El Gobierno ha aprobado la extensión de la moratoria en el pago de hipotecas a los créditos y préstamos no hipotecarios. Se trata de una de las medidas planteadas por la asociación Facua al Ministerio de Consumo y la Vicepresidencia social para garantizar la protección de los usuarios en el estado de alarma.

La moratoria se ha incorporado al Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19. Las características de la moratoria, las condiciones que deberán cumplir los beneficiarios y el procedimiento para solicitarla están recogidos en los artículos 16, 17 y 18 del Real Decreto.

Si no logran reunir toda la documentación que se requiere, bastará con que los solicitantes declaren cumplir los requisitos mediante la firma de una declaración responsable y aportarán lo que falte a la entidad financiera tras la finalización del estado de alarma. Este procedimiento, que se aplicará igualmente a la moratoria en las hipotecas, es el resultado de la imposibilidad de acceder ahora a determinados documentos por no disponer de ellos en casa  o no poder solicitarlos telemáticamente a las distintas administraciones públicas.

Por otro lado hay que señalar que el Gobierno ha cedido ante la Banca para que deban cumplirse los cuatro requisitos de vulnerabilidad económica dispuestos en el Real Decreto. La medida limitará de forma considerable el número de beneficiarios de las moratorias en el pago de hipotecas, créditos y préstamos no hipotecarios.  Desde diferentes asociaciones de consumidores y afectados por las hipotecas, se había pedido que se definiese que sólo habría que reunir uno de los supuestos, pero finalmente serán los cuatro como ya habían definido todas las instituciones financieras.