejoras legislativas y el refuerzo en el control del mercado que necesitan los consumidores ante los abusos y fraudes de los que son víctimas. Entre las numerosas denuncias que la asociación viene planteando en los últimos tiempos cobran un especial protagonismo las relacionadas con subidas ilegales en alimentos afectados por la rebaja del IVA; denuncias a las que Consumo no ha dado respuesta.

En este sentido, la asociación reclama una dotación suficiente de medios técnicos y humanos para el ministerio a fin de poder desempeñar su labor inspectora y el ejercicio de la potestad sancionadora, de la que se dotó en la anterior legislatura el Ministerio de Consumo como consecuencia de una histórica reivindicación de FACUA.

En lo que se refiere a los avances legislativos, también la asociación espera que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023 se plantee entre sus primeras iniciativas la elaboración de un anteproyecto de ley de servicios de atención al cliente que contemple el derecho de los consumidores a ser indemnizados cuando las empresas no contesten a sus reclamaciones en el debido plazo. Se trata de una ley históricamente reclamada por FACUA que en la anterior legislatura llegó al Congreso pero no dio tiempo a que fuera votada, como igualmente ocurrió en el segundo Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

No se queda atrás OCU, recordando que la regulación del etiquetado nutricional, la alimentación escolar, el desarrollo de las acciones de representación, los retos que plantea la transición digital y la asignatura pendiente de un marco adecuado para el desarrollo y la modernización de las asociaciones de consumidores, son algunas de las tareas que tienen por delante el nuevo Gobierno y que serán más difíciles de atender en un ministerio con numerosas competencias y muy escasos recursos.