Desde antes del verano, el agravamiento de la complicada situación de la vivienda estaba desembocando en muestras de desesperación en las calles de muchas ciudades españolas, sobre todo en entornos turísticos, pero la inoperancia, por ideología o por incapacidad manifiesta, de las distintas administraciones, ha conseguido que se de un paso más y que entremos en un otoño en el que los movimientos del Sindicato de Inquilinas quieren incrementar su presión social.
Una manifestación que pone el problema en primera página
Así, el pasado domingo, más de 40 organizaciones ciudadanas marcharon en Madrid por el derecho a una vivienda digna, recorriendo el centro de la capital desde Atocha hasta la Gran Vía. La guerra de cifras que se ha recrudecido, mostrando que era una manifestación incómoda, nos dice que entre 22.000 y 200.000 personas se reunieron tras las pancartas para luchar contra la subida de los alquileres, la especulación, los fondos buitre, las cláusulas abusivas y para reivindicar el derecho a la vivienda que contempla la Constitución.
La protesta fue unánime contra todos los partidos políticos, porque ni ellos ni las instituciones del estado, han aplicado soluciones eficaces para detener el incremento de los precios del alquiler.
Desde el liderazgo de las protestas, que ocupa el Sindicato de Inquilinas, manifiestan que la masiva movilización muestra el hartazgo de la mayoría social con un problema que los políticos y sus disputas han dejado crecer hasta retirarles toda credibilidad. Un problema que continúa teniendo víctimas con casi 80 desahucios diarios y 15.274 familias que han perdido sus viviendas entre enero y junio de este año.
El problema no ha dejado de incrementarse desde el año 2015, con unos salarios que para los jóvenes han crecido un 6.1% frente a unos alquileres que lo han hecho en un 40,7%. Una situación que se agrava en determinados territorios como Madrid, en que por motivos ideológicos y de lucha política se rechaza la intervención del precio de los alquileres. Y esta posición, que es común en todas las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, es muy criticada por el Partido Socialista, que, en boca de su ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, manifiesta haber hecho su trabajo culpando de la situación a las comunidades (11 en total) gobernadas por el PP.
Lo que no dice la contestada ministra de Vivienda, sobre todo tras su última ocurrencia de apelar a la bonhomía de los caseros para solucionar el problema del precio de los alquileres, es que tampoco en las comunidades donde gobierna el PSOE, es decir, Asturias, Castilla La Mancha y Navarra se está aplicando la Ley de Vivienda. De momento tan sólo se ha puesto en servicio en Catalunya -ahora también gobernada por los socialistas-, donde ha logrado que los precios hayan caído entre un 3 y un 5%.
Para desactivar el problema no van a ser suficientes unas declaraciones sin contenido
La resaca de la manifestación de Madrid ha sido profunda y llegó esta semana con declaraciones de Sánchez, tan de izquierdas en sus manifestaciones como el Sindicato de Inquilinas, asegurando que iba a pelear para que la vivienda «dejara de ser el negocio de unos pocos y se convierta en el derecho de todos». Aprovechando la coyuntura, el presidente manifestó que se ha fijado como prioridad absoluta actuar sobre la vivienda.
También la actual portavoz del PSOE, Esther Peña, muy socióloga ella, comenzó la semana en Ferraz haciendo guiños a los manifestantes del domingo en una rueda de prensa y cargando contra el PP por su complicidad con los grandes propietarios, asegurando, a la vez, que si hay que intervenir en el mercado por una vivienda digna, lo harán, para no dejar a los inquilinos solos frente a los especuladores y los fondos buitre.
A los dos días de la manifestación en Madrid, se presentó el Real Decreto, en fase de audiencia pública, para crear y regular la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y el desarrollo del procedimiento de Registro Único de Arrendamientos, sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. Además, también apareció una nueva convocatoria del Bono de Alquiler Joven, con 200 millones de euros para ofrecer ayudas a través de las comunidades autónomas. Algo casi ridículo si tenemos en cuenta que en la anterior edición, bastante boicoteada por las comunidades autónomas hostiles, la ayuda alcanzó al 0.61% de los jóvenes.
La masiva convocatoria de Madrid no ha despertado conciencias sociales en el PSOE, que de eso no anda sobrado, sino que ha despertado alarmas. Y es muy comprensible; según datos del Banco de España, el número de personas que viven en una vivienda de alquiler alcanzó aproximadamente los nueve millones a finales de 2023, lo que representa un aumento estimado de unos 3,3 millones desde 2007. Es decir, una cifra similar a la de los nueve millones de pensionistas que ya tenemos.
