El país se ha acostumbrado a vivir de lo público y tonto el que no se apunte. Y al parecer las grandes consultoras no se han quedado a la zaga en eso de repartirse el dinero de todos que, la ceguera interesada o inocente de los censores públicos ha propiciado, al menos hasta ahora.  La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto sancionar con 47 millones de euros a 22 consultoras de servicios por repartirse contratos públicos mediante ofertas falsas.

Según la investigación de la CNMC, las empresas funcionaron como un cártel durante al menos diez años para conseguir adjudicaciones de las administraciones públicas y dejar fuera de juego a otros competidores. Entre las consultoras se encuentran tres de las grandes: Deloitte, PwC y KPMG, a las que Competencia propone sancionar con 17,2, 10,4 y 10.2 millones de euros, respectivamente.

El informe de la CNMC recoge que las firmas se hacían favores mutuos al presentar ofertas simuladas con las que conseguían hacerse con los contratos por encima de otras empresas del sector. Además de “manipular las licitaciones de forma sostenida en el tiempo”, lograron “mantener los precios altos de forma anticompetitiva”

La investigación de Competencia, según ha publicado El País, revela que las consultoras “se ofrecía a preparar la oferta de sus competidores, que únicamente tendrían que estampar su firma y membrete» y enviarla a la administración correspondiente. Estas ofertas solían ser más sencillas y con un precio más elevado.

La CNMC indica que los directivos de las empresas eran conscientes de esta situación, que se produjo entre, al menos, 2008 y 2018, tal y como muestran correos electrónicos intercambiados por los mismos. Tras las primeras inspecciones de los organismos de control, las firmas cambiaron su forma de actuar para evitar levantar más sospechas. “He estado mirando la propuesta y, tal como está, no la voy a enviar. Se tiene que notar que de verdad vamos a por el concurso. A partir de ahora, las coberturas hay que hacerlas muy bien, como si fuéramos a ganar”, señala uno de estos correos.

Competencia ha detectado la existencia de dos entramados: uno que operaba en el norte de España -con adjudicaciones en País Vasco, La Rioja, Cantabria y Galicia, entre otras- y en la que participaron PwC y Deloitte. La segunda se extendía por todo el territorio nacional. Muchas de las empresas participaban en ambas redes de forma puntual, y dependía de cuestiones como las relaciones entre sus directivos o la cercanía de las consultoras.

Los correos que aparecen en el informe de la CNMC revelan que el intercambio de favores era muy común: «Te llamaba porque quería pedirte una oferta de cobertura. Es para un negociado en el que ya estamos trabajando«, pidió un directivo de la empresa Uliker a otro de PA Consulting, que también se había prestado como apoyo para KPMG en Asturias. Posteriormente, en marzo de 2018, KPMG pidió ayuda a PA Consulting para una licitación en la Diputación Foral de Bizkaia.

El deterioro de la moralidad y la ética que vive nuestro país es evidente y una gran parte de la responsabilidad, por no decir toda, reside en los políticos que con ceguera manifiesta elegimos cada año. Basta recordar aquel que dijo «Yo estoy en política para hacer dinero» y siguió ocupamdo cargos públicos apoyado por su partido hasta que la suerte se acabó y se vio envuelto en varios asuntos de evasión de impuestos, blanqueo de capitales y prevaricación. ¡A ver si nos ponemos las pilas!