Ante la última oleada de fraudes de todo tamaño y pelaje: Volkswagen Movistar, Iberdrola…FACUA-Consumidores en Acción reclama la participación de la sociedad civil organizada en organismos reguladores y con competencias para sancionar prácticas fraudulentas que atenten contra los derechos de los usuarios. Esta es una de las reivindicaciones de la asociación a las formaciones que concurren a las Elecciones Generales del 20 de diciembre.

La transparencia en todo lo que sucede alrededor de lo que consumimos brilla por su ausencia y por eso FACUA pide que las organizaciones ciudadanas fiscalicen órganos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV,) la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) o el Banco de España. A pesar de su carácter público, se trata de organismos sin presencia de la sociedad civil o donde ésta juega un papel meramente testimonial en la actualidad, a los que debería sumarse, entre otros, la necesaria Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores y Usuarios, cuya creación es otra de las demandas de la asociación.

La asociación critica que la participación de los consumidores organizados es muy insuficiente. En este sentido, denuncia que existe un gran desequilibrio entre la presencia e intervención de los grandes grupos de presión empresariales y la participación de los representantes de los consumidores.

La ausencia de las organizaciones de usuarios en los procesos de regulación ha mantenido un proceso cerrado y opaco en el que los intereses de los consumidores, y más aún de los económicamente marginados, son a menudo eclipsados por los intereses y preocupaciones de las empresas proveedoras de bienes y servicios cercanas a los grupos de poder y de toma de decisiones. Las famosas puertas giratorias para algunos, tienen mucho que ver en la toma de decisiones que nos afectan a todos.

Así, la organización exige una participación real y efectiva de los movimientos ciudadanos representativos dedicados, desde distintos ámbitos, a la defensa de los derechos de los consumidores en todos aquellos organismos del Estado con competencias en regulación y control de los fraudes. En este sentido, reclama tanto la presencia en sus órganos de toma de decisiones como el refuerzo de su papel en los consultivos, los cuales deben emitir informes que resulten vinculantes.

Además, FACUA reclama que las asociaciones de consumidores sean reconocidas como parte interesada en todos aquellos procedimientos sancionadores por fraudes masivos o abiertos a raíz de denuncias presentadas por ellas. Un reconocimiento imprescindible para garantizar la transparencia y fiscalización de las actuaciones contra las graves irregularidades que se producen en mercados como el financiero, el energético o el de las telecomunicaciones, los grandes protagonistas de las denuncias de los consumidores.