Más vale tarde que nunca y aunque no resarza de los daños, la sentencia reconoce la culpa del Popular en la venta de productos financieros poco claros. Por fin la Audiencia Nacional ratifica y  confirma la multa de un millón de euros que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) impuso en 2015 a Banco Popular, ahora propiedad de Banco Santander, por la comisión de una infracción «muy grave» en la venta de productos financieros entre 2009 y 2011.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha ratificado la sanción impuesta por el organismo por haber incurrido la entidad bancaria en irregularidades en la comercialización de bonos subordinados, deuda subordinada y depósitos estructurados.

Así, la sentencia confirma los dos argumentos en los que se basó la CNMV para imponer la multa. El primero, relativo a las deficiencias detectadas por el organismo en cuanto al llamado test de conveniencia, un instrumento que evalúa los conocimientos y la experiencia sobre los mercados financieros del inversor para determinar si está en disposición de contratar los productos. Según el tribunal, «el banco aplicó una evaluación de la conveniencia claramente sesgada» que «minimizaba o restringía, o incluso eliminaba los supuestos en los que debía concluirse una falta de adecuación de la operación«.

El segundo argumento consistía en que había detectado que «en una parte significativa de las operaciones no se acreditaba la realización de las oportunas advertencias de que el producto no era adecuado«.

En concreto, según la sentencia, se incumplieron dichos preceptos en el 37% de las operaciones calificadas como «convenientes» tramitadas en la emisión de bonos subordinados, en el 1% de las operaciones «convenientes» relativas a la emisión de deuda subordinada calificadas y en el 30% de los depósitos estructurados.

La Audiencia Nacional señala en la sentencia que «no se trata de un incumplimiento ocasional o aislado del volumen de operaciones afectadas. Lo que se reprocha a la entidad es la existencia de deficiencias metodológicas en los cuestionarios de conveniencia. No se imputa que no se realizara el test, sino cómo se valoró esta información. No se podía saber si el cliente tenía una experiencia previa en determinados productos complejos«.

Por su parte Banco Popular se opuso a la sanción alegando que había sido dictada «en un expediente caducado» y que debería haber sido calificada de «leve» por «tratarse de la infracción de una norma reglamentaria y no del precepto legal«, argumentos que el tribunal ahora ha desestimado al confirmar la multa.

Una vez más los juzgados dan la razón a muchos afectados, a los que se vendieron productos financieros complejos, sin la información suficiente a personas sin suficientes conocimientos económicos. Pero el procedimiento de multa, que llega a su fin diez años después de perpetrados los abusos, no resarce a los damnificados ni castiga a los culpables que ya obtuvieron su beneficio. De esta forma seguiremos contemplando casos similares porque ni se impiden esas actuaciones en el momento, ni se castiga a los inductores de los abusos.