El grupo empresarial al que pertenece la naviera Pullmantur anunció el pasado mes de junio que debido a la mala situación financiera entraba en concurso de acreedores. La quiebra podría dejar hasta 150.000 usuarios afectados al haber contratado viajes con la empresa.
Las normativas española y europea obligan a las empresas que ofrezcan viajes combinados a disponer de garantías suficientes para la protección de los usuarios en este tipo de circunstancias, ya que los afectados tienen derecho a solicitar el reembolso de los viajes que hayan pagado si finalmente no van a poder realizarse -debido a la quiebra-. Por ello FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid -Pullmantur tiene su sede en ésta comunidad- para solicitarle que confirme que la empresa de viajes en crucero Pullmantur dispone de garantías suficientes para cubrir los posibles reembolsos a los que tenga que hacer frente tras el anuncio de su quiebra.
La empresa ha asegurado de que dispone de garantías de protección frente a la insolvencia constituidas con la empresa Accredited Insurance (Europe) LTD -con domicilio social en Malta. Lo que no ha informado es si son suficientes ante la gran cantidad de viajeros damnificados y si están actualizadas ante los problemas financieros que la empresa arrastraba desde el pasado año.
Este desconocimiento pone en evidencia la necesidad de que las asociaciones de consumidores y los propios usuarios puedan tener acceso a dicha información para garantizar la protección de los derechos que les asisten y el acceso a la protección frente a la insolvencia.
La Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid debe confirmar e informar sobre las condiciones concretas de dichas garantías, a la vez que debe habilitar un procedimiento para asegurar que los usuarios dispongan de una vía de acceso fácil que les permita ejercer su derecho al reembolso y adoptar todas medidas que pudieran llevarse a cabo en caso de que detecte algún incumplimiento por parte de la empresa.
La situación de la empresa se ha agravado de forma considerable por la crisis del Covid-19 que ha obligado al Gobierno a mantener la prohibición de entrada a España de los buques de pasaje tipo crucero procedentes de cualquier puerto hasta la finalización de la situación de crisis sanitaria, al considerar que es «una medida proporcionada, objetiva y no discriminatoria, y que está en línea con el objetivo establecido por el Comité de Emergencias de la OMS de interrumpir la propagación del virus».
