El Gobierno asturiano ha abierto 17 expedientes por la comercialización de hipotecas con la aplicación de cláusulas suelo abusivas a seis entidades bancarias. Las mismas podrían enfrentarse a sanciones que oscilan entre los 3.600 y los 18.000 euros.

Las cláusulas suelo han sido denunciadas aquí y allá, los afectados están ganando los juicios y a pesar de ello los bancos se resisten a eliminarlas. La razón está muy clara, como la sentencia del Supremo no reconoce la retroactividad de lo cobrado los bancos prefieren esperar al juicio, que se puede demorar hasta dos y tres años, para seguir cobrando una cantidad que luego no tendrán que devolver. Es por ello que algunas administraciones, como la asturiana, están actuando para proteger a los afectados de la rapacidad bancaria.

El Principado de Asturias justifica la apertura de estos expedientes en la Ley de Consumo del año 2002 y una sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013 en las que consideraba dichas cláusulas como abusivas. Esta cláusula afectan a unas cuatro millones de familias en España, y a más de 30.000 en Asturias.A estos expedientes sancionadores –abiertos pero no concluidos– podrían sumarse más ya que en la Dirección General de Consumo se han presentado 363 denuncias, 63 de ellas por parte de particulares, y las 300 restantes por la Unión de Consumidores (UCE) Asturias.

En julio del pasado año, UCE Asturias inició una campaña contra las cláusulas suelo de las hipotecas que, según cálculos de esta organización de consumidores, puede llegar a costar a la banca un mínimo de 600 millones de euros si se suman a ella todos los asturianos que firmaron contratos con esas condiciones. Según cálculos de la organización de consumidores, hay unos 30.000 afectados que desde el año 2004 han podido estar pagando una entre 1.500 y 2.500 euros anuales de más, de media, al no haberse podido beneficiar de las sucesivas bajadas de intereses y estar pagando actualmente hasta el triple de lo que deberían con un interés variable sin cláusula suelo. La no contemplación de la retroactividad en la sentencia del Supremo está detrás de esta reprobable actuación de las entidades bancarias.