El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dará a conocer el próximo 3 de marzo la sentencia definitiva sobre la litigiosidad que ha rodeado en los últimos años a las hipotecas ligadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).

Según la misiva que han recibido las partes involucradas en el proceso judicial, publicada en redes sociales, la audiencia pública del tribunal para la lectura de la sentencia se celebrará en la sala de audiencias del TJUE el próximo 3 de marzo a las 09.00 horas.

La estafa del IRPH  comenzó con las rebaja continuadas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), iniciada en octubre de 2008, para afrontar la crisis económica y reactivar el consumo. Los afectados por el IRPH descubrieron que a ellos las cuotas de la hipoteca no les bajaban a la vez que el euríbor . Los descensos en las hipotecas IRPH se producían mucho más tarde y con mucha menor magnitud, haciendo evidente que el IRPH suponía un potente freno a las bajadas.  De hecho, durante los años más fuertes de la crisis, el IRPH ha estado siempre en torno a dos puntos por encima del Euríbor.

Los afectados y sus abogados estudiaron e investigaron con profundidad el índice IRPH y descubrieron que por su método de cálculo, el IRPH siempre se encontraría por encima del Euribor con un diferencial importante.

El pasado mes de septiembre, el abogado general de la institución judicial europea, Maciej Szpunar, declaró que el IRPH debía estar sometido a tutela judicial para saber si es abusivo o no, porque el mero hecho de que sea un índice oficial no lo hace necesariamente transparente.

El letrado polaco contradijo la doctrina del Tribunal Supremo, que lo avaló en 2017 y declaró que la referenciación de una hipoteca a un tipo oficial como el IRPH no implica falta de transparencia ni abusividad, posicionándose también en contra de las tesis de la banca española, que reconoce una exposición al IRPH de 18.000 millones.

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el IRPH, publicada el 14 de diciembre de 2017, aseguró que la mera referencia a un tipo o índice oficial no implica falta de transparencia o abusividad. Pero la existencia de un voto particular de uno de los magistrados, al que se unió otro de los jueces, en un sentido discrepante abrió la puerta a llevarla al TJUE. En el voto particular, el juez disconforme señaló que dada la complejidad del índice para la comprensibilidad del consumidor medio, el asesor bancario «debió realizar el plus de información que le era exigible acerca del alcance y funcionamiento concreto que dicho índice comportaba para las obligaciones financieras que iba a asumir el consumidor.»

 Aunque, las conclusiones de la Comisión Europea y el dictamen del Abogado General, no son vinculantes para la decisión que adopte el TJUE, en la mayoría de los casos, toma el mismo sentido. Pero el TJUE también puede dictar con criterio diferente. Además, la decisión del TJUE, puede ser interpretada por la justicia española a su manera, como ya ha hecho con la aplicación de la cláusula de vencimiento anticipado.