El acuerdo al que han llegado los líderes europeos, tras 96 horas de dura negociación, es un acuerdo histórico porque no solo cambia el concepto presupuestario de la Unión, sino que avala el endeudamiento comunitario para financiar un estímulo económico de 750.000 millones de euros, con el que se ayudará a salir de una situación que podría ser dramática a los países más afectados por la pandemia.

Por primera vez la Unión Europea va a endeudarse para financiar este plan a través de la emisión de bonos. Y habrá casi un equilibrio entre los créditos y las ayudas directas, una exigencia del eje franco-alemán, que ha vuelto a funcionar, para garantizar que Europa salga fortalecida de esta crisis y no sumida en problemas de deuda y con una fragmentación económica entre los socios del norte y del sur.

Los 27 socios europeos han acordado por unanimidad, un montante económico de 390.000 millones en ayudas directas y otros 360.000 en forma de créditos a largo plazo. La emisión de deuda de la Comisión Europea para sustanciarlo comenzaría a enjugarse a partir de 2026 y llegaría hasta el 31 de diciembre de 2058.  También se ha hablado de algunos impuestos para ayudar a sufragar el esfuerzo, como la tasa tecnológica o el impuesto ecológico al carbón. La estrategia para salir de la recesión se apoyará asimismo en un presupuesto para el periodo 2021-2027 de 1,074 billones de euros. Se contempla un recorte en la Política Agrícola Común (la PAC) de entorno al 10%, pasando de 383.855 millones de euros a 343.950 millones, aunque aún no se sabe cómo afectará a nuestro país, y un ligero refuerzo de un 2,7% para los fondos de cohesión, que alcanzan los 377.000 millones de euros.

La partida más importante del fondo de reconstrucción, el llamado Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia, destinada a financiar reformas e inversiones, aumenta su dotación a 672.500 millones, pero el resto de programas del fondo sufren importantes recortes. El de ciencia Horizonte Europa pasa de 13.500 a 5.000 millones; el de inversiones Invest EU, de 30.300 millones a 5.600;  el Fondo de Transición Justa para el clima, de 30.000 a 10.000 millones; peor lo lleva el Instrumento de Solvencia, propuesto por Bruselas para ayudar a empresas en problemas, que se ha eliminado.

El acuerdo alcanzado por los líderes europeos después de cuatro días seguidos de negociaciones constituye una de las operaciones financieras más voluminosas de la historia europea. La UE va a disponer en los próximos años de casi dos billones de euros para su funcionamiento y para invertir en la recuperación de las consecuencias económicas de la pandemia.

Es cierto que la propuesta aprobada difiere de la oferta original de la Comisión Europea en 110.000 euros, que pasan de transferencias directas a créditos, pero también lo es que finalmente los países obstruccionistas del acuerdo, liderados por Holanda, hayan cedido y aceptado el inmenso paquete de dinero a fondo perdido. Ha sido un éxito para España e Italia, los países más afectados por la crisis sanitaria, que tendrá inmensas repercusiones en sus economías.

España  obtendrá 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación aprobado, que es una cifra muy similar a la que se pretendía acceder al principio de las negociaciones. De este total, 72.700 millones de euros corresponderían a transferencias –tan sólo 5.000 millones menos que las aspiraciones iniciales-  y el resto a préstamos. Sabemos que la crisis económica causada por el maldito virus va a tener un coste superior y también que aún no se ha hablado de los sacrificios que habrá que hacer para que el país y sus gentes salgan adelante, pero contamos con una ayuda importante y no se van a repetir los errores de la anterior recesión, que han sido evidentes.

La cesión de Holanda y del resto de países obstruccionistas no ha sido barata ni fácil y se ha conseguido alrededor de dos importantes conceptos. Por un lado, tal y como estaba previsto, los 27 han aprobado nuevos descuentos o mantenimiento en la contribución al presupuesto comunitario de Dinamarca, Suecia, Holanda, Austria y Alemania. Los países ricos verán incrementados las «rebajas»‘ o cheques para compensar la diferencia entre su mayor aportación al presupuesto y lo que requieren de él. Países Bajos (de 1576 a 1.921 millones anuales), Dinamarca (de 197 a 377 millones anuales), Austria (de 237 a 565 millones anuales) y Suecia (de 798 a 1069 millones anuales). Alemania mantiene el montante actual (3671 millones de euros anuales).

Otra cesión importante y que Mark Rutte venía dispuesto a convertir en “casus belli”, ha sido el control de las ayudas directas. Con el objetivo de garantizar que los países lleven a cabo las reformas necesarias para acceder a estas ayudas, desde La Haya reclamaban que se aprobaran por unanimidad en el Consejo Europeo. Dicho de otra manera, reclamaban el derecho a veto de Holanda. Pero ha tenido que ceder y los 27 han acordado que los planes nacionales para tener acceso a los fondos se aprueben por mayoría cualificada en este organismo. A continuación, pasarán a la Comisión Europea, quien tendrá dos meses para evaluar la propuesta y aprobar o no el desembolso.

