El tan traído, llevado y comentado «Proyecto Cástor» auspiciado por una empresa perteneciente a la ACS de Florentino Pérez nos vuelve a dar otro titular. Y es que desde que fue aprobado, allá por 2008 y realizada su puesta en marcha en 2012, nunca ha dejado de estar en la primera página. Después de iniciado el bombeo de gas en 2012, el 16 de septiembre del 2013, el ministro de Industria José Manuel Soria ordenó paralizar el proyecto, por la posibilidad de que su puesta en marcha hubiera provocado cientos de movimientos sísmicos por informes científicos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico y Minero de España.

Rajoy ordenó una transferencia de 1,350 millones a la empresa de Florentino​

A finales de 2014 el gobierno de Mariano Rajoy puso fin a la concesión, revirtió al Estado la licencia de explotación del almacén de gas Castor y obligó a Enagás a indemnizar a la empresa con una transferencia de 1350 millones de euros.

Ahora, casi 10 años después, acaba de hacerse público una resolución de la sección 4 de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, del pasado 5 de julio, por la que se rechaza un recurso de Escal UGS, la sociedad controlada por ACS, promotora  del fallido almacén de gas Castor,  contra una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En la resolución se le obliga a devolver 209,7 millones de euros con cargo a la tarifa del gas y en concepto de «retribución financiera» por los ejercicios 2014, 2016 y 2017. Siendo condenada, además, al pago de las costas procesales.

Cuatro bancos españoles deberán devolver también lo percibido

Aparte de Escal, la CNMC también apunta al Santander (71,9 millones), CaixaBank (48 millones), Enagás (32,4 millones) y Bankia (21,1 millones). En total, el organismo español de la competencia consideraba que 368 millones de euros de compensaciones liquidados a las cinco compañías desde 2014 debían ser devueltos.

La Sala señala que «las liquidaciones anuladas de oficio por la CNMC son nulas de pleno derecho (y no meramente anulables) por haberse realizado a partir de un acto legislativo declarado nulo por el Tribunal Constitucional y exigirlo así la efectividad de esta declaración».

Cástor dejó de usarse hace una década

Se trata del decreto-ley 13/2014 que aprobó el Gobierno del PP para pagar una indemnización exprés de 1.350 millones para ACS por la hibernación de ese almacenamiento submarino, en el que dejó de inyectarse gas hace ahora casi una década, en octubre de 2013, tras una sucesión de medio millar de microseísmos en esa zona cuando la infraestructura empezó a operar en pruebas.

Ese decreto fue declarado inconstitucional en diciembre de 2017 tras un recurso presentado por el PSOE, por no estar justificada la urgente y extraordinaria necesidad de esa norma. Esto propició que posteriormente la CNMC pusiera en revisión las liquidaciones que se habían satisfecho a Escal en esos tres ejercicios.

ACS recurrió para evitar hacer frente a la devolución

Finalmente, en julio de 2019 Competencia declaró la obligación de Escal de reintegrar, en un plazo de quince días, 209.721.751,27 euros al sistema gasista. Para no hacer frente a esos pagos, la filial de ACS recurrió a la Audiencia Nacional. Escal entró en concurso de acreedores en septiembre de 2019, poco después de esa millonaria reclamación de la CNMC.

Según la sentencia, la «pervivencia» de ese concepto de retribución financiera a favor de Escal UGS, «que es la consecuencia inmediata del contenido singular de la ley declarada inconstitucional», habría puesto «en jaque la propia eficacia de la sentencia constitucional».

Competencia es una «autoridad administrativa independiente»

La Audiencia rechaza, entre otras, cosas, el argumento de la filial de ACS de que la competencia de revisar los actos de la CNMC corresponda al Gobierno y no al regulador. Le recuerda que Competencia es una «autoridad administrativa independiente», no depende del Ejecutivo y la ley que regula su funcionamiento le prohíbe «solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada».

También en 2019, el Consejo de Ministros acordó el desmantelamiento y sellado de los pozos del Castor, que Escal trató de tumbar sin éxito en el Tribunal Supremo.

El «Proyecto Cástor» se justificó por la necesidad de impulsar el almacenamiento de gas en España, que no produce este hidrocarburo, en previsión de posibles cortes de suministradores como Rusia. La última crisis energética puso de manifiesto que la infraestructura no era necesaria gracias a la red de regasificadoras de España, la mayor de Europa.