Han pasado 4 años desde la promulgación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre para que todos los edificios fueran completamente accesibles a las personas con discapacidad; el plazo expira el día 4 de diciembre próximo y muchas administraciones continúan con los deberes pendientes. A lo que parece no se han tomado la cuestión muy en serio.
A falta de un mes para que expire el plazo, no existe posibilidad alguna de que las diferentes administraciones cumplan, en su conjunto, el mandato de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad. FACUA, que ha denunciado la situación existente, cree en que cuatro años, desde la aprobación de la Ley y hasta la finalización del plazo previsto en su Disposición Transitoria Tercera, se debería haber hecho mucho más por acabar con las barreras arquitectónicas de lo que realmente se ha hecho, a la vista de la cantidad de barreras que aún existen en casi todas las ciudades.
El principal objetivo de la norma era conseguir que todas las edificaciones contaran con la condición indispensable de accesibilidad universal, interviniendo no sólo en los edificios, sino también en los entornos. Y ese objetivo está muy lejos de haberse conseguido. FACUA, en este sentido, denuncia la falta de sensibilidad que han mostrado algunos gobernantes hacia las personas con discapacidad.
El artículo 1 de la norma señala que esta ley tiene por objeto «garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España».
Por la situación existente a un mes de que expire el plazo, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ha convocado concentraciones el martes 7 de noviembre, de manera simultánea en un total de 35 ciudades españolas a partir de las 11 de la mañana.
El objetivo de la movilización es poner en conocimiento de la sociedad los problemas que supone no tener garantizada la accesibilidad universal y reivindicar la puesta en marcha de medidas urgentes para eliminar las muchas barreras arquitectónicas que aún hoy existen, y que vulneran los derechos y las libertades de las personas con discapacidad, al no permitirles tener una vida independiente.
Dentro del contexto de la accesibilidad en nuestras ciudades, es esencial garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidades. En muchas ciudades, como Castellón, nos enfrentamos a desafíos relacionados con la falta de acceso a edificios y espacios públicos. Una solución clave para abordar este problema es la instalación de ascensores, tanto en Castellón como en otras áreas urbanas de gran envergadura. Estos ascensores desempeñan un papel fundamental al brindar una mayor inclusión y movilidad a las personas con discapacidad, permitiéndoles participar plenamente en la vida de la ciudad. Es esencial que trabajemos juntos para transformar nuestros entornos en lugares más accesibles y acogedores, donde todos puedan disfrutar de sus derechos de manera equitativa.