No ha sido la única cesión de los obstruccionistas, la primera y más importante fue el abandono de su exigencia de que el fondo se nutriera únicamente de préstamos y no dispusiera de ayudas directas.

Ahora los países deberán presentar un Plan Nacional Reformas con las actuaciones que van a llevar a cabo, junto al Programa de Estabilidad. En este plan se deberán recoger las reformas y actuaciones en las que los Gobiernos van a invertir los fondos europeos, inspirándose y basándose en recomendaciones específicas que Bruselas hace a cada país. Y contemplando también las recomendaciones generales en materia de creación de empleo y transición ecológica y digital.

Entre las recomendaciones que han aprobado los jefes de Estado y de Gobierno para nuestro país están que España adopte incentivos eficaces de contratación y el desarrollo de trabajadores y trabajadoras, así como que refuerce la protección por desempleo y la resiliencia económica y social, también con las transiciones digital y verde sin entrar en más detalles. Se ha hablado de la reforma laboral y del sistema de pensiones, pero sin imposiciones, como han llegado a asegurar algunos medios. Las primeras actuaciones de los estados pueden centrarse en los ámbitos que se consideren más urgentes y Bruselas, sin entrar en más detalles, podrá considerar que lo propuesto va por buen camino.

El acuerdo ha pasado un poco de puntillas sobre un tema algo escabroso y hacia el que Mark Rutte también ha dedicado sus esfuerzos: velar por el estado de derecho impidiendo que gobiernos populistas o autoritarios se sirvieran del dinero europeo para subsidiar sus políticas. Y antes de que nadie salga con algún argumento “chavista-bolivariano” hay que decir que Rutte tiene en mente a los actuales gobiernos de Polonia y Hungría, contaminados por un ultraderechismo que poco tiene que ver con la idea de Europa. Pero el posible veto de estos dos países al paquete de recuperación ha dejado las reflexiones del holandés ocultas tras una cierta niebla oportunista.

No se habían disipado aún los ecos del alegre “¡Deal!” en twitter del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, cuando comenzaban a llegar las primeras reacciones desde distintos ámbitos; algunas medidas y razonables, como las de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que ha manifestado  que «es un buen acuerdo para España, histórico, pero también para Europa”, añadiendo que “como español, sinceramente, me siento satisfecho”.

Todo lo contrario de lo hecho por el líder del Partido Popular que no dudó en ponerse del  lado de los obstruccionistas durante la negociación, manifestado que no darían nada porque no se fiaban del Gobierno social comunista. Con el acuerdo llega el surrealismo y en ese momento Casado asegura que «el PP ha hecho más por España incluso que los socios del PSOE, se ha visto en estas cuatro jornadas maratonianas de negociaciones»,

No han sido los únicos que han salido a los medios, algunos, pocos, para dar su opinión y muchos para pedir que esos fondos ayuden a sus respectivos sectores. Así, la patronal del cemento, los constructores de vehículos, promotores de viviendas, constructoras de infraestructuras…Todos consideran que su sector es estratégico para el futuro y la creación de empleo, aunque sea barato, temporal y precario…justo lo que no quiere la Unión.

Unas  peticiones contestadas por la eurodiputada de Podemos, Rodríguez Palop, que ha aplaudido el hecho de «tener fondos para invertir en reformas sociales, cuya condicionalidad estará vinculada a la Europa verde y digital, añadiendo que a diferencia de la anterior ocasión no van a usarse para “rescatar a la banca a fondo perdido, inflar la burbuja inmobiliaria y alentar la evasión fiscal”.

Se trata de una oportunidad única de cambiar un modelo económico que se ha demostrado frágil y demasiado sujeto a unos avatares que pueden volver a repetirse. Disminuir el peso de los servicios en nuestro PIB incrementando la producción industrial, asumir el desafío de cambio energético y modelo ambiental, incorporar el completo desarrollo digital y mejorar las infraestructuras tecnológicas, que no son las ligadas al cemento, mejorar la capacitación intelectual y formativa de los españoles, dar una nueva vida al transporte ligado al ferrocarril de cercanías y media distancia, tanto para personas como mercancías…se trata de una reconstrucción completa de nuestro país y de un golpe de timón para cambiar el rumbo de un modelo ya obsoleto.

Todo ello acompañado de un cambio fundamental en la forma de hacer fluir el dinero en nuestra economía. No inyectándolo desde la zona alta, como en la anterior ocasión. Cuando la banca recibió entre unos conceptos y otros más de 180.000 millones que no llegaron a la economía real de las familias, que sanearon sus cuentas apuntalando sus beneficios y que en muchos casos terminaron en opacos paraísos fiscales. El dinero debe entrar en la economía desde abajo, moviendo todo el sistema, asegurando el futuro de las familias y no los beneficios de las entidades financieras para la próxima década. Tal vez no sea el Plan Marshall que quería Sánchez, pero podemos hacer que se le parezca lo más posible. Y que penas y pan se repartan entre todos de la forma más equitativa. Lo vamos a conseguir.

Eduardo Lizarraga

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