Como no podía ser menos en este país de pícaros y aprovechados, ya se están registrando numerosos fraudes con los ERTE. Y por ello el Gobierno incluyó este pasado martes, en el decreto que aprobó el Consejo de Ministros, un refuerzo de los mecanismos de control y sanción a las empresas que presenten ERTE falseados. Concretamente, la norma (Boletín Oficial del Estado) determina las sanciones que se impondrán a las empresas que presenten solicitudes falsas o datos incorrectos.

Así, en su disposición final tercera, el real decreto aprobado el pasado martes considera una infracción “muy grave” en materia de Seguridad Social “efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores/as o con las demás personas beneficiarias para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones”.

Hay un endurecimiento sustancial. Con la anterior redacción, donde ahora basta con facilitar  datos inexactos para que se considere infracción muy grave, antes se exigía nada menos que «el falseamiento de documentos».

Según la ley reformada ahora por decreto, esta infracción “muy grave” lleva aparejadas multas que en su grado máximo van desde 100.006 a 187.515 euros. En este supuesto de infracciones muy graves, se entiende que la empresa incurre en una infracción por cada una de las personas trabajadoras que hayan solicitado, obtenido o disfruten fraudulentamente de las prestaciones de Seguridad Social, que en el caso de los ERTE son las prestaciones por desempleo que reciben los trabajadores y las exoneraciones del pago de cotizaciones a la Seguridad Social.

Asimismo se establece una responsabilidad empresarial que implica la devolución, por parte de la empresa, de las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores y trabajadoras, cuando no medie culpa de dichos empleados.

También se modifica la regulación de la prescripción. Así, el periodo de vigencia del estado de alarma y de sus prórrogas «no computará a efectos de los plazos de duración de las actuaciones comprobatorias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social». Además, mientras se mantenga la situación actual, «quedan suspendidos los plazos de prescripción de las acciones para exigir responsabilidades en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa de orden social y de Seguridad Social».