La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado una propuesta de plan de urgencia, para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias. Ello es consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con las cláusulas suelo. La fecha de puesta en marcha del plan se prevé para el 1 de junio.
El órgano de gobierno de los jueces entiende, que el Real Decreto-Ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, solucionará por vía extrajudicial parte de los conflictos que se planteen, pero señala que las causas que vayan a los juzgados se unirán a las ya existentes sobre condiciones generales de la contratación y protección de consumidores y usuarios.
Un reparto masivo de este tipo de litigios a todos los órganos judiciales de la primera instancia civil, podría llegar a comprometer la capacidad de éstos para dar salida al resto de los asuntos de otra naturaleza, por lo que el CGPJ cree necesaria la adopción de medidas con carácter urgente, anticipándose a la previsible entrada de demandas.
Se pretende así que en el momento del registro y reparto de las mismas, ya estén establecidos los cauces para su atribución a unos órganos judiciales concretos.
La solución que contempla el Consejo General del Poder Judicial consiste en la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia, con competencia extendida a todo el territorio de la misma, que de manera exclusiva y no excluyente, conozca de la materia relativa a las acciones individuales, previstas en la legislación de condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios.
La especialización, se haría al amparo del artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que el CGPJ «podrá acordar de manera excepcional y por el tiempo que se determine, con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, que uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional, asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos».
La propuesta es especializar aquellos órganos que se ofrezcan voluntariamente y, en caso de ausencia de voluntarios o de que haya varios en la misma provincia, elegir al Juzgado que se encuentre en mejor situación.
La competencia debe ser exclusiva y no excluyente, porque de lo contrario se daría una respuesta eficaz a los litigios relacionados con las cláusulas suelo, pero se sobrecargaría al resto de los Juzgados de Primera Instancia con los asuntos de reparto general de los que quedaran excluidos los órganos especializados. El plan debe ir acompañado de medidas de refuerzo, adscribiendo al Juzgado especializado uno o varios Jueces de Adscripción Territorial (JAT) que recibirían formación específica sobre la materia, para reforzar sus conocimientos y garantizar menores tiempos de respuesta.
Entre las medidas de refuerzo que se plantean también figuran el nombramiento de letrados de la Administración de Justicia -antiguos secretarios judiciales- y de funcionarios por parte de las administraciones competentes, así como la asignación de medios materiales. La competencia territorial, que se extendería a toda la provincia, permitiría dar una respuesta idéntica en tiempo y contenido a todos los ciudadanos, con independencia de la localidad en la que residan.
El Consejo considera que el plan debería ponerse en marcha el próximo 1 de junio. De esta forma los juzgados especializados podrán asumir las demandas que se produzcan en el plazo previsto. Son los cuatro meses que suman los plazos establecidos en el Real Decreto-Ley 1/2017 para que las entidades de crédito adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus previsiones y para que el consumidor y la entidad lleguen a un acuerdo. En caso contrario se tendrá por concluido el procedimiento extrajudicial.
El CGPJ considera que las medidas propuestas contribuirían a aumentar la confianza del ciudadano en los tribunales, «al darle un servicio específico y eficaz frente a un problema que le acucia».
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