La nueva tasa de residuos implantada por el Ayuntamiento de Madrid ha abierto una grieta más en la ya complicada convivencia urbana. Presentada como una medida para cumplir con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en realidad se ha convertido en una herramienta regresiva, imprecisa, arbitraria y profundamente injusta. Lejos de penalizar a quien más contamina, castiga a quienes menos pueden evitarlo y beneficia a los grandes generadores ocultos tras fachadas residenciales: viviendas turísticas, bares y restaurantes.

Ni el principio de “quien contamina paga”, ni una personalización efectiva de la tasa, ni una redistribución equilibrada de la carga fiscal. Lo que ha hecho el equipo de José Luis Martínez-Almeida es crear una tasa opaca, injusta y mal diseñada que añade más tensión al ya delicado equilibrio entre vecinos, propietarios e inquilinos.

Las viviendas turísticas y la hostelería penalizan a sus vecinos 🏨🍽️

Uno de los principales fallos del nuevo modelo radica en que no distingue entre los residuos generados por residentes y los producidos por la actividad económica implantada en los barrios. Así, los distritos más turísticos y comerciales —como el centro, Sol, o barrios con fuerte presencia hostelera como Chamberí o Salamanca— pagan las consecuencias del turismo descontrolado y la proliferación de pisos turísticos ilegales.

📉 ¿El resultado? Una vivienda con el mismo valor catastral puede pagar el doble según el barrio en el que esté. Para un piso de 119.000 euros (valor medio en Madrid), la tasa anual puede ir de 146€ en Moratalaz hasta 331€ en El Plantío o Sol. Y eso sin tener en cuenta el número real de personas que residen allí, ni sus hábitos de reciclaje o consumo.

OCU denuncia con razón que los cálculos se basan en residuos generados a nivel de barrio, lo que introduce una enorme distorsión en la asignación de costes. Un vecino que recicla correctamente y produce poca basura pagará más si vive en una zona con alta densidad turística o hostelera. Es decir: la vecina del cuarto paga los cubos del bar de la esquina.

Madrid excluye los métodos de personalización 🗑️📲

La Ley 7/2022, de ámbito nacional, establece claramente que los municipios deben adaptar las tasas de residuos al esfuerzo individual y fomentar la participación ciudadana mediante incentivos, bonificaciones y sistemas individualizados.

Muchos municipios han adoptado ya fórmulas de personalización efectiva, como:

Contenedores con identificación personal para el uso de fracción orgánica 🧑‍🌾
Bonificaciones por el uso de puntos limpios o participación en programas de compostaje 🪴
Rebajas automáticas a quien genere menos residuos o recicle más ♻️

Sin embargo, Madrid ha decidido ignorar estas posibilidades, y en su lugar opta por una fórmula de reparto territorial y estadística que castiga al individuo según el colectivo al que pertenece, lo que rompe por completo con el espíritu de la ley.

Además, se desincentiva el reciclaje y el compromiso ambiental: ¿para qué separar residuos si el importe de tu tasa no cambiará en absoluto? 🫤

A pesar de la nueva tasa el IBI se mantiene invariable 🏘️💰

Una de las promesas del Ayuntamiento era que la tasa de residuos vendría acompañada de una reducción proporcional en el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), que hasta ahora financiaba este servicio.

Pero los números no cuadran: el coste medio de la nueva tasa ronda los 140 euros por vivienda, mientras que la anunciada rebaja del IBI en 2025 es irrisoria en comparación. No existe ninguna compensación real, por lo que, en la práctica, los madrileños están pagando el servicio dos veces: una por vía del IBI y otra por la tasa directa.

Esto aumenta la presión fiscal sin contrapartidas claras, perjudicando especialmente a las rentas medias y bajas, los jóvenes que alquilan, y las familias numerosas que ya soportan altos costes de vivienda en la capital.

