No suele tener la suerte el Gobierno de que la oposición secunde sus medidas o al menos no las critique, con gresca incluida, en este tiempo de pandemia. Sin embargo, la propuesta de sacar adelante la vieja idea del ingreso mínimo vital ha cosechado el rechazo unánime de los tres partidos de la derecha y de los estamentos más reaccionarios del estado, incluida la Iglesia. Lo que resulta cuando menos sorprendente, porque tan sólo se busca un ingreso que sostenga a las familias por encima del umbral de la pobreza.

Y pobreza es lo que se está temiendo que comience a abundar en nuestro país tras el paso del ciclón coronavirus, que está arrasando con el tejido productivo y con nuestras principales fuentes de riqueza. Pobreza que traerá muy malas consecuencias en todos los sentidos, si no se pone remedio.

Las previsiones macroeconómicas están señalando un semestre muy duro por delante y es que descensos de actividad tan bruscos no se habían visto nunca antes, ni con la crisis financiera del 2008, ni con la del 93. En la primera se perdieron nueve puntos del PIB y en la segunda tan sólo uno.

El panorama nos lo pinta desolador el propio Banco de España, que ha sido el primero de los bancos centrales en poner cifras económicas a la pandemia. El supervisor español calcula que la actividad en España se hundió un 4,7% trimestral entre enero y marzo y haciendo número, antes de que la situación comience a estabilizarse, ya está hablando de una caída que podría llegar al 13,6% del PIB. Y lo que es peor, podemos ir olvidando de la recurrente recuperación en V, porque no se la espera para el 2021.

El servicio de estudios del Banco de España esgrimió tres escenarios posibles y habiendo dejado ya atrás el primero que contemplaba un confinamiento de 8 semanas y una salida rápida, es mejor centrarse en los dos siguientes. El siguiente mantiene la reclusión de las 8 semanas y una salida gradual avanzando hacia una normalización completa a final de año. Es el escenario en el que quiere situarse el Gobierno.  De esta manera el PIB caería un 8,7% y ya supone que algunas empresas no lograrán abrir tras los ERTEs.

En la tercera hipótesis el encierro sería de doce semanas, con una salida lenta y una normalización incompleta de la actividad a final de año, particularmente en la hostelería y el ocio.  Contempla una caída del PIB de un 13,6% complicándose la salida de las restricciones al extenderse la crisis sanitaria. Es el escenario al que el Gobierno no quiere llegar y que implica la desaparición de bastantes empresas y una fuerte pérdida de renta y producción.

El entramado empresarial español, con una inmensa mayoría de pequeñas empresas y autónomos, a los que va a ser difícil hacer llegar la financiación, es muy frágil y la crisis puede abocar a la desaparición de numerosas empresas, que tendrá su inmediata traslación a dificultades en los hogares. Situación acrecentada por la existencia de numerosos contratos temporales y todavía de muchos trabajadores en B, que estarán ayunos de cualquier prestación.

Las cifras del BdE son el crudo indicador de la situación en paro y deuda que se nos viene encima.  Los primeros cálculos indican que el paro alcanzará una cifra este año de entre el  18% y el 22%, no estando contabilizados en estos datos los trabajadores afectados por ERTEs, ya que al seguir cotizando no se les cuenta como parados. Pero hasta los más optimistas saben que una parte considerable de esos 3,5 millones de afectados terminarán en las listas del INEM. Los mismos cálculos hablan de que alcanzaremos un déficit público entre el 7,5% y el 12% del PIB y una deuda que podría alcanzar el 125%. Pero antes de caer en la absoluta alarma es preciso entender que vivimos en la mayor incertidumbre sobre lo que nos está llegando, aunque sabemos que no va a ser bueno.

Los datos del Banco de España han sido secundados por sus colegas europeos, que aseguran que hay que llegar al final de la II Guerra Mundial para encontrar una situación semejante en el hundimiento de la economía, con una contracción este año que dejará muy pequeña a la experimentada en toda la crisis del 2008.

Y previendo lo que está llegando, el Gobierno quiere tener  en marcha la renta vital para mediados del próximo mes de mayo. Una medida bien vista por economistas de derechas e izquierdas y entre los que destacan apoyos tan «sorprendentes» como los de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE y Cristóbal Montoro, anterior Ministro de Hacienda con el PP.

El plan del Gobierno se ciñe a garantizar un ingreso familiar que beneficiará a un millón de hogares, con un total aproximado de tres millones de personas. El coste de la renta mínima, que es un instrumento permanente, será de unos 5.500 millones de euros al año, que se irá rebajando al absorber otras ayudas sociales de ayuntamientos y Comunidades Autónomas. La cifra supone un 60% del coste mensual de las pensiones. Es preciso diferenciar esta renta con la RBU o Renta Básica Universal, porque es una renta garantizada y básica, entregada mes a mes por el estado, sujeta a determinadas condiciones y sólo para un grupo de población concreto.

