La reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de enmendar la decisión del Tribunal Supremo de España, considerando que es el banco quien debe pagar los gastos hipotecarios, es tan sólo una más de las malas noticias que cosecha la banca desde hace unos meses. Y no es ajuste de cuentas sino Justicia. La Direcció General de Consum de la Conselleria de Salut de las Islas Baleares ha anunciado la imposición de multas de 24.000 euros por fraudes hipotecarios cometidos por las entidades financieras contra los consumidores en las islas.

La Administración balear ha iniciado dos expedientes sancionadores contra Bankia y otro contra Unión de Créditos Inmobiliarios por incluir cláusulas abusivas en hipotecas. En las resoluciones, el director general de Consumo, Felix Alonso Cantorné, anuncia que se han iniciado dichas acciones por «incluir en la escritura de préstamo hipotecario cláusulas declaradas como abusivas en detrimento del consumidor«, vulnerando así tanto el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley general para la Defensa de los Consumidores y Usuarios como la Ley 7/2014, de 23 de julio, de protección de las personas consumidoras y usuarias de las Illes Baleares, entre otras.

La Direcció General de Consum de la Conselleria de Salut ha considerado todas las infracciones como graves que, atendiendo a lo indicado en la Ley 7/2014, llevan aparejadas sanciones de «4.500,01 euros a 24.000 euros«. En los tres casos, la Direcció General de Consum ha resuelto imponer la cantidad máxima que fija la normativa para este tipo de infracciones «considerada la complejidad de los hechos«.

La organización de consumidores FACUA, en su labor de defensa de los derechos de los usuarios, había interpuesto las denuncias en nombre de sus socios contra las entidades ante el departamento balear como parte de los procesos de reclamación que mantenía abiertos. Así, la asociación indicaba que los préstamos hipotecarios contenían clausulas abusivas relacionadas con los gastos de constitución de la hipoteca y los intereses de demora, entre otros.

Ahora, las resoluciones de la Direcció General de Consum consideran «responsable de la presunta infracción descrita» a Bankia y a Unión de Créditos Inmobiliarios, en cada caso, y les obligan al pago de los 24.000 euros de multa. «La imposición de las sanciones pecuniarias se hará de manera que la comisión de las infracciones no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas«, recogen los escritos.

Siguiendo esta decisión de la Administración balear, que ha impuesto sanciones a las entidades financieras por vulnerar los derechos de los usuarios,  el resto de autoridades de consumo autonómicas deberán seguir su ejemplo y multar a los bancos cuando un usuario denuncia este tipo de infracciones.

La asociación viene reclamando a dichas autoridades de consumo autonómicas que sancionen por cada usuario que denuncie que no le devuelven cantidades de hipotecas por prácticas abusivas como cláusulas suelo, IRPH, intereses de demora abusivos o cobro de gastos de formalización. Si las comunidades autónomas aplicaran sistemáticamente estas multas, los bancos no obligarían a los usuarios a acudir a tribunales para recuperar el dinero.

El Ministerio de Consumo ya ha iniciado un procedimiento para poder asumir competencias sancionadoras, compartiéndolas con las comunidades autónomas, de manera que cuando se produzcan fraudes masivos sea el organismo del Gobierno de España el que incoe el expediente y no sea necesaria la apertura de diecisiete procedimientos a nivel autonómico para sancionar las irregularidades de manera proporcional a las dimensiones de las irregularidades y los beneficios ilícitos obtenidos.