El banco Sabadell ha recurrido al Supremo la reciente sentencia de la macrodemanda de cláusulas suelo ganada por la asociación ADICAE  y que declaraba la nulidad por abusivas de este tipo de cláusulas de la gran mayoría de los bancos y ordenada la devolución íntegra de las cantidades. De esta forma la banca continúa retrasando la resolución de la estafa de las cláusulas suelo con centenares de miles de afectados y que ADICAE ya ganó en dos instancias judiciales de forma clara y contundente

La asociación de usuarios de banca y seguros considera incomprensible la actitud de algunos bancos que tan solo «persigue ganar tiempo y mantener todo lo posible el fraude sobre miles de consumidores». La gran mayoría de las entidades condenadas a devolver lo indebidamente cobrado, ha apostado por empecinarse y alargar y enredar el proceso que empezó en 2010 todo lo posible con aclaraciones y testimonios de sentencia, el paso previo al recurso de casación ante el Supremo.

Para la asociación, las entidades pierden una magnifica ocasión, campañas de lavado de imagen al margen,  para mandar un mensaje a la sociedad y cambiar su relación con la clientela, y así compensar a las familias afectadas que llevan esperando nueve años a ver resarcidos sus daños económicos y morales.

“La banca española va a perder en el Supremo y tendrá que pagar los intereses. Esto solo quiere decir una cosa, que la banca española está muy mal y necesita defraudar a los clientes para mantenerse. Solo puede explicarse así su empecinamiento”, explica Manuel Pardos, presidente de ADICAE.

La intención de recurrir al Supremo, que ya declaró nulas por falta de transparencia las cláusulas suelo en 2013 y posteriormente ratificadas por el TJUE y de forma retroactiva, indica que el Sabadell en particular y la banca en general, continúan manteniendo una posición de desprecio hacia los usuarios y de intentar mantener sus antiguas prebendas.

Esta constantes actuaciones del Sabadell que han llevado a la entidad a ocupar el ránking de los peores bancos en los últimos años.

La estrategia de las entidades pasa por desacreditar la acción colectiva, desincentivar las reclamaciones de los centenares de miles de consumidores que todavía no lo han hecho y fomentar arbitrajes fraudulentos, como la solución extrajudicial que actualmente está en vigor y que únicamente persigue dejar de pagar por sus desmanes.