A pesar de manifestar en repetidas ocasiones que no iba a hablar de la “herencia recibida”,  ésta fue su disculpa estrella hasta aquella sorprendente tarde en que todas las fuerzas democráticas, alarmadas por el grado de corrupción que había alcanzado el partido en el Gobierno, se pusieron de acuerdo y  le enviaron a casa. A la de Aravaca o Santa Pola, que nos da lo mismo.

No ha hecho todavía mención, Pedro Sánchez, el actual presidente del Gobierno, al manido argumento de la herencia con el que nuestro ocurrente Rajoy trufaba sus intervenciones parlamentarias. Y debería hacerlo. Porque la situación social española, que ha dejado el PP tras su paso por el Gobierno, es lamentable.

Tenemos aún tres millones y medio de parados con un gran porcentaje de mayores de 55 años que ya no encontrarán trabajo en el resto de su vida y se quedarán sin pensión. Sin olvidar un 35% de paro juvenil, que tan sólo encuentra empleos eventuales en la hostelería y mal pagados y todo eso. Dentro de estas grandes cifras, a trazo grueso, no podemos dejar de recordar a esos 500.000 jóvenes que con su mochila al hombro han abandonado España en busca de la dignidad y vida que nuestro país es incapaz de darles. Dignidad perdida por casi un 30% de la población que se encuentra en riesgo de exclusión social, con Canarias y Andalucía saliéndose de las estadísticas y bordeando el 40%. Para qué hablar de los suicidios que han producido los desahucios y la crisis, mucho más numerosos y silenciados que los fallecidos en accidente de tráfico. O una Sanidad descuartizada y que se cae a pedazos o una Educación que cosecha los mayores fracasos escolares de Europa…

Cómo no vamos a tener a casi un tercio del país trampeando con la indigencia, si carecen de vivienda digna diez millones de españoles y casi un millón de ellos son okupas sin acceso a los suministros básicos de luz, agua o gas, que continúan encareciéndose. Tenemos, a la vez, 3,4 millones de viviendas vacías y la electricidad más cara de Europa, con el precio del gas que no le va a la zaga, con constantes récords de precio en la factura semana tras semana.

Y para el que no lo sepa, hay que añadir que nuestro querido país tiene un endeudamiento de 1.160.213 millones de euros, lo que es igual al 99% de nuestro PIB. Y que en 2011, cuando los genios de nuestro último “milagro económico” llegaron a Moncloa la deuda era de 743.530 millones de euros, lo que era igual al 69,50% del PIB o de una deuda individual de cada españolito de 15.881 euros frente a los 24.924 euros que debemos a día de hoy. Hay que decir también, para el que no lo sepa, que el 38,7% de esa deuda que nos va a aplastar cuando suba el precio del dinero, corresponde a los rescates con que el gobierno de Rajoy acudió graciosamente a socorrer a bancos, eléctricas y constructoras (autopistas, túneles, depósitos de gas…) durante su mandato, dejando que el españolito de a pie se les arreglara como pudiera…”que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades” y ahora teníamos que pagarlo. Para unos fueron los rescates y para nosotros los recortes, en derechos sociales y libertades.

La situación de la vivienda y los escandalosos precios de los suministros básicos en los hogares son dos de los problemas más acuciantes, por sus repercusiones sociales, con los que se enfrenta el Gobierno de Sánchez y que corresponden a una situación ya recibida por Rajoy y que no ha hecho más que empeorar.

Los consumidores españoles pagan una de las tarifas más caras de Europa, la mayor en relación con los ingresos medios. En un año nuestra factura se ha encarecido un 12% y supera ya los 75 euros por megavatio a la hora.  Por eso la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció este pasado miércoles las primeras medidas para contener el precio de la luz y mejorar las condiciones de vida de millones de españoles. En concreto va a suspender el impuesto de generación, que grava con un 7% la producción eléctrica y va a facilitar el acceso al bono social que será complementado con un bono para la calefacción. No es mucho, sobre todo porque no está atacando el problema en su origen sino en la carga impositiva.

