Como siempre sucede en momentos de catástrofe pública, estamos pudiendo observar cómo la necesidad puede sacar lo mejor que llevamos dentro pero también lo peor. Y éste último caso es lo que ha pasado con AGA,  la patronal de empresas suministradoras del servicio público de abastecimiento de agua. Estas empresas quieren tener las manos libres para poder dejar a los ciudadanos sin el suministro de algo tan necesario como el agua en un momento de pandemia. Y lo hacen anteponiendo por delante los beneficios empresariales a la salud pública y sin ningún rubor. Es bueno saber quiénes luchan a favor del país para contener la pandemia y poder salir de la crisis y quiénes miran sólo por sus propios intereses.

Así se lo han explicitado al Gobierno apenas unos días después de que este decidiera, el pasado 18 de marzo, blindar esos suministros para familias en situación de vulnerabilidad , junto con la electricidad y el gas, mientras dure el estado de alarma, en una regulación completada dos semanas más tarde, en el decreto del día 31.

La primera norma aplicada, la del día 18, establece que «los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el suministro a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social», mientras la segunda matizaba que durante el estado de alarma esos cortes solo pueden producirse por motivos que afecten a «la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones» y añadía que ese periodo de excepción «no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente o en los contratos de suministro en su caso». La medida está restringida a las personas físicas y a las viviendas principales.

AGA, que se presenta como «la asociación que representa mayoritariamente a las entidades y empresas (públicas, privadas o mixtasque operan los servicios de agua urbana» del país, considera que por la medida del Gobierno es, por su «indefinición», una «invitación indiscriminada al impago del servicio, al margen de la condición económica real del usuario», que «causará un grave déficit financiero estructural, si no se corrige el desequilibrio, con el consiguiente riesgo de insolvencia para los operadores del ciclo urbano del agua.

La patronal del agua considera que es «muy importante definir con claridad los supuestos en que el impago está justificado«, lo que conllevaría la habilitación de las compañías para cortar el agua en caso de impago a las familias que no cumplan las condiciones de esa lista. AGA pretende que los usuarios deban cumplir tantas condiciones como para poder pedir la moratoria hipotecaria, que ha excluido al 90% de los afectados por la actual situación.

No tienen en cuenta las empresas del agua lo importante que para la salud pública y la contención de la pandemia son las medidas de limpieza doméstica y que el corte dejaría a muchos usuarios expuestos a la enfermedad y les convertiría en transmisores de la misma. Y sí están previendo, por el contrario, la posibilidad de indemnizaciones o rescates por parte del Estado para compensar el descenso de consumo que se está experimentando, sobre todo en zonas turísticas. Hay que conocer que las empresas del agua facturan en nuestro país una cantidad de 3.500 millones de euros por el suministro de un bien básico con precios en muchas ocasiones desmedidos y apoyados por dinero público en las infraestructuras.