Mientras que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estrecha el cerco sobre Iberdrola, a la que lleva tiempo investigando por sospechar que la compañía eléctrica manipuló los precios del mercado eléctrico en 2013, la eléctrica declara unos beneficios récord que consolidan la posición de Sánchez Galán. La UCO ha presentado dos nuevos informes en los que acusa a Iberdrola de cerrar intencionadamente sus embalses en el otoño de aquel año para encarecer los precios de producción de energía hidráulica y generar así un incremento de las tarifas.

Los informes de la UCO acreditan, según El Confidencial, que «el nivel que alcanzaron los precios durante las tres semanas en las que se concentraron las presuntas prácticas irregulares de Iberdrola —entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013— carecía de la lógica más elemental». Esta manipulación de los precios del mercado eléctrico afectó no sólo a los consumidores, sino también a las empresas comercializadoras, sobre todo, a aquellas que no pudieron repercutir la subida a sus clientes porque, en base a sus previsiones, habían pactado con antelación un precio muy inferior al que finalmente marcó el mercado.

Las pérdidas para las comercializadoras fueron de 31 millones de euros. La Audiencia Nacional investiga este caso, en concreto el récord que alcanzó el precio de la luz el 18 de diciembre de 2013, justo un día antes de que se celebrara la subasta en la que se debía fijar la tarifa que pagarían los pequeños consumidores durante los siguientes tres meses. El precios subió tanto que el Gobierno de Mariano Rajoy se vio obligado a suspender la subasta e intervenir el precio.

Mientras estas prácticas salen a la luz, Iberdrola declara un beneficio neto de 3.014 millones en 2018, lo que supone un crecimiento del 7,5% con respecto a 2017. Como resultado la cotización de la eléctrica sube un 1.30%.  El ebitda del grupo se situó en 9.349 millones de euros, un 27,7% más que en el ejercicio anterior, gracias al buen comportamiento de todos los negocios, cuyos resultados crecen a doble dígito.

Esta subida se traduce en una propuesta de incremento del dividendo, que deberá aprobar la junta general de accionistas, de 7,7% hasta 0,351 euros por acción. Y también la consolidación por otros cuatro años de Sánchez Galán al frente de un grupo que tan sólo valora los beneficios obtenidos, dejando de lado no sólo la ética y la moralidad sino, a juicio de las investigaciones de la UCO, también la Ley.