Además, no se ha previsto una exención automática para los hogares más vulnerables, como sí se hace en otras ciudades. El Ayuntamiento ha tenido que abrir a última hora un plazo extraordinario (hasta el 15 de abril) para que familias numerosas, perceptores del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Mínima de Inserción puedan solicitar una bonificación. Todo un ejemplo de falta de previsión y sensibilidad social.

Almeida azuza la lucha entre propietarios e inquilinos por quién paga la basura 🤷‍♂️🏠

Uno de los efectos colaterales más preocupantes de esta tasa es el conflicto legal y social que está generando entre propietarios e inquilinos.

La ley establece que el que genera los residuos debe pagar, lo que en teoría apunta al inquilino. Sin embargo, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) exige que para trasladar nuevos gastos al inquilino deben constar por escrito en el contrato, incluyendo el importe abonado el año anterior.

📄 ¿Qué ocurre entonces con los contratos ya firmados que no mencionan esta tasa, porque no existía?

Algunos propietarios están intentando repercutir el gasto directamente sobre el arrendatario.
Otros inquilinos se niegan, amparados en que la tasa no estaba contemplada en el acuerdo contractual.
En casos extremos, se están generando desacuerdos que podrían acabar en tribunales.

Este vacío legal y la ambigüedad del Ayuntamiento contribuyen a crear conflicto entre partes que, de por sí, ya lidian con una relación tensa por la presión de los alquileres en la ciudad.

En vez de clarificar la normativa y asumir el coste como parte del IBI —como se venía haciendo—, el Ayuntamiento ha optado por trasladar la carga a las espaldas de ciudadanos que ya pagan alquileres elevados, sin ofrecer certezas jurídicas claras.

La tasa de Almeida es un síntoma de un modelo urbano excluyente 🚫🌆

Lo que revela esta polémica tasa de basuras es algo mucho más profundo: un modelo de ciudad que penaliza al residente estable y favorece la turistificación, la especulación y el consumo insostenible.

Los barrios con menor presión turística pagan menos, mientras que los del centro, cada vez más colonizados por apartamentos turísticos y negocios de comida rápida, disparan su volumen de residuos sin que los verdaderos generadores los paguen.

Esta tasa:

No fomenta la economía circular.
No responsabiliza a los grandes generadores.
No personaliza el esfuerzo individual.
No compensa con rebajas fiscales.
Y no protege a los más vulnerables.

¿Qué debería hacer el Ayuntamiento? 📝✅

Desde Aquimicasa consideramos que el Ayuntamiento de Madrid debería:

Reformular la tasa para ajustarla al esfuerzo individual, implantando sistemas de personalización como los que ya funcionan en otras ciudades.
Eximir de forma automática a hogares vulnerables, sin trámites farragosos ni ventanas administrativas limitadas.
Aclarar de forma normativa quién debe asumir la tasa en viviendas alquiladas, evitando litigios innecesarios.
Reequilibrar el IBI y hacerlo corresponsable del servicio, como ocurría hasta ahora.
Gravar específicamente a las actividades económicas que operan en suelo residencial, como pisos turísticos y locales de restauración que encarecen el coste de la basura sin asumirlo.

La tasa de basuras es otro impuesto injusto para los madrileños ⚠️🗑️

En un contexto de crisis habitacional, con los alquileres disparados, los jóvenes expulsados del centro y un mercado inmobiliario cada vez más especulativo, imponer esta tasa es una afrenta más al ciudadano medio que quiere vivir y contribuir dignamente en su ciudad.

Desde Aquimicasa denunciamos la falta de coherencia y equidad en esta medida, exigimos una revisión integral del sistema de cálculo, y pedimos que Madrid adopte un enfoque más justo, transparente y personalizado, que no penalice a los que menos tienen ni premie la insostenibilidad urbana.

Porque una ciudad más justa empieza por una fiscalidad que no castigue al que menos contamina ni esconda a los verdaderos culpables tras las cifras de barrio. 💪🌍