Se que su ratio de lectura será bajo porque es una verdad incómoda, pero me es necesario escribir de ello para denunciar la realidad social y económica de la sociedad acomodada que queremos ser y que excluye a muchos españoles. Un hombre de 54 años, un “vulnerable” de los que algunos ya comienzan a hacer bromas sangrantes, se quitó la vida el pasado martes arrojándose por el balcón de su vivienda cuando llegaba la comitiva judicial para desahuciarle.
Ha sucedido en Paiporta, una población de l’Horta Sud, en Valencia, y nadie, ni la policía municipal que llegaba, ni los servicios sociales que sabían de su situación y del día de su desahucio, ni tan siquiera esa providencia que dicen que existe, consiguieron evitarlo.
El fallecido cobraba una pensión miserable, 300 euros, que no eran suficientes para mantenerse y pagar la hipoteca, además estaba enfermo y vivía solo. Un vulnerable, de esos con los que algunos aporofóbicos zahieren al Gobierno preguntando con sorna que “a cuántos tocamos por español de bien?
Los suicidios son en parte producidos por la situación económica
El dramático hecho muestra muy a las claras y resumidos, algunos de los mayores problemas con los que nos estamos enfrentando: los suicidios, los desahucios y la terrible situación de falta de acceso para todos a la vivienda en nuestro país. ¿Para qué hablar de la inmoralidad, por llamarla de alguna manera, de una parte de la población? De esa parte acomodada que ignora la miseria que existe al otro lado de sus vidas sin necesidades.
Está por un lado el incremento de los suicidios en nuestro país, que es alarmante. El número de suicidios aumenta cada año desde que en 2008 se convirtieran en la primera causa de muerte no natural en España. Sin los datos completos del 2022, el INE deja entrever con los del primer semestre, cómo la tendencia ascendente registrada en el 2021 se mantiene: entre enero y junio de 2022, se contabilizaron 2.015 fallecimientos y falta la segunda mitad del año, con julio que es el mes más mortal. Pero ya tenemos el dato: casi 12 suicidios al día. Y la situación se está acelerando desde el 2018.
La estadística completa del 2021 nos dice que 3 de cada 4 personas, de las 4.003 que fallecieron por suicidio, fueron hombres (en concreto, 2.982 casos). La mitad de los fallecidos tenía una edad comprendida entre los 40-64 años (en total, 2.016 personas). Respecto a las demás franjas etarias, un 31% de los fallecidos tenía 65 años o más, un 13.8% tenía entre 25 y 39 años y un 5% entre 10 y 24 años.
Una muestra de la mala situación en la que nos encontramos, es que si en Europa el consumo de antidepresivos creció por encima del 80% de media, en España ese crecimiento ha sido superior al 120%, llevándonos a ser el país que lidera mundialmente el consumo de antidepresivos y ansiolíticos. La pandemia ha puesto sobre la mesa el problema de salud mental que existe en España desde hace décadas, ahora hay que comenzar a solucionarlo. Para ayudar a los suyos, PP y VOX han votado en contra de cualquier ayuda para la prevención del suicidio y a todo tipo de medidas contra los desahucios y sus causas. La salud mental, parece que solo es problema de los vulnerables.
Un cierto oscurantismo en las causas del suicidio
En nuestro país, el suicidio es la primera causa de muerte violenta y una parte importante se producen por situaciones económicas. Sin embargo y posiblemente por no incrementar la presión social hacia determinados sectores que están en su origen, el INE no facilita datos disgregados sobre las causas del suicidio, por lo que no existen cifras fiables sobre el porcentaje de suicidios por desahucio sobre el total. Y tampoco hay muchos datos en los medios de comunicación ya que, por una razón o por otra -se habla del efecto imitación- estas realidades incómodas suelen quedar muy silenciadas, sobre todo en los medios de tirada nacional.
Vivimos en una sociedad que tiende a la culpa individual. Un sistema bastante malvado, diseñado para el disfrute de una pequeña minoría más malvada aún y apoyado por una mayoría más o menos evadida en cómodos mundos de pequeños lujos, que ponen las desgracias más allá de sus ventanas, apenas entreabiertas a la realidad. Los suicidas son enfermos culpables y los que no pueden pagar las hipotecas irresponsables convertidos en vulnerables, a los que tendremos que pagar su supervivencia por culpa de un Gobierno traficante de votos.
Los desahucios siguen muy vivos en nuestro país
Muy conectados con los suicidios están los desahucios y todo lo que ellos significan. Con las medidas de contención del Gobierno para evitar desahucios desde la COVID, su número en 2022 se redujo un 7,5 % hasta 38.266 actuaciones, según los datos divulgados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El dato, un desahucio cada 4,4 horas.
El conservador órgano de control de los jueces indica que un 71,9% de todos los lanzamientos, en total 27.533, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impago del alquiler, mientras que el 22,2% (8.509) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 2.225 restantes obedecieron a otras causas.
