Esta mañana, a instancias del juez y sin que la Generalitat lo impidiera, los Mossos d’Esquadra han desalojado el BlocSalt, en el que residían 15 familias sin recursos. Son 41 personas (18 de ellas menores) que, a estas horas, se encuentran en la calle con bajas temperaturas y sin certeza de realojo adecuado para todas las familias. Si la Generalitat no garantiza un realojo adecuado (asequible y estable) estará incumpliendo las medidas que recientemente el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dictaminó que debe garantizar la administración pública. También el juez de Girona estará incumpliendo la resolución del TEDH si ha ordenado el desalojo sin tener garantías del realojo, y sabiendo que las negociaciones de las familias con la Generalitat aún se encontraban abiertas.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) manifiestan su solidaridad y apoyo a las familias del Bloc Salt, y su repulsa más absoluta a una acción judicial y policial llevada a cabo bajo las órdenes de un gobierno sometido al dictado de la banca y a los intereses financieros especulativos. La Generalitat nunca ha querido presionar a la SAREB para obtener la gestión del Bloc Salt, demostrando una actitud servil frente al poder financiero y a la gestión del FROB. Por otro lado, la resolución del Tribunal de derechos humanos de Estrasburgo señalaba que desahuciar a personas sin garantizar una altenativa habitacional vulnera derechos fundamentales básicos y obligaba en consecuencia a las administraciones a garantizar el realojo de todas las familias.

Sólo una sociedad enferma permite que miles de familias sean desalajas en el país que más vivienda vacías acumula en Europa. Sólo un sistema perverso priva a las personas de sus derechos fundamentales mientras se encarga de garantizar el bienestar y los privilegios de los culpables. Ningún desalojo sin alternativa habitacional está justificado. Ninguno. El desalojo express del BlocSalt en plena negociación con la Generalitat y habiendo como hay centenares de edificios vacíos en manos de la SAREB, incumpliendo su función social, no tiene justificación alguna. Quienes amparan este desalojo, son cómplices de la barbarie.

Por ello, la PAH manifiesta que «no habrá policias para desalojarnos a todos ni para impedirnos seguir recuperando las viviendas que legítimamente nos pertenecen. La SAREB es nuestra, sus activos se han pagado con nuestros impuestos y no pararemos hasta conseguir un parque de alquiler social que de respuesta a la situación de emergencia habitacional que atraviesan miles de familias».