La opacidad que muestran las diferentes administraciones cuando se trata de proteger a las empresas frente a los intereses de los consumidores es manifiesta, pero debiera tener límites; sobre todo cuando lo que está en riesgo no sólo es la salud, sino también la vida de los ciudadanos. Ni la reputación de las empresas, ni la del sector ni la de toda la comunidad autónoma debieran arriesgarse por ocultar situaciones empresariales que ponen todo en riesgo.

Los derechos de los consumidores son poco tenidos en cuenta

Lo hacen todas las comunidades autónomas, y los motivos son variados, aunque en casi todos los casos tienen que ver las conexiones empresariales y el buen nombre del sector, al que no quiere perjudicarse con la transparencia que siempre debiera existir. Lo que sucede es que en la Junta de Andalucía se están sucediendo casos que estienden una sospecha injusta sobre el sector de los derivados cárnicos.

Todo recordamos casos como el de Magrudis (La Mechá), que causó cuatro muertos, siete abortos y multitud de lesionados en 2019 debido a un brote de listeriosis. Pero, denuncia la asociación de consumidores FACUA, esto no ha servido para que la Junta de Andalucía comprenda la necesidad de mantener la mayor transparencia con respecto a sus actuaciones en materia de seguridad alimentaria, dando a la ciudadanía toda la información disponible acerca de las irregularidades que cometen empresas que tienen productos comercializados y que pueden ser peligrosos para su salud.

La Junta de Andalucía protece a Industrias Cárnicas Sierra Nevada

La Junta de Andalucía ocultó que en 2021 ya había detectado la presencia de Listeria y ordenado el cese temporal de las instalaciones de Industrias Cárnicas Sierra Nevada, la empresa sobre la que ahora pesa una alerta sanitaria relacionada con algunos de sus productos comercializados al haberse detectado en ellos la bacteria. Esta misma situación se ha repetido en el verano de 2023, cuando la Administración andaluza no dio a conocer que ordenó en julio un nuevo cese de actividad a la empresa e inmovilizado productos por sospechas de contaminación.

FACUA Andalucía considera que estos hechos ponen de manifiesto una mayor gravedad en la irresponsabilidad de la Junta con los consumidores. Y ello ante su falta de transparencia no ya con respecto a las medidas que adoptó hace unos meses, sino por el hecho de que ya supiera desde 2021 de sus irregularidades y no informase en ningún momento ni del cierre temporal que decretó en dicho año ni de que había detectado Listeria en las instalaciones de una cárnica que tenía numerosos productos en el mercado.

FACUA pide explicacions a la Junta por su actuación

En este sentido, la federación reclama a la Consejería de Salud y Consumo que dé explicaciones sobre la opacidad con la que ha tratado este asunto, elevando con ello el riesgo de que los consumidores sufran intoxicaciones por el consumo de alimentos con Listeria.

Asimismo, FACUA Andalucía advierte de que la ausencia de casos registrados de listeriosis vinculados al consumo de productos de Cárnicas Sierra Nevada no supone que no se hayan producido. Así, recuerda que numerosos intoxicados por el consumo de alimentos de La Mechá no fueron contabilizados por el Servicio Andaluz de Salud pese a que acudieron a centros sanitarios cuando sufrieron la listeriosis.

La presencia de Listeria es un problema recurrente en las instalaciones

Según ha detallado El País, la visita de los inspectores de la Junta en julio de este año se debió a que la empresa ya se encontraba siendo investigada desde 2021, cuando se ordenó su cese temporal por detectar rastros de la bacteria en los embutidos que elaboraban. En esta nueva visita, constataron que las instalaciones no reunían los requisitos para fabricar sin riesgo de listeriosis, por lo que ordenaron un nuevo cese temporal e inmovilizaron 2.000 kilogramos de producto ante la sospecha de contaminación.

Los inspectores regresaron en agosto para comprobar si se habían realizado mejoras en higiene y en prevención de contaminación cruzada. Entonces no constataron que el producto inmovilizado hubiera sido puesto a la venta, e informaron a la empresa de que si querían distribuirlo debían realizar análisis supervisados por un laboratorio acreditado que demostrara la ausencia de Listeria.

No fue hasta la siguiente visita de septiembre que los inspectores tuvieron constancia no sólo de que no se había producido ninguna mejora en las instalaciones -pese a haberse comprometido a ellas- sino que varios lotes de la carne inmovilizada se habían puesto a la venta. Según relata El País, el propietario mostró entonces un análisis que no había sido validado por ningún laboratorio acreditado. Al realizar la Junta sus propios estudios, comprobaron que la cantidad de Listeria presente era superior al límite permitido por la normativa.

En octubre, al recibir los resultados de dichos análisis, la Administración decidió lanzar la alerta sanitaria.