Este viernes la PAH se reunirá con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, para pedir el estado de emergencia habitacional.

La situación catalana en materia de vivienda es muy grave. Desde el comienzo de la crisis , Catalunya ha encabezado el triste ranking estatal de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios. Según los datos del Poder Judicial, desde el 2007 hasta el inicio de 2013 se han producido 88.786 ejecuciones hipotecarias en Catalunya. Según la misma fuente, durante el primer trimestre de 2013 se han realizado 1.337 desahucios judiciales por ejecución hipotecaria y 3.249 desahucios por impago de alquiler; esto hace un total de 4.586 o, dicho de otra manera, de 51 desahucios al día de promedio. Esta situación es una vulneración flagrante de los derechos humanos que un país que se quiere democrático no puede permitir.

Por fin el gobierno catalán se interesa por dialogar con el movimiento ciudadano que desde hace más de cuatro años ha encabezado la denuncia del problema de los desahuciados y la propuesta de soluciones. Llama la atención que presidentes de otros países, como ahora Ecuador o Bolivia, se hayan querido reunir con la PAH antes que los presidentes de Catalunya o del Estado español. Pero mejor tarde que nunca, y ya va siendo hora de reconocer como interlocutor a un movimiento ciudadano que, por su experiencia, conoce la problemática y las necesidades de las personas afectadas mejor que nadie.

De todos modos a la PAH no está interesada en un reconocimiento institucional. Hay vidas en juego y por eso desde las más de 40 PAH’s ya consolidadas en Catalunya, se asistirá a la reunión con el Presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, con un objetivo muy concreto: desde las administraciones públicas no pueden seguir rehuyendo la realidad.

La PAH quiere pedir al presidente la adopción de las siguientes medidas:

– 1. Suspensión inmediata de los desahucios en los casos de vivienda única y habitual , cuando el impago sea debido a razones económicas.

– 2. Sanción administrativa de los pisos vacíos en manos de entidades financieras y empresas inmobiliarias.

– 3. Expropiación del uso de los pisos vacíos en propiedad de entidades financieras nacionalizadas con dinero público y de la SAREB o “banco malo” .Estos pisos de deben poner a disposición, de manera prioritaria, para las personas con menos recursos.

– 4. Reconversión de todos los pisos de titularidad pública al régimen de alquiler social o pisos de emergencia para personas sin recursos. Ni un piso público vacío ni en régimen de compra venta.

– 5. Reconocimiento y apoyo a las acciones de desobediencia civil que la ciudadanía se ha visto obligada a impulsar para garantizar el derecho a la vivienda. Que la Generalitat deje de amenazar a las familias con la retirada del PIRMI por estar ocupando, y que los mossos no actúen contra las recuperaciones de inmuebles como los de la Obra Social de la PAH.

– 6. Eliminar las plusvalías municipales y el IRPF sobre las daciones y las condonaciones Que la Generalitat actúe para evitar una fiscalidad abusiva que, a día de hoy, penaliza las daciones en pago y que hace que el estado y los ayuntamientos se lucren a costa de las personas afectadas que lo han perdido todo.

Ya no valen las excusas de la falta de competencias: toda administración está obligada a actuar cuando se trata de proteger los derechos fundamentales de la población . Tampoco valen las excusas de la falta de recursos: si alguna cosa sobra en nuestro país son pisos vacíos que incumplen la función social recogida en la Constitución Española y en la Ley por el Derecho a una Vivienda catalana. Las políticas seguidas hasta ahora, basadas en la mediación, la buena voluntad de los bancos y la caridad, han fracasado estrepitosamente. Por el contrario, las últimas medidas impulsadas por las PAH y recogidas en parte por la Comunidad de Andalucía demuestran que se trata única y exclusivamente de voluntad política.

Ante la falta de acción del Gobierno la desobediencia civil se extiende de manera proporcional a la crisis de legitimidad de unas instituciones democráticas incapaces de velar por los derechos básicos. Desde la PAH se Interpela al gobierno catalán, y por extensión al del resto de comunidades autónomas, para que se posicione: o rescatamos a bancos, o rescatamos a personas.