El Gobierno ha tenido que rectificar la decisión del Ministerio de Fomento de no conceder nuevas ayudas para los préstamos para vivienda protegida, ni renovar las que existían. Todo ello tras la recomendación del Defensor del Pueblo en ese sentido y ante las sentencias judiciales que han fallado en su contra.

De modo que finalmente el Ejecutivo tendrá que aceptar las solicitudes de renovación de préstamos subsidiados para vivienda protegida que se presentaron hasta junio del año pasado. Se calcula que al menos 300.000 familias reciben una ayuda de entre 1.100 y 1.300 euros al año para cubrir gastos financieros de su hipoteca. Los préstamos subsidiados son una ayuda del Estado contemplada en los diferentes planes de vivienda que, previo convenio con las entidades financieras, descargaba del pago de los intereses por la cuota de compra o rehabilitación de la vivienda de protección oficial, siempre que se cumplan unos niveles de ingresos económicos familiares máximos.

El Defensor del Pueblo había recomendado al Gobierno que revisara el criterio interpretativo con el que se estaba aplicando el decreto ley de Fomento de la Competitividad, que en su artículo 35 estipulaba que desde el 15 de julio de 2012 quedarían suprimidas las ayudas de subsidiación de préstamos incluidas en el Plan de Vivienda 2009-12. El Ministerio señalaba en los criterios interpretativos del decreto que envió a las comunidades autónomas que debían denegar las prórrogas de ayudas que se vinieran cobrando, independientemente del plan al que pertenecieran.Posteriormente, en junio de 2013, el Gobierno aprobó la Ley de Fomento del Alquiler, en la que insiste en no admitir nuevos reconocimientos de ayudas pero sí mantiene las que ya se estuvieran percibiendo y las que estuvieran reconocidas antes del decreto ley, siempre y cuando se formalizaran en un máximo de dos meses.Por eso, el Defensor del Pueblo pedía al Ejecutivo que abonara las ayudas pendientes entre el 14 de julio de 2012 y el 4 de junio de 2013, y que diera instrucciones a las comunidades autónomas para que revisaran de oficio todas las solicitudes que hubieran denegado entre esas fechas.

Aunque en un primer momento el Gobierno aseguró que no habría ningún cambio a este respecto, ha tenido que cambiar de parecer. En ese sentido, ha reconocido en el Parlamento, que en los próximos días remitirá un escrito a todas las comunidades autónomas informándoles de un cambio de criterio en la interpretación de la normativa, y sobre los pasos a seguir en los distintos supuestos que se han generado.

Esta decisión, un tanto forzada, se deriva del informe que el Ministerio solicitó al Servicio Jurídico del Estado sobre la procedencia o no de cambio en la aplicación de la normativa. Todo ello fue a resultas de las primeras sentencias de los tribunales de Justicia, contrarias a Fomento. La Abogacía General reconoció que hay razones que aconsejan la revisión del cambio del criterio aplicado por el Ministerio de Fomento. Ante este informe y las sentencias judiciales, el Gobierno reconoce que el Ministerio que dirige Ana Pastor ha decidido adoptar el cambio de criterio en dicho precepto.

Y es que para los afectados la decisión del Ejecutivo de cancelar estas ayudas con carácter retroactivo era inconstitucional, tal y como hicieron saber a Soledad Becerril y a todos sus homólogos autonómicos. De hecho Castilla y León y Extremadura –ambas gobernadas por el PP–»ya han revocado de oficio todas las denegaciones.