Y puede dar respeto y quizá miedo, que una cifra tan considerable de agraviados, que están empezando a tomar en consideración su condición de nuevos perdedores de la sociedad, se organicen en una estructura social alrededor de algún líder que pueda surgir o que reaparezca y comience a tomar forma una izquierda alternativa a la moribunda Sumar, que podría ser similar al movimiento del 15M. Por de pronto, el Sindicato de Inquilinas, que está aprovechando y potenciando su estructura básica desde los barrios, ya ha anunciado nuevas protestas a lo largo de las próximas semanas en otras ciudades o regiones como Gran Canaria, Málaga o València.
Las posiciones enfrentadas de los partidos mayoritarios
El catastrófico problema de la vivienda que en estos momentos está explosionando, es el producto de décadas de políticas de vivienda erróneas, que han impedido el crecimiento de un parque social de alquileres asequibles, similares al de países europeos de nuestro entorno y han creado una estructura de propietarios rentistas, subvencionada con dinero público, que continúan incrementando su patrimonio a costa de los inquilinos. Arrendatarios que ven disminuir sus posibilidades de adquirir una vivienda conforme los altos alquileres les laminan sus posibilidades de ahorro.
Ante la situación que, a pesar de lo que diga el CIS con datos llegados de no se sabe dónde, ya es la primera causa de preocupación de los españoles, los dos partidos mayoritarios han tenido que posicionarse aportando soluciones, reales o hipotéticas, para que la vivienda pase de la Constitución a los hechos. Y no es algo que les guste, porque en estas grandes cuestiones siempre hay callos que pueden pisarse.
El Partido Popular, con una clara posición favorable, por ideología y pertenencia, con la clase de los propietarios, culpa tan sólo a la falta de oferta del problema y aboga por poner más pisos y casas en el mercado, liberalizando suelo, eliminando burocracia y agilizando trámites, una vuelta al modelo del ladrillo de los primeros años del siglo, cuyas consecuencias aún estamos pagando. Además, propone facilitar los desahucios por impago y rebajar la condición de vulnerabilidad económica a las familias.
La posición del PSOE está también con los rentistas y los intereses económicos, pero no puede reconocerlo muy abiertamente y debe mantener un difícil equilibrio. Tal vez la muestra más evidente de su postura la constituya la frase del entonces ministro Ábalos, hoy tránsfuga y casi imputado, que le dedicó al vicepresidente Iglesias cuando era ministro de Movilidad y Agenda Urbana: «Nosotros pensamos que lo mejor es promover, no imponer. La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado que genera actividad económica”.
La posición de los afectados se está radicalizando
Y esta posición que continúa manteniendo el PSOE, diga lo que diga Sánchez, es la que pone alerta al Sindicato de Inquilinas y su entorno acerca de la imposibilidad de llegar a acuerdos y radicaliza más su postura. Así, en la manifestación del domingo, en la semana antes y los días después, se han podido recoger manifestaciones que tienen que estar poniendo los pelos de punta a parte del sector inmobiliario, los fondos de inversión y a los rentistas, grandes o pequeños, aunque, de momento, no hay estructura política que las apoye.
Entre otras cosas reclaman una bajada de los alquileres inmediata del 50%, para llegar a los precios del 2013, la paralización de todos los desahucios incluidos los del alquiler, el desmantelamiento de las empresas de desokupación, la desaparición de las deducciones fiscales a los propietarios o la prohibición de la vivienda como un bien de inversión. Amenaza también hay y se habla mucho de la huelga general de inquilinos, como cuando en 1931, en Barcelona, miles de familias decidieron parar de pagar el alquiler promovidos por el sindicato Confederación Nacional del Trabajo.
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Es nuestro artículo 47 de la Constitución pero carece de un articulado que lo apoye y es lo que quieren cambiar desde el Sindicato de Inquilinas. Se trata de apoyar a los inquilinos y no a los rentistas, manifiestan.
Las soluciones a largo plazo no son las que desactivarán la crisis de la vivienda
La actual situación de la vivienda requiere medidas a corto y largo plazo. Y mientras que las de largo plazo son claras y compartidas en el fondo en cuanto a la necesidad de más vivienda social y poner más oferta en el mercado construyendo y aportando suelo, en las medidas a corto plazo, que son muy necesarias para bajar presión en las calles, es donde están los problemas. No se pueden seguir tres o cuatro años con la oferta actual y la población creciendo, con unos alquileres disparatados y unos sueldos que no crecen lo suficiente.
Si los partidos políticos actuales no ponen soluciones, nueve millones de personas, que el año próximo serán más, viviendo de alquiler, son demasiadas en el bando del descontento. Lo mejor es que PPSOE acerquen posiciones y lleguen a acuerdos, porque los extremos esperan. Pero no hay panorama político que lo facilite y tan sólo una mayor presión o que el lobo asome su coleta, conseguirá que tomen decisiones acordes a la situación. Decisiones que sin duda van a levantar ampollas.
Eduardo Lizarraga
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