La crisis económica causada por el Covid-19 se mantiene confinada por el verano, la playa, la cerveza y los ERTES hasta el 30 de septiembre, pero cuando llegue, lo hará con extrema crudeza. Y uno de los puntos importantes son los suministros del hogar. Miles de familias están acumulando una deuda millonaria con las compañías eléctricas o las del agua y el gas, como consecuencia del parón de la actividad económica por la pandemia de coronavirus: el escudo social y su reciente prórroga vetan los cortes de estos suministros esenciales en las viviendas principales por impago hasta septiembre, pero sin que esos débitos queden saldados. La pregunta de qué pasará luego, cuando el verano de paso al otoño y luego al invierno, se mantiene de momento sin respuesta.

El decreto que prorroga el escudo social, publicado el pasado miércoles 8 en el BOE, establece que » hasta el 30 de septiembre de 2020, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual» y que, como ocurrió durante el estado de alarma, ese tiempo «no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago».

Y de momento no existe una respuesta para el día después, cuando el suministro pueda cortarse por impago. Serán las operadoras de estos servicios las que deban gestionar los cobros y facilitar plazos a las familias afectadas si lo tienen a bien. Porque nadie les va a obligar a hacerlo.

En una situación normal los cortes del suministro eléctrico alcanzan la cifra de unos 13.000 afectados por mes,  es decir, poco más de 156.000 al año. Pero no hay estimaciones fiables de lo que puede suceder a partir del momento en que toque volver a pagar de nuevo y se mantenga la fuerte caída de las rentas más débiles afectadas por la crisis del Covid-19.