Cuando periódicamente aparece el debate de si los servicios bancarios debieran ser considerados un servicio público y si pudiera ser conveniente que existiera una banca pública, siempre se cierra con comentarios del estilo seguridad jurídica, injerencia en la libre empresa, competencia desleal… Y sin embargo de forma constante contemplamos como toda la banca española en su conjunto, van abandonando sus estructuras rurales poco rentables dejando a miles de ciudadans sin un servicio bancario que, la propia administración  ha convertido en imprescindible.

En una vuelta de tuerca más ahora se está destinando dinero público a ayudar a la banca a mantener este servicio que siempre había hecho.

La banca española deja sin servicio al mundo rural

FACUA Catalunya reprueba el plan del Govern de la Generalitat de destinar dinero público a la banca, para llevar sucursales móviles a 307.553 personas en 503 municipios que ya no disponen de una oficina bancaria. Esta situación se debe al progresivo cierre de bancos y retirada de cajeros en las zonas de menor densidad de población que se está dando en el conjunto de España en perjuicio de los consumidores. Más de la mitad de los municipios catalanes no cuentan con sucursal.

La asociación critica que la administración tenga que salir al rescate con fondos públicos de las prestaciones y servicios que la banca, para maximizar sus beneficios, está dejando de ofrecer. Así, mientras se reparten ingentes cantidades de dinero en beneficios, el proceso de reestructuración y reformulación del negocio bancario se basa en dejar en suspenso la atención personalizada, desmantelando oficinas y retirando cajeros de los municipios, entre otras medidas.

La banca cobrará dinero público para realizar su trabajo

Con esta propuesta se premia a la banca en la política de exclusión financiera que han llevado a cabo. Desde 2008 han desaparecido 3 de cada 4 sucursales. Sin embargo, la administración catalana dejará en manos de las propias entidades bancarias la gestión de estos servicios que abonarán con dinero público, pues ha previsto realizar una consulta con una decena de bancos para que al menos dos de ellos lleven la sucursal móvil a los municipios a través de un autobús.

La medida tampoco garantizaría el acceso a la banca, dado que el objetivo que se proponen es crear una red de oficinas móviles itinerantes de forma que las localidades sin sucursal bancaria dispongan de servicios bancarios cada 15 días.

Barreras de acceso a servicios financieros

FACUA Catalunya subraya que en los últimos años se han generado importantes barreras de acceso a dichos servicios y un ensanchamiento de la brecha digital para muchos colectivos, entre ellos el colectivo de personas mayores y el de aquellas otras que presentan algún tipo de discapacidad o impedimento que les limita el uso de herramientas digitales.

Al cierre de sucursales se unen otras políticas que ensanchan la brecha, como las restricciones para la atención personal, incremento del cobro de comisiones por operaciones en ventanilla, derivación a cajeros automáticos o banca en línea, o los sistemas de citas previas. Cuestiones que obstaculizan operaciones tan básicas y comunes como la disposición de efectivo, cobro de pensiones, pagos de recibos, transferencias o gestiones vinculadas a préstamos y créditos hipotecarios y personales.

La banca excluye a mayores y poco formados

Con estas actuaciones, la banca abusa de su posición en el mercado y está excluyendo de la prestación de servicios a personas de más de 65 años, con determinadas discapacidades, bajos niveles de formación, limitadas habilidades digitales, menor nivel de renta (especialmente mujeres), dificultad de acceso a internet, con residencia en núcleos rurales y poco poblados, que no cuentan con el apoyo de familiares o conocidos, al carecer de ayuda y orientación personal para usar las herramientas digitales.