El Pleno de la Cámara Baja rechazó, el pasado 25 de febrero, la proposición de ley planteada por el PNV para comenzar a tramitar la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana que había pactado con el PSOE. Solo PSOE, PNV y Coalición Canaria apoyaron la admisión a trámite de la normativa, mientras que Vox decidió abstenerse. El bloque de izquierdas, Junts y PP, criticaron por diferentes motivos una proposición de Ley que muestra una vez más que para los intereses políticos es indiferente el bienestar de la población… ¡como eso no pasa factura en las urnas!
La iniciativa del Grupo Vasco (EAJ-PNV) se basaba en “reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística”, con el objeto de limitar el efecto que pueden tener las denuncias en proyectos de ordenación urbanística por errores fácilmente subsanables. Siendo casi la misma que el Gobierno llevó en solitario al Congreso en mayo del año pasado y que tuvo que retirar cuando Sumar, ERC, Podemos y Junts se opusieron y el PP no garantizaba su apoyo.
De esta manera, naufraga por segunda vez, en el movidito océano de la política española, la tan necesaria reforma de la Ley del Suelo, víctima de las corrientes cruzadas y los arrecifes de intereses partidistas. Mientras tanto, el mercado inmobiliario y los ciudadanos siguen a la deriva, sin casas y esperando soluciones que no llegan.
Una reforma de la Ley presentada por PNV y apoyada por profesionales y municipios
El Partido Nacionalista Vasco (PNV), con el respaldo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), había presentado una propuesta de reforma de la Ley del Suelo que buscaba, entre otros objetivos, agilizar los trámites urbanísticos para que los proyectos no se paralicen “sine die” en la maraña burocrática municipal. También evitar la anulación de planes por errores subsanables, permitiendo que defectos menores no sean motivo de cancelación total de proyectos urbanísticos. Entre otros motivos, buscaba también fomentar la seguridad jurídica, ofreciendo un marco más claro y estable para promotores, ayuntamientos y ciudadanos. Todo muy lógico y jeltzale.
Esta iniciativa contaba con el apoyo de diversos profesionales del sector, que han expresado en reiteradas ocasiones la necesidad de alumbrar una norma que acabe con un problema histórico; también de numerosos municipios que, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se habían manifestado a favor de la norma ya que ven en la actual legislación un freno para su crecimiento y planificación urbana. La legislación actual supone un bloqueo a suelos privados y públicos con un claro perdedor: la ciudadanía, que hace tiempo ha dejado de entender el juego político.
La Ley del Suelo del 2015
La actual ley del suelo de España de 2015, firmada por la ministra de Fomento, Ana Pastor, siendo presidente del Gobierno Mariano Rajoy, supuso la unión de dos normativas diferentes: la Ley de Suelo y la de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas. El objetivo principal de esta refundición era aclarar, regularizar y armonizar la terminología y el contenido de ambas leyes, así como estructurar y ordenar los preceptos relacionados con el suelo y la rehabilitación urbana.
Sin embargo, la todavía Ley del Suelo, ha demostrado ser insuficiente para abordar las necesidades del mercado inmobiliario actual. Su rigidez y complejidad han sido señaladas repetidamente como obstáculos para el desarrollo urbano y la construcción de nuevas viviendas.
Uno de sus principales problemas es que los tribunales entienden que los actuales planes urbanísticos tienen naturaleza de reglamento y que un recurso presentado, aunque sea parcial, en caso de estimarse, consigue la nulidad de todo el proyecto.
Municipios grandes y pequeños tienen sus planes urbanísticos paralizados
La rigidez de la Ley del Suelo vigente ha llevado a que tanto grandes ciudades como pequeños municipios vean sus planes urbanísticos estancados por tecnicismos y trámites burocráticos interminables. Esta parálisis no solo afecta al desarrollo local, sino que también contribuye a la escasez de vivienda y al encarecimiento de los precios, perjudicando directamente a los ciudadanos.
La situación afecta a todo el país y provoca que algunos planes estén totalmente obsoletos, que no ofrezcan suelo suficiente, que los promotores carezcan de seguridad jurídica o que algunos municipios que necesitan crecer tengan sus planes urbanísticos paralizados.
La crisis de la vivienda y los problemas derivados de la actual Ley del Suelo no distinguen colores políticos ni fronteras autonómicas. Desde Andalucía hasta Cataluña, pasando por Madrid y Galicia, todas las comunidades enfrentan desafíos similares en materia de bloqueo burocrático, urbanismo y vivienda. Es imperativo que los líderes políticos reconozcan esta realidad y trabajen conjuntamente en soluciones que beneficien al conjunto de la ciudadanía.
Según datos recopilados por el Ministerio de Vivienda, en los últimos años los tribunales han anulado los proyectos de Tarragona y Vic, en Catalunya; de Gijón y Llanes, en Asturias; de Marbella y Torremolinos, en Andalucía; de Eivissa, en Baleares; de Las Palmas, de Santander, de Toledo, de Madrid (de forma parcial), de Ourense, Cartagena, San Sebastián (parcialmente también), Vigo, Castellón y Denia. Así hasta más de un centenar de planes paralizados, un listado que se incrementa y mucho, si se suman los ayuntamientos pendientes de una sentencia judicial.
