El desastre turístico que se está viviendo en todo el mundo por las limitaciones al movimiento y el cierre de las actividades de ocio está afectando en mayor manera a los países con mayor dependencia del turismo. Y dentro de esa debácle el alquiler vacacional está siendo una de las actividades más perjudicadas. Tanto que miles de grandes y pequeños propietarios de viviendas en los centros de las ciudades, que más habían sufrido la especulación de los alquileres, están volviendo a poner sus propiedades en las bolsas de alquiler tradicional. La segunda ola se está mostrando mucho más definitiva que la primera.

Para aprovechar la situación y revertir las inmensas subidas que los alquileres de vivienda han experimentado en los últimos años por esta actividad turística, que no lo olvidemos, es lícita y duplica los ingresos a los propietarios, muchos ayuntamientos han decidido tomar la iniciativa.

Es el caso de Lisboa, que cuenta con una cartera de 20.000 apartamentos turísticos y cuyos alquileres tradicionales se han disparado un 60% en los últimos tres años hasta alcanzar una media de unos 1.500 euros mensuales. La iniciativa municipal ofrece a los propietarios de estos apartamentos turísticos, que quieran devolverlos al alquiler tradicional, la suma de 1.000 euros mensuales asegurados, con 36 mensualidades adelantados por el propio consistorio, a cambio te pide de garantizar el alquiler de la propiedad durante cinco años. Los servicios municipales se encargan de buscar a los inquilinos y realizar las gestiones pertinentes. El plan no está funcionando porque muchos propietarios, esperanzados con los resultados que pueda tener la vacunación y una rápida vuelta a la normalidad, se han decidido esperar y en su decisión también pesan los 2.000 euros que le sacan al mes a cada apartamento vacacional. Así, las solicitudes para integrarse en la oferta municipal no llegan a las 200 a primeros de septiembre.

En Barcelona también el Ayuntamiento ha decidido actuar y puesto en contacto con la patronal de los pisos turísticos, Apartur, se ha comprometido a ofrecer a los propietarios hasta 1.200 euros mensuales para el próximo año o hasta tres años. Dinero fijo y seguro que se ofrecía a los casi 10.000 alojamientos registrados en la ciudad para poder poner en marcha un alquiler social. El resultado no puede calificarse de otra manera que de completo  fracaso si tenemos en cuenta que tan sólo 22 propietarios, un 0,2%,  se han decidido a aceptar la oferta municipal.  Ante un desplome superior al 70% de la actividad muchos propietarios han decidido pasar al alquiler tradicional pero no al social y otros han optado por trampear la ley de arrendamientos, firmando contratos de alquiler inferiores a los 11 meses, pudiendo además subir los precios el año próximo.

La situación en la península no es única en Europa y así muchas ciudades han decidido intervenir ante el desmesurado incremento de los precios del alquiler, producido entre otros motivos por la oferta de vivienda turística. Por ejemplo, Amsterdam ha prohibido los alquileres vacacionales en el casco antiguo. Toronto ya ha empezado a obligar a hacer registros de visitantes, un primer paso para el cumplimiento de ordenanzas y limitaciones de precios. Venecia ha llegado a acuerdos para reconvertir pisos turísticos en oferta para universitarios, y Reino Unido facilitó 3.300 viviendas a personas sin medios en lo más duro de los confinamientos.
En París se va a intentar adquirir la máxima cantidad posible de vivienda turística en el centro de la ciudad, ahora totalmente paralizado por el coronavirus, para recolocarla en el mercado de alquiler social a un precio al menos un 20% inferior al precio de mercado, con la intención de hacer bajar el precio de los alquileres la zona.
Todas las propuestas municipales europeas para controlar los alquileres turísticos, que estaban encontrando una fuerte contestación y amenazas de acciones judiciales, tanto de las plataformas de alquiler vacacional, como de las asociaciones de propietarios, se han visto respaldadas por una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. En ella confirma que limitar los alquileres se trata de una medida “de razón imperiosa de interés público” debido a que la escasez de oferta en las ciudades justifica la regulación.