El año está siendo malo para la banca, a la continuidad del bajo precio del dinero, con lo que sus comisiones por los préstamos también siguen bajas, parece que se ha abierto la veda y  que las actuaciones del TJUE, están teniendo reflejo en España. Así, el Ministerio de Consumo ha anunciado que coordinará a partir del próximo lunes 20 los expedientes sancionadores que las comunidades autónomas incoen contra la banca a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TJUE) que obliga a la devolución de los gastos hipotecarios de cláusulas abusivas. Nunca antes se había hecho algo parecido y la banca tenía un halo de inmunidad que se está disipando.

FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente la rápida reacción del ministerio de Alberto Garzón a la reivindicación que le trasladó este jueves después de que trascendiera la nueva sentencia del TJUE. Consumo carece de competencias sancionadoras ante prácticas contrarias a la legislación de defensa de los consumidores, que están exclusivamente en manos de las comunidades, pero puede coordinarlas e impulsar sus actuaciones.

En este sentido, la asociación viene reclamando un cambio en la normativa para que el Ministerio de Consumo pueda asumir competencias sancionadoras y las comparta con las comunidades autónomas, de manera que cuando se produzcan fraudes masivos sea el organismo del Gobierno de España el que incoe el expediente y no sea necesaria la apertura de diecisiete procedimientos a nivel autonómico para sancionar las irregularidades de manera proporcional a las dimensiones de las irregularidades y los beneficios ilícitos obtenidos.

En nota de prensa, Consumo indica que el objetivo de esta coordinación es «garantizar que las posibles sanciones alcancen a todas las prácticas de este tipo llevadas a cabo por las entidades financieras con implantación en todo el territorio del Estado«.

Además, y para reforzar la posición de los consumidores frente a las grandes empresas, el Parlamento Europeo y los Estados de la UE  han llegado a un acuerdo para conseguir que los ciudadanos europeos puedan unirse y presentar demandas colectivas contra empresas por servicios defectuosos, sin las trabas que a este tipo de denuncias ponen numerosos estados, entre ellos España y que logran que las grandes empresas campen a sus anchas. Las demandas colectivas podrán cubrir los campos económicos de protección de datos, servicios financieros, los viajes y el turismo, la energía y las telecomunicaciones. También el medio ambiente, la salud y los derechos de los pasajeros de avión y de tren

Consumo tiene previsto reunirse con las comunidades autónomas para iniciar las acciones de coordinación de los posibles procedimientos sancionadores.