El indulto de Cañete no ha sido respetado y el temporal marítimo terrestre ha reclamado con violencia terrorista lo que es del mar. Lo hemos visto en todos los canales televisivos que conservan minutos para la información. Desde la provincia de Alicante a la de Girona, sin olvidar a las Islas Baleares, las olas, la lluvia, el viento y la nieve han arrasado con todo lo que tenían delante, demasiado delante.

En el Consejo de Ministros del 5 de octubre del año 2012, presidido por el entonces presidente Mariano Rajoy, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,  Miguel Arias Cañete, presentó un proyecto de Ley que modificaba la Ley de Costas de 1988, que obligaba a demoler las casas edificadas de forma ilegal en el Dominio Público Marítimo-Terrestre a partir del año 2018. Alegaba el ministro que aquella ley había creado inseguridad jurídica, justificando su decisión en el revuelo que  habían organizado en el exterior los extranjeros propietarios de viviendas que deberían ser derribadas.

La modificación del ministro Cañete llegó en 2013 y rebajó la protección que hasta entonces había gozado la costa –que tampoco era ningún modelo a seguir- para favorecer las actividades económicas, disminuyendo la protección de los 100 a los 20 metros de la marea más alta. Con ello se permitió la regularización, el indulto lo llamaron luego, de 12.800 viviendas edificadas en el dominio público, consideradas ilegales por la anterior legislación y condenadas a la piqueta. Además 140.000 viviendas podrían acogerse a la amnistía de obras.

​La reforma de Cañete, con la justificación de proporcionar una mayor utilización de la costa y resarcir a un buen número de propietarios, que tras los deslindes realizados habían descubierto que su propiedad estaba levantada en dominio público y no tenían, por tanto, derecho a indemnización, desprotegió de manera sospechosa, grandes espacios para “personas agraciadas”. Eliminó así, el principio de igualdad en la utilización del litoral, que había sido bandera hasta el momento, excluyendo de esa propiedad pública 12 núcleos urbanos y casi todo el litoral de Formentera.

  • Serra Grossa, provincia de Alicante.
  • Puerto de Santa Pola, provincia de Alicante.
  • Poblado Marítimo de Xilxes , provincia de Castellón.
  • Empuriabrava, término municipal de Castelló d’Empuries, provincia de Girona.
  • Platja d’Aro, término municipal de Castell Platja d’Aro, provincia de Girona.
  • Ría Punta Umbría, provincia de Huelva.
  • Caño del Cepo, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva.
  • Casco urbano de Isla Cristina, provincia de Huelva.
  • Pedregalejo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga.
  • El Palo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga.
  • Moaña, provincia de Pontevedra.
  • Oliva, provincia de Valencia.

A pesar de existir una abundante legislación, la situación del Dominio Público Hidráulico tampoco es mejor.  A la práctica, consumada ya hace decenios, de eliminar los meandros de los ríos y por tanto las zonas en las que los caudales pueden desbordarse y disminuir su fuerza, hay que sumar la canalización de las riberas y la edificación de viviendas e infraestructuras en estas  zonas inundables. La costumbre de verter basuras en los cauces y que las distintas administraciones afectadas, municipios, Confederaciones Hidrográficas y puertos se echen las culpas de no retirarlas, para que nada se haga, también está demasiado extendida, sobre todo en esas rieras o ramblas, generalmente secas y que sirven de aparcamiento. La ausencia de cubierta vegetal en muchas zonas de pendiente pronunciada, no hace sino incrementar el problema de las escorrentías en los casos cada vez más frecuentes de lluvias torrenciales.

Con todo ello llevamos conviviendo muchos años, con sustos espaciados en el tiempo y para los que había una cierta preparación y seguridad.  Sin embargo  todo está cambiando. Se nos lleva advirtiendo hace ya mucho que nuestro país iba a ser uno de los más afectados en la cuenca mediterránea por el cambio climático y hasta ahora se ha hecho poco caso a las advertencias, al menos desde las distintas administraciones. Lo que va a tener que cambiarse, porque los gastos e inversiones necesarios para paliar los efectos de los temporales, comienzan a ser poco sostenibles.

El calentamiento global está influyendo en el sistema de circulación de las masas de aire, la llamada corriente en chorro, que fluye de este a oeste y que tan sólo se veía afectada por el efecto de Coriolis, está sufriendo mayores perturbaciones y trayendo aire caliente del sur al norte, con flujos discontinuos que dejan la posibilidad de que también bajen corrientes de aire frío del norte. Este complejo y nuevo sistema está provocando una mayor frecuencia de DANAs  y borrascas intensas sobre la península.  Al producirse sobre el mar, el descenso barométrico hace subir el nivel del agua, llegando, como en esta ocasión, a medirse casi un metro. Lo que es considerable si tenemos en cuenta la escasa variación de las mareas en el Mediterráneo.

La subida del nivel del mar por la baja de presión, unida a los vientos de fuerza 9 en la escala de Beaufort, han formado un cóctel explosivo, con olas de casi 9 metros de media mantenida, que se han llevado por delante amplios trozos de costa. Demostrando de paso, que los 100 metros que habría que haber respetado son la mínima seguridad aceptable.  Puertos, paseos marítimos, playas, chiringuitos…todo ha sido engullido por un mar que quiere recobrar lo suyo, y que volverá a intentarlo con la ayuda energética de un cambio climático que aumentará en fuerza y frecuencia los temporales y gotas frías.

La modificación de Cañete, cesión a actividades económicas y turísticas, lograda por la presión de municipios, promotores y constructores, ya se ha demostrado que fue un error. La ampliación de la concesión a casas e instalaciones – el indulto de la piqueta- situadas en el dominio marítimo no tuvo en cuenta al cambio climático y al mar, del que serán víctimas propiciatorias cada vez con más frecuencia.

No es la denuncia de un grupo de pesados ecologistas, enemigos del turismo y del progreso, sino una realidad con la que ya tenemos que convivir. Los daños, sin una evaluación todavía, seguro que son cuantiosos.  Se pagarán entre dinero público, compañías privadas de seguros, el Consorcio y el bolsillo de los afectados. Pero ¿cuántas veces se volverán a pagar hasta que comprendamos que determinadas situaciones costeras no son defendibles? ¿Establecerán las compañías de seguros su propia delimitación de zonas en riesgo? El desarrollo de la actividad económica es importante, pero también lo es la seguridad para la vida de las personas y la integridad de los bienes y propiedades. La negación del cambio climático y sus consecuencias no hará cambiar la situación de emergencia en la que ya hemos entrado.

Es hora de ir pensando en cambiar de actitud y buscar soluciones naturales y sostenibles: reforestación, restauración de las zonas inundables, limpieza de cauces,  retrasar la primera línea, eliminación de dragados, escolleras y espigones, para una mejor circulación del natural flujo de arena,  incorporación de sistemas dunares y de marismas donde las hubo…La defensa del litoral no es fácil, ni se puede lograr de la noche a la mañana, tampoco podemos proteger todo el litoral con muros, diques, esclusas y compuertas, pagados con dinero público para beneficiar el negocio privado, pero nuestra principal actividad económica está ligada a este litoral mediterráneo.

Gloria ha batido todos los récords de anteriores temporales en altura de olas, precipitaciones de agua y nieve, vientos…Pero llegará otro que batirá a Gloria y hay que prepararse.

Eduardo Lizarraga

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