Aunque hace ya algo más de dos meses que en España entró en vigor una directiva europea destinada a acabar con la morosidad de las administraciones públicas, la realidad es que la situación ha vuelto a empeorar. La normativa comunitaria, de obligado cumplimiento para todos los países, obliga a las instituciones públicas a pagar a sus proveedores con un límite máximo de 30 días naturales desde la recepción de la factura. Dos meses después de la aplicación de la normativa comunitaria puede asegurarse, a la vista de los datos publicados, que la situación para los trabajadores autónomos españoles no ha mejorado, sino todo lo contrario.

 

La puesta en marcha del Plan de Pago a Proveedores logró saldar  deudas por un importe de 27.000 millones de euros hasta enero de 2011. Pero fue un breve espejismo y en 2012 la deuda se volvió a disparar. En estos momentos las distintas administraciones adeudan unos 4.839 millones de euros al colectivo de trabajadores por cuenta ajena, lo que significan 28 millones más que la registrada hace tres meses.

 

Es decir, que a pesar de la entrada en vigor de la directiva europea, el colectivo de autónomos denuncia que en el último trimestre el plazo de pago no sólo no ha descendido, sino que ha aumentado, pasando el plazo medio de pago de los 148 días a los 151.

 

Los crecientes retrasos en el pago a proveedores suponen un ahogo más para las empresas españolas, que han visto además reducidos sus volúmenes de negocio y beneficios y su acceso al crédito. En este contexto, cientos de empresas echan el cierre cada día por culpa de las facturas impagadas de la administración, tal como denuncia la Asociación de Trabajadores Autónomos ( ATA). Muchos de los parados se deben a la morosidad de las administraciones.

 

En España hay, actualmente, algo más de tres millones de autónomos. A pesar de la fuerte destrucción de empleo registrada en el sector, las cifras se han mantenido más o menos estables por la entrada constante de nuevos afiliados al régimen de autónomos de la Seguridad Social. Solo en abril se añadieron casi 12.000 nuevos empleados por cuenta propia, según los últimos datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Los EREs de muchas grandes empresas son el origen  de estas cifras.

 

Tal como constata el informe hecho público esta semana por la Asociación de Trabajadores Autónomos, los plazos de pago varían según el tipo de administración. Así, el Estado es el menos moros, con un plazo medio de pago de 49 días (frente a los 30 días de plazo legal máximo). Tras el Gobierno central, las comunidades autónomas (145 días de media) y los ayuntamientos (157) son las instituciones con mayores retrasos en el abono de sus facturas.

 

Las comunidades menos morosas, Navarra y País Vasco, superan en apenas 8 días el plazo máximo de 30 días. En el lado contrario Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía son las comunidades que más tardan en pagar en todo el territorio nacional: la media de pago a los autónomos y pymes catalanas se extiende hasta los 155 días, y hasta los 153 en el caso de valencianos y andaluces.

 

Alargar los plazos de cobro más allá de lo legal no es una mala costumbre de los poderes públicos, si bien sí que ostentan las peores marcas. Las empresas privadas,  también superan en un 50% el límite legal: la ley las obliga a no superar los 60 días, pero la media se sitúa ahora en los 89 días, y asciende hasta los 134 días en el caso de las empresas de más de 1.000 trabajadores.

 

El colectivo de autónomos propone una serie de medidas rápidas para rebajar el problema de los retrasos en los cobros. Así, apuestan por que cualquier empresario con dificultades para cobrar una factura de una institución pública pueda acudir directamente a Hacienda a percibirla y que luego se arreglen entre ellos. O bien descontar las deudas de las administraciones de los impuestos que tengan que pagar a Hacienda. Y en cuanto a las empresas, piden que se les aplique la misma norma que tienen cuando tienen deudas con Hacienda, y es que tampoco puedan contratar con ninguna administración si mantienen deudas con el sector privado.