Hablábamos el pasado día de la importancia que en todos los aspectos de la vida tiene la perspectiva, que nos ayuda a entender lo relativo de las cosas y de las acciones. De lo relativo que es el robo descarado que a todos se nos ha hecho con los casos ERE y Gurtel, unos 725 millones a repartir entre chorizos y beneficiarios, si lo comparamos con los más de 100.000 millones de euros, entre rescate y cláusulas abusivas que nos han limpiado los bancos estos últimos años.

El problema es que no sólo la banca aprovecha su posición, sino que toda una caterva de empresas, herederas de lo que nunca se debió privatizar, nos estafan, roban, esquilman y sablean a voluntad. Eléctricas y energéticas, junto a operadoras de telefonía, ocupan, compitiendo con esa banca apaleada hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la zona alta del forúnculo que padecemos en nuestro país, con Consejos de Administración repletos de ex de la política.

Sin lugar a dudas son los bancos los que tacita a tacita, si obviamos el pelotazo del recate bancario, los que han frecuentado con mayor asiduidad, premeditación y alevosía la profundidad de nuestros bolsillos y cuentas bancarias. A lo largo de muchas décadas han ido consiguiendo de los políticos de toda época y laya, leyes beneficiosas, hechas a la medida de sus necesidades, con las que han robado, desde la legalidad así diseñada,  a todos los españoles. La más clamorosa, que además se les ha vuelto en su contra, la que consiguieron de Felipe González cuando no se traspusieron las leyes comunitarias en beneficio de los consumidores.

Pero sin perder mucho de vista su posición de liderazgo, eléctricas y operadoras de telefonía también logran, abusando de todos los consumidores, grandes beneficios que hacen palidecer de envidia a sus homónimas europeas. ¿Y cómo pueden conseguir estas prebendas y lucros a costa de todos nosotros? Conocemos la respuesta aunque no hagamos nada por solucionarlo: invirtiendo grandes sueldos en políticos jubilados o en excedencia; las conocidas “puertas giratorias”. El interés que despiertan estos políticos en las empresas radica en que pueden llevarse su influencia a sus nuevos puestos de trabajo y aportar su experiencia sobre el funcionamiento de las instituciones y del sector para beneficiar a sus nuevos jefes, que ahora son del bando contrario.

La última noticia al respecto saltaba hace unos días. Y es que nuestro siempre magnánimo – sólo con los elegidos-Tribunal Supremo ha confirmado la resolución de la Audiencia Nacional que reducía a 50.000 euros la multa inicial de cinco millones que a Telefónica impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por no atender las averías de otras operadoras que utilizaban su red. El truco para reducir la sanción al 1%, ha sido considerar que la infracción ha pasado de ser muy grave  a sólo leve. No creo que las otras compañías, a las que Telefónica acusó de “averías falsas” estén muy de acuerdo con el fallo del Supremo, aunque ellos solos bien se lamen.

Si grave es la situación en el sector de la telefonía, mucho más lo es en el energético. Un informe del Grupo de los Verdes ha detectado, tras una investigación en 13 países, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, España, Suecia y el Reino Unido, que hay 88 casos de puertas giratorias entre los ministros, asesores, reguladores y políticos. Por ello exige que se ponga en marcha una política estricta sobre conflictos de interés que evite la influencia desproporcionada del sector de los combustibles fósiles en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático.

El informe de Los Verdes asegura que en el caso de España, tenemos 13 altos cargos que trabajan o han trabajado para las empresas del sector de las energías fósiles. Entre los altos cargos “fichados” por las eléctricas españolas destacan los expresidentes del gobierno: José María Aznar (PP), que ejerció como “asesor externo” de Endesa (la principal empresa del sector y privatizada por Aznar) entre el 2010 y el 2015; y Felipe González (PSOE), que fue consejero de Gas Natural, desde el 2011 al 2015. ¿Entendemos ahora por qué pagamos una de las facturas más altas de Europa? ¿Y por qué cuando intentamos ahorrar en el consumo nos suben los costes fijos con la aquiescencia del Gobierno? ¿Se permite a los beneficiarios del subsidio de empleo tener otros trabajos?…pues eso.

