Con los tiempos a los que nos tiene acostumbrados la Justicia española, pero inevitable, como siempre, la Audiencia Nacional ha llamado a declarar a un representante de Iberdrola.  En la causa se investiga a la eléctrica por un presunto delito contra el mercado y los consumidores en 2013, cuando paralizó el funcionamiento de varias centrales hidráulicas para inflar el precio de la electricidad.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado al primer responsable de Iberdrola para que declare, tras aceptar este juez en mayo pasado la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción interpuso contra la compañía por el tarifazoeléctrico de 2013. FACUA-Consumidores en Acción ejerce la acusación particular en la causa.

El representante de la compañía citado por el juez es Francisco de Borja García Ruiz, directivo del área jurídica de Iberdrola, que no está imputado en el caso, y que comparece como representante de Iberdrola Generación España, la filial contra la que iba dirigida la denuncia de Anticorrupción. García Ruiz trabajaba en 2013 en los servicios jurídicos del área de Desarrollo Corporativo de la eléctrica y es el actual secretario del consejo de administración de Iberdrola Ingeniería.

El juez Ismael Moreno declaró hace unas semanas la complejidad de la causa contra Iberdrola Generación, con lo que se amplió a 18 meses el plazo de la instrucción. Anticorrupción denunció a Iberdrola al considerar que ésta cometió un delito contra el mercado y los consumidores en 2013, cuando paró varias centrales para subir artificialmente el precio de la electricidad. Así lo puso de manifiesto el expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que multó a la empresa con 25 millones de euros.

El pasado 14 septiembre, el Ministerio Fiscal emitió un informe solicitando que se declarase compleja la instrucción de la causa, a los efectos de aplicación del plazo máximo de instrucción. El juez Moreno aceptaba la petición en un auto dictado el 3 de octubre. Las diligencias previas se incoaron el pasado 18 de abril y al declararse la complejidad de la causa, la instrucción podrá extenderse hasta octubre de 2018.

En diciembre de 2015, FACUA solicitó la Fiscalía General del Estado que investigase si Iberdrola había cometido el citado delito. La denuncia de la asociación fue derivada a la Fiscalía de Vizcaya, que en febrero de 2016 le comunicó que había decidido archivarla. Sin embargo, Anticorrupción abrió una investigación y consideró que el fraude cometido por la compañía podía encajar en la definición del delito contra el mercado y los consumidores tipificado en el artículo 281 del Código Penal.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como FACUA entienden que Iberdrola incurrió en una práctica delictiva con la paralización de sus centrales hidráulicas para elevar el coste de la energía comercializada en el mercado mayorista y, con ello, las tarifas para el usuario final. El Codigo Penal establece penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses para «el que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios o de perjudicar gravemente a los consumidores». ¿Meterán el logo de Iberdrola entre rejas?