No solo es la UGT quien anda aprovechándose del dinero público en Andalucía, la juez de Instrucción de Sevilla Patricia Fernández ha citado a declarar el próximo marzo como imputado al presidente saliente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero. Además a la cúpula de la organización, denunciada por presunta estafa en la construcción de unas viviendas de VPO en Sevilla con subvenciones de la Junta. Entre los citados se encuentran también el secretario general de la CEA, Antonio Carrillo, y el vicepresidente, Juan Miguel Salas Tornero.

Pero no sólo es a la cúpula de la CEA a quien imputa la jueza, sino que también lo hace con Juan Manuel Sanz Martín y Antonio González Lara, responsables de la empresa Dolmen, y a Alejandro Cotta de Torres, Antonio Ibáñez García y Francisco Ramas Varo, apoderados de otras empresas que intervinieron en la promoción.

La juez reclama a la Consejería de Fomento el expediente de concesión de una ayuda de 1.749.000 euros a la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, dependiente de la CEA para la construcción de los pisos y el convenio de colaboración suscrito entre ambos.

El procedimiento que ha iniciado la juez se refiere a una promoción de 583 viviendas de VPO en la barriada de Sevilla Este que ha sido objeto de dos denuncias: la procedente de una decena de constructores afectados, que ha correspondido al juzgado de instrucción 3, y otra presentada a finales de agosto ante la Fiscalía de Sevilla por parte de la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB0).

Esta segunda denuncia fue realizada por la SAREB como acreedor del préstamo de unos cincuenta millones concedido por Caja Madrid (ahora Bankia) en el 2007 para la promoción de dichas viviendas.

Por su parte, los contratistas acusan a los promotores de las viviendas de una presunta estafa de 591.000 euros por una deuda que se habría producido por trabajos que hicieron y no cobraron.