La industria de los combustibles fósiles tiene un enorme interés económico en retrasar las acciones que deben realizarse para controlar el cambio climático y esta puerta giratoria entre la política y el lobby de las energéticas es muy peligrosa si queremos disminuir el calentamiento global. Las industrias del carbón, el petróleo y el gas no pueden seguir interfiriendo en los acuerdos que deben adoptarse. Y el objetivo de 1,5 grados más como máximo es difícil de conseguir.

Pero no son únicamente los Verdes los que denuncian la situación y tampoco es cierto que el sector energético sea el más afectado. Un informe del Observatorio Europeo de Corporaciones (CEO) denuncia que un tercio de los altos cargos y funcionarios del departamento que en la Comisión Europea regula el sector financiero, cruzaron la puerta giratoria entre el sector público y el privado. Y en concreto 19 de los 61 mayores responsables de la Dirección General para la Estabilidad Financiera, los Servicios Financieros y la Unión de Mercados de Capitales (DG FISMA) entraron y salieron de este departamento al sector privado durante los años posteriores al estallido de la crisis (2008-2017).

El mejor ejemplo es el del propio presidente de la institución entre 2004 y 2014, José Manuel Durao Barroso, que fichó por Goldman Sachs para hacer lobby ante las instituciones europeas. Junto a él, dos de los tres comisarios de Finanzas que ha tenido este organismo entre 2008 y 2017 también cruzaron la puerta giratoria para continuar su carrera en el sector privado, Charlie McCreevy y  Jonathan Hill. Este último tiene una larga trayectoria como lobista antes de ser comisario y en su carrera profesional ha cruzado la puerta giratoria hasta en cinco ocasiones.

La poco sospechosa Transparency Internacional también ha publicado un extenso informe sobre el avance imparable del problema de las puertas giratorias en Bruselas, analizando la carrera profesional de los 485 diputados del Parlamento Europeo que figuraban en la anterior legislatura y de los 27 Comisarios Europeos que trabajaron en el mandato anterior. El resultado es que el 30%  de los eurodiputados que han dejado la política trabajan ahora en empresas y organizaciones, como bufetes de abogados y estudios de comunicación,  inscritas en el Registro de Transparencia de la Unión Europea.

Se necesita un mayor control y un mayor periodo de tiempo entre que los políticos salen de sus puestos con la administración y se integran en las estructuras empresariales debiéndoseles impedir que vayan a militar al campo contrario del que cobraron como funcionarios públicos. Los países que de mejor forma se están enfrentando al problema son Francia y Canadá. Nuestro vecino ha creado un organismo que tiene como función vigilar todos los conflictos éticos que se puedan generar en el entorno político por puertas giratorias. Y lo está haciendo tan bien que un buen número de ministros han sido obligados a dimitir. Por su parte, Canadá, ha impuesto un período de distanciamiento de 5 años antes de entrar en el sector privado, pero también tienen una prohibición de por vida de cambiar de bando.

La situación en nuestro país ha llamado la atención del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, asegurando que España debe “mejorar su marco legal para evitar la corrupción” en las más altas instancias del Gobierno y, también, entre los que lo abandonan por medio de las puertas giratorias. Que carecen de los debidos controles y están muy bien aceitadas.

Invertir en puertas giratorias resulta muy rentable para las empresas, por muy elevados que sean los sueldos que se pagan a los ex, el retorno es rápido y elevado. El ejemplo de Telefónica, que consigue pasar una multa de 5 millones de euros a 50.000 es muy clarificante, pero está en la parte de abajo de la tabla de prebendas y logros. Lo más sustancioso son los acuerdos con la administración, las cláusulas en los contratos con los consumidores o la pérdida de sus derechos, la obtención de posiciones dominantes en los mercados, el trato de favor en las altas instancias judiciales o políticas, los decretos ley…los logros posibles obtenidos por estos conseguidores de lujo son múltiples y todos muy sustanciosos. El problema es que por lo general sus resultados económicos salen de nuestros bolsillos, ya sea como consumidores o contribuyentes. Es el triunfo de la Europa de las empresas frente a la Europa de las personas. Y eso no mola nada.

Eduardo Lizarraga

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