En el recibo eléctrico entran diferentes partidas, como el mercado mayorista que supone el 40% de la factura, los costes regulados que son un 35% y el 25% restante que corresponde a impuestos. Es decir, la medida de Ribera ha ido a lo fácil y no abaratará la luz para el usuario medio, que disponga de la tarifa regulada PVPC, más que en 1,5 euros al mes. Escasa cifra para lo que está subiendo y lo que se espera. La bajada del IVA eléctrico del 21% actual al 10% que piden determinados partidos políticos como el PNV o al 4%, como demandan asociaciones de consumidores como Facua, podría redondear la bajada de la factura. Pero seguimos sin atajar el problema en su raíz.

Las subvenciones a las eléctricas

Y es que hay cifras que se suelen olvidar, como los 800 millones de euros al año con que el Estado subvenciona a las centrales eléctricas. Ha sido Greenpeace, quien en pleno debate sobre las subidas de la luz, ha subido el listón de la discusión. La organización ecologista ha denunciado que en los últimos 20 años el Estado español ha subvencionado con unos 18.000 millones de euros a las eléctricas por diferentes conceptos –de algo tienen que servir los ex políticos de sueldos astronómicos que se sientan en sus Consejos de Administración.

Así, desmenuzadas por conceptos, reciben las subvenciones denominadas “Pagos por capacidad” que pagan las instalaciones construidas para asegurar unas perspectivas de consumos que nunca se han cumplido y que se otorgan produzcan o no energía en esas centrales. En el principio de los abusos, con Aznar al timón, las centrales recibieron unos 10.000 millones de euros en concepto de «Garantía de potencia«. Con José Luis Rodríguez Zapatero esas ayudas pasaron a denominarse «Pagos por capacidad«.  Su gobierno socialista empezó a pagar unas subvenciones para resarcir a las compañías eléctricas de las inversiones realizadas —los llamados «Pagos por nuevas instalaciones», que han supuesto 3.600 millones de euros hasta 2017— a la que posteriormente se añadió otra ayuda, el «Pago por disponibilidad», que,  sirve para garantizar el suministro y «compensar a las plantas de carbón, gas, fuel y nuclear (además de las hidroeléctricas) por estar disponibles». Han sido 1.000 millones de euros del erario público entre 2011 y 2017. Mucho consejero del PP y del PSOE…

Otra subvención al mantenimiento de la producción de carbón nacional, las llamadas «Restricciones por Garantía de Suministro o RGS» supusieron 2.800 millones entre 2011 y 2014. A ellas hay que sumar  las ayudas a las centrales para que contaminasen menos de lo que marca la ley, el «Pago por inversión medioambiental», otros 490 millones entre 2007 y 2017. Existe otro pago al sector que pagamos entre todos, el de «Interrumpibilidad«, que no va destinado a las centrales eléctricas, pero son 500 millones al año para las grandes industrias consumidoras de electricidad a cambio de que cesen su producción en los momentos en los que pudiera haber un déficit de suministro. Cosa que no sucede nunca, ya que en España existe un 30% más de capacidad de generación eléctrica de la necesaria para garantizar la cobertura de los picos de demanda. La potencia instalada es de más 104.000 megavatios (MW), y solo en determinados días la demanda supera los 40.000 MW.

Con todo esto, entra dentro de la lógica que los beneficios de las empresas eléctricas estén entre los más altos de Europa y que dupliquen a los de sus homólogas europeas. Para el Observatorio de Sostenibilidad son las eléctricas que más CO2 emiten a la atmósfera y las que gravan al consumidor con los precios más altos. El pasado noviembre las tres grandes –Iberdrola, Endesa y Gas Natural registraron un beneficio de 4.294 millones de euros y a su cuenta de resultados no le afecta los problemas de sequías ya que reaccionan subiendo las tarifas. Acción ésta que consigue que la pobreza energética afecte ya a a cerca de 4 millones de españoles.

La ministra Ribera debe bajar el IVA de la electricidad llegando al tipo superreducido, pero además debe crear una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10kW de potencia contratada. Debe por otro lado aumentar la base para la obtención del bono social, que está resultando un rotundo fracaso y es que no se puede dejar a las eléctricas su gestión y concesión. La protección de los consumidores debe estar siempre antes que la de los beneficios empresariales, aunque en estas empresas trabaje un lobby de nuestros antiguos compañeros. Los desproporcionados precios de la luz,  la patente de corso que tienen unas empresas sin competencia y la situación económica de las familias españolas obligan a solucionar el problema de la luz de una vez por todas y no dejarlo como herencia recibida a los siguientes.

 

Eduardo Lizarraga

www.aquimicasa.net