El dato de la ocupación refleja la verdad del problema
Con respecto a los procedimientos por ocupación ilegal de viviendas en 2022, tan traídos y llevados en los medios como argumento contra el Gobierno, se registraron 2.748, un 20% menos que un año antes. El otro dato es que si en este país existen 26 millones de viviendas, de las que 3,5 millones están vacías, la ocupación representa el 0,01%.
Con la crisis derivada de la pandemia y la guerra en Ucrania, los desahucios y los problemas de la vivienda se han vuelto a poner en el centro del debate, social, político y económico. El precio de la vivienda continúa subiendo, las condiciones bancarias para acceder a una hipoteca se endurecen y los alquileres, aún con ese pequeño control del 2% que los propietarios se saltan con mil y un subterfugios, se ha incrementado este mes de abril un 8,9% interanual. Muy por encima de la subida de los sueldos.
La escasa vivienda en alquiler social como culpable
El Banco de España, muy poco sospechoso de apoyar las medidas del Gobierno, ha hecho público esta semana su informe Anual 2022, bastante demoledor para con los que piden que sea el mercado quien regule los precios. En el mismo, alerta de que la mitad de los inquilinos está en riesgo de pobreza por los alquileres disparados y los bajos salarios y advierte que la vivienda es uno de los grandes problemas estructurales de nuestro país, no dudando en celebrar las medidas que ponen “un mayor énfasis” en el incremento de la oferta de alquiler a precio asequible o controlado.
La institución que gobierna Pablo Hernández de Cos, señala en su informe que 4 de cada 10 hogares en alquiler dedican más de un 40% de sus ingresos disponibles a pagar a sus caseros en un claro trasvase de rentas hacia las clases menos vulnerables, según las estadísticas de Eurostat de 2021. No es el único dato que nos advierte de la gravísima situación que se da en el mercado del alquiler. Según la institución, el 50% de los hogares españoles que residen en viviendas de alquiler y que se encontraban en riesgo de pobreza o de exclusión social es “el porcentaje más elevado de la UE.
El Banco de España lo tiene muy claro y seguro que a Garamendi y a la patronal de los alquileres se les retuerce un poco el gesto cuando lean el informe, porque son “unos precios del alquiler elevados, en comparación con las rentas del trabajo, los que aumentan la proporción de población en riesgo de exclusión social y de hogares con capacidad de gasto restringida en otros bienes y servicios”. Perder el trabajo o incrementar los gastos por la inflación o el alquiler, puede llevar a estos hogares, desde un precario equilibrio, directamente al desastre.
El negocio con la vivienda en el fondo de la situación
Al final de la inextricable situación de la vivienda en España, con los alquileres en el objetivo de rentabilidad económica de fondos, socimis y tenedores diversos, se encuentran los vulnerables y los jóvenes. Y por más que ahora le llamemos coliving o cohousing, que parece que en inglés queda mejor el piso entre varios, la habitación compartida, o la litera caliente, que a todo se ha llegado ya en Madrid, esta rentabilidad económica de un bien que jamás debiera haber sido especulativo, es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos como país.
Nuestra natalidad nos lleva al fracaso como país
Entre 2017 y 2021 tuvimos la segunda tasa de natalidad más baja de la Unión, con tan solo 7,6 nacimientos por cada mil habitantes, solo por delante de Italia, con 7,1. España se encuentra por debajo de la media europea, que es de 9,3 nacimientos por cada mil habitantes. Cada española tiene 1,19 hijos de media, cifra muy lejana a los 2,1 en que está cifrada la fecundidad de reemplazo, es decir, la fecundidad mínima necesaria (sin tener en cuenta la inmigración) para que una determinada población no disminuya. Es el futuro como país el que nos jugamos con la vivienda y su “rentabilidad”como derecho inalienable.
La edad media de emancipación en España, debido a la crisis económica de la pasada década, ha sufrido un importante retroceso, situándose en 29, 8 años en 2020 según los últimos datos de Eurostat, muy por encima de la media de la Unión Europea, que se sitúa en los 26,4 años. Sin vivienda y sin condiciones estables y dignas de trabajo no hay parejas, ni tampoco hijos que nos reemplacen.
Por eso el Gobierno quiere dar un fuerte impulso a la vivienda social en alquiler, porque con las 300.000 viviendas existentes no tenemos para nada. Décadas de malas políticas muy interesadas, ventas a fondos buitre, descalificación de las VPO sujetas a protección o inmensas ayudas a la adquisición de vivienda, que podrían llegar a los dos billones en las últimas décadas, nos han dejado a la cola de Europa. ¿Cómo se van a sacar los 2,3 millones de viviendas en alquiler que, como mínimo se necesitan? Nadie lo sabe y el Gobierno tampoco.
Eduardo LizarragaWWW.AQUIMICASA.NET
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