El esfuerzo económico de Europa para superar la crisis sanitaria es un hecho histórico. A España, uno de los países más perjudicados, le han correspondido 140.000 millones, 73.000 de ellos en modo de subsidios directos, un montante al que podrá acceder durante los próximos seis años.
Es el equivalente a un 11% del PIB español. No alcanza a sufragar lo que las previsiones dictan que será el agujero del coronavirus en nuestras cuentas ya sólo para este 2020, pero es una cuantía muy sustanciosa. Hemos acabado con uno de los mejores escenarios de los que podían salir.
Pero la ayuda europea no es un cheque en blanco, y deberemos cometer reformas. En el acuerdo alcanzado se fija un “mecanismo de freno si algún Estado no está aplicando las reformas estructurales necesarias para recibir los fondos a gusto de los 27.
Reforma de las pensiones
Si no el mayor, uno de nuestros principales problemas presupuestarios. Esta partida supone ya un 10.7% de nuestro PIB, y, con el bajón productivo del coronavirus, la proporción sobre el PIB no va a parar de crecer, triplicando el déficit que dejaron en las arcas públicas el año pasado después de que hayamos finiquitado la hucha. La CE se muestra especialmente preocupada porque el Gobierno de Sánchez, lejos de proponer un ajuste, ha afirmado que vinculará las pensiones al IPC y lo desvinculará de los cambios en la esperanza de vida.
Mantenimiento de la última reforma laboral
Otra de las mayores preocupaciones para nuestros socios europeos. En vez de mantener esta reforma, “la cual es sabido que favoreció una fuerte creación de empleo durante la recuperación”, según dice el informe de la Comisión, el Gobierno ha dicho que la derogará.
Reducción de la temporalidad en el empleo
Europa mira con preocupación la elevadísima tasa de temporalidad de nuestro mercado laboral, en el que el 26% de los trabajadores tiene un contrato de este tipo (la tasa más alta de toda la UE), incluso en sectores donde hay una escasa estacionalidad. Se trata de una de las principales “rémoras para el crecimiento de la productividad” de nuestro país, y los subsidios al empleo no están ayudando a paliar esto. Se trata, entonces, de disminuir este tipo de contrataciones, de cambiar el modelo productivo o un poco de ambas cosas. Todo ello aunque a muchos empresarios no les guste eliminar estos contratos basura.
Productividad y justicia social
España no tiene inversión pública o privada en i+d+i, nos dice la Unión Europea, lo que también potencia ese bajo rendimiento. Que tiene también que ver, a su vez, con la falta de capacidades técnicas de nuestros trabajadores, algo que va unido al fracaso escolar. Tampoco les gusta nuestra escasa digitalización, las enormes desigualdades que se dan entre Comunidades Autónomas y la excesiva pobreza sobre todo entre los niños (nos piden, entre otras cosas, más subsidios para una redistribución de la riqueza y un mayor éxito en la obtención de ayudas).
Mejores trenes
Las interconexiones de ferrocarriles en España y el abandono de líneas de medio y largo recorrido, perjudicadas por el desarrollo del AVE, nos llevan a ser uno de los países que menos emplea estas redes para el transporte de mercancías frente al excesivo uso de camiones por carreteras, lo que no encaja bien con los planes medioambientales del futuro. También perjudica a la movilidad entre regiones y con la misma Europa. Además deberá potenciarse el transporte de energía, que permita sacar de nuestro país “al menos el 15 % de la electricidad” producida en nuestras centrales eléctricas a los países vecinos antes de 2030.
Rebajar las emisiones de CO2
Como sabemos, uno de los pilares que Europa ha decidido potenciar a nivel estructural en el escenario post-Covid es la conversión medioambiental. Nuestro país, nos dicen, es uno de los más expuestos al cambio climático del continente, y por eso deberemos hacer mucho por mejorar la eficiencia energética, pero sobre todo mantenerse por debajo de los límites de emisiones de CO2. La CE nos viene a decir que nos sobran coches y carreteras.
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