En definitiva, mientras la reforma de la Ley del Suelo sigue encallada en los bajos políticos, el mercado inmobiliario y los ciudadanos continúan navegando en aguas turbulentas, esperando que, algún día, la clase política reme al unísono y decida poner rumbo hacia soluciones reales y efectivas.
Sin suelo no hay vivienda
Es una verdad de Perogrullo: sin suelo disponible y apto para la construcción, es imposible edificar nuevas viviendas. La falta de suelo urbanizable, combinada con una burocracia asfixiante, ha generado un cuello de botella que impide satisfacer la creciente demanda habitacional en España.
Esta escasez de suelo urbanizable ha disparado los precios, convirtiendo la adquisición de terrenos en una odisea solo al alcance de unos pocos. Este encarecimiento se traslada inevitablemente al precio final de las viviendas, dificultando aún más el acceso a una vivienda digna para amplias capas de la población.
Además, apenas existen en el mercado parcelas del suficiente tamaño para algo que no sean promociones puntuales. La parcelita para 20 viviendas puede encontrarse en muchos municipios, aunque a precio de oro, pero ni pagando y con influencias aparecen apenas parcelas para promociones que superen las doscientas viviendas.
Falta de suelo, precios de materiales, escasez de mano de obra y burocracia
A la falta de suelo se suman otros factores que complican el panorama y que son de todos conocidos. El primero un aumento considerable en el precio de los materiales de construcción: La subida de costes de materias primas y su transporte, como el acero, el cemento y la madera encarece los proyectos.
Problema no menor es la escasez de mano de obra especializada que retrasa las obras y aumenta los costes laborales. Según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), se requieren aproximadamente 700.000 trabajadores adicionales para satisfacer la demanda actual y futura del mercado inmobiliario.
A todo ello hay que sumarle un mal conocido desde antiguo, pero que actualmente se ha convertido en un problema que nos afecta a todos: la burocracia excesiva, con interminables trámites administrativos que desincentivan la inversión, ralentiza el desarrollo de nuevos proyectos y encarece el precio final de la vivienda.
La aprobación de una reforma de la Ley de Suelo en el Senado no augura nada bueno
El rechazo en el Congreso a la tramitación de la reforma propuesta por PNV y PSOE fue un síntoma claro de la falta de consenso y voluntad política para abordar este problema. La división entre los partidos y la ausencia de acuerdos solo auguran más bloqueos y retrasos en la implementación de soluciones efectivas.
Tres semanas después de la sesión en el Congreso, el pasado 18 de marzo, el Senado aprobaba la proposición de ley para reformar la Ley del Suelo del Partido Popular, por lo que la norma será remitida al Congreso de los Diputados para comenzar su tramitación, aunque, con toda seguridad, quedará bloqueada.
El Partido Popular asegura que su proposición es mucho más «ambiciosa que la presentada por el Gobierno» el mes de mayo del 24, y de la rechazada el pasado febrero en la Cámara baja, planteada por el PNV para comenzar a tramitar la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, un texto que había pactado previamente con el PSOE, muy similar al retirado casi un año antes.
Las similitudes más evidentes entre ambas propuestas son que PSOE y PNV buscan limitar las impugnaciones para evitar bloqueos en proyectos urbanísticos, lo que para la izquierda favorecerá los pelotazos y por eso no la apoya.
Por su parte, el PP, que apuesta por una reforma más amplia y liberalizadora, incluye el silencio positivo a partir de los tres meses para que la falta de emisión de informes sectoriales o de licencias en los plazos correspondientes no paralicen un proceso de urbanismo. La propuesta popular afecta hasta a seis leyes, incluyendo la Ley de Vivienda que es su bestia negra y que quedaría parcialmente derogada, lo que para el PSOE nos retrotrae a la época de la especulación urbanística.
El fiasco es total y los profesionales reclaman un pacto de Estado
Este segundo intento fallido de reformar la Ley del Suelo pone de manifiesto la incapacidad a la que han llegado los representantes políticos para llegar a acuerdos en temas cruciales. Mientras los partidos políticos se enzarzan en debates estériles y defienden intereses particulares cada vez más visibles, son los ciudadanos quienes sufren las consecuencias: falta de vivienda asequible, alquileres desorbitados y la imposibilidad de acceder a una propiedad. La inacción política perpetúa una crisis habitacional que afecta a miles de familias.
Pero a pesar de que son los ciudadanos los que sufren más directamente las consecuencias, el aborregamiento que se vive de unos decenios a esta parte, consigue que no salgan a la calle a inundar las plazas. Son los profesionales del sector inmobiliario y urbanístico, que ven las posibilidades económicas de la construcción de esos centenares de miles de viviendas que se necesitan, lo que claman por un pacto de Estado que deje de lado las diferencias partidistas y se centre en resolver una problemática que, además de a su bolsillo, también afecta a toda la sociedad.
El sector está construyendo en suelos que tienen 25 años de desarrollo, pero se están acabando y después está el vacío. La falta de suelo es el primer problema a solucionar para poner vivienda en el mercado y la reforma de la Ley del Suelo permitiría desatascar el cuello de botella que condiciona los desarrollos a más de veinte años desde el inicio. Es necesario acortar tiempos y dar seguridad jurídica a la promoción y al urbanismo. Sin la reforma de la Ley del Suelo los esfuerzos dispersos serán como los de Sísifo y su piedra, baldíos e incapaces de llegar a la cima.
Eduardo Lizarraga
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