La Ley de Vivienda puede estar en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Con estas fechas en mente, muchos propietarios se preguntan: ¿Cuándo entra en vigor la nueva Ley de Vivienda? De hecho se está produciendo un aumento de presión de fondos de inversión para que sus inquilinos abandonen las casas antes de la entrada en vigor de la nueva ley.

Para poder tener una respuesta firme tenemos que tener en cuenta que esta ley puede entrar en vigor al día siguiente de estar publicada en el BOE. Por norma general es a los 20 días de su publicación, pero en este caso se puede indicar otra fecha en el texto como sucedió con la subida de las pensiones. Tras catorce meses paralizada en la Comisión de Justicia, todo parece indicar que en apenas unas horas verá la luz verde.

La nueva normativa contempla cambios en lo que se refiere a las viviendas vacías. Así, ofrece a los Ayuntamientos la opción de establecer penalizaciones económicas a aquellos propietarios que mantengan sus inmuebles vacíos, con el objetivo de fomentar su salida al mercado. Pero hay que tener en cuenta que esta decisión será competencia municipal y ya hay ayuntamientos y Comunidades Autónomas que han afirmado que no aplicarán la Ley de Vivienda.

En caso afirmativo, los consistorios municipales podrán aplicar un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 150% en estos casos. Se considerará que una vivienda vacía a aquella que permanezca desocupada de manera continuada por un plazo superior a dos años, salvo en determinados casos justificados, y siempre que el arrendador sea titular de cuatro o más inmuebles.

La situación de desocupación se declarará mediante un procedimiento administrativo con audiencia del contribuyente y que será incoado por los Ayuntamientos.  Por tanto, los Ayuntamientos podrán aplicar un recargo del 50% para las viviendas que lleven vacías dos años, y será posible que alcance el 100% si llevan más de tres años desocupadas.

Asimismo, la nueva normativa contempla que este porcentaje pueda alcanzar el 150% si estas viviendas pertenecen a propietarios que tengan dos o más inmuebles residenciales en un mismo término municipal.