La renta prevista por el Gobierno de Sánchez permitirá a su beneficiarios compaginarla con un empleo durante unos meses para incentivar la incorporación al mercado laboral. Para su concesión se computarán todos los ingresos por rentas del hogar beneficiario y se realizará un examen del patrimonio. El cruce de datos entre Hacienda y Seguridad Social resulta crucial para evitar fraudes y combatir la economía paralela.

Por otro lado respetará las diferentes rentas de inserción autonómicas que existen en las 17 CC.AA., desde que en 1989 el País Vasco puso en marcha la suya. Son muy dispares en condiciones y cuantías –entre 300 y 726 euros- pero benefician a más de 300.000 hogares en riesgo de extrema pobreza y tienen un coste anual que apenas supera los 1.500 millones de euros. Alcanzan al 8% de las personas en riesgo, cifra que en el País Vasco se eleva al 71%, lo que convierte a la renta mínima en el instrumento más eficaz para paliar la situación económica de los hogares en riesgo de exclusión.

Por su antigüedad y cobertura, merece la pena fijarse en  la herramienta del País Vasco, la RGI o Renta de Garantía de Ingresos. Como dice el Gobierno Vasco, es una “prestación económica mensual para atender las necesidades básicas de personas que no disponen de recursos suficientes y que les ayuda a encontrar una salida laboral». Con sus 665 euros de media, es la más elevada de todas las rentas autonómicas, y una gran parte de sus beneficiarios son jubilados que complementan con ella sus exiguas pensiones.

La RGI se concede en determinadas circunstancias y criterios, pudiendo el menor cambio en alguno de ellos suspender la ayuda. Y como se demuestra con constantes estudios, no desincentiva la búsqueda de trabajo que es el “mantra” repetido por la Iglesia y la derecha. Y en todo caso, si el país no puede ofrecer trabajo para todos, lo que sucede cuando el desempleo está por encima del  estructural 3%, parece obligado establecer medidas que palien la situación. Y la obligación deviene porque el trabajo y la vivienda son derechos consagrados en nuestra Constitución, de la que algunos solo se acuerdan para lo que les interesa.

Los beneficiarios en paro deben estar inscritos «ininterrumpidamente como demandantes de empleo»,  y pueden perder la ayuda en caso de «rechazar un trabajo adecuado». También si se rechazan mejoras económicas en sus trabajos, que podrían conllevar una suspensión de la RGI al superar los umbrales máximos.  Percibir la ayuda no provoca que sus receptores dejen de buscar trabajo o de ingresar en el mercado laboral, como lo atestigua un informe del Instituto de Economía Laboral (IZA) que analiza el impacto de la RGI en el estatus laboral de miles de vascos beneficiarios. A grandes rasgos, la ayuda «no retrasa» ni coarta la entrada en un puesto de trabajo. El informe añade que las políticas activas de empleo específicamente diseñadas, tienen un impacto muy positivo en la reincorporación del mercado laboral. Los beneficiarios de la RGI, con cursos de formación, tienden a encontrar trabajo.

La aplicación de la RGI y otros instrumentos similares tiene grandes beneficios:

  • Evita la exclusión social y la extrema pobreza con todo lo que conlleva
  • Ayuda a que los trabajadores con más dificultad para encontrar empleo no se queden desamparados por completo y les permite formarse para encontrarlo
  • Obliga a las empresas a contratar teniendo en cuenta el SMI
  • Ayuda a cribar las empresas que se aprovechan con políticas de sueldos bajos y reduce la precariedad
  • Obliga a la búsqueda de empleo

Es preciso recordar que en el País Vasco la tasa de desempleo ronda el 8% y que salvo casos muy excepcionales de deshumanización o fanatismo, la población acepta la RGI, porque 20 años han demostrado sus bondades y eficacia.  Las “paguitas” son los 80.000 al año de alguna Fundación en Madrid. Como todos los partidos la aceptan no hay clientelismo y los partidos que no la quieren carecen de representación política. Paradigmático ¿no?

Además de los resultados directos sobre la población directamente beneficiada, tiene un efecto dinamizador sobre la economía a la que se le está inyectando dinero que llega desde abajo. Este dinero fluye hacia todo el sistema económico y no sucede como con el rescate bancario, que ni favoreció al consumo ni a las familias, terminando el dinero en fondos buitre y paraísos fiscales. En suma, hay más dinero en el bolsillo de todos, que es lo que siempre quieren hacer los liberales bajando impuestos, aunque ese caso no suele beneficiar a los más pobres.

Y otra cuestión que yo considero importante, aunque pueden ser cosas mías, elimina de raíz el concepto voluntarista de caridad hacia los pobres y lo cambia por el de justicia en el reparto social. Tal vez por esto no guste a la Iglesia Española, que curiosamente tiene una opinión contraria a la del Papa Francisco.

No puedo dejar de resaltar, me va un retorcimiento de estómago de no hacerlo, la postura de la Conferencia Episcopal Española (CEE), destacada por su portavoz, Luis Arguello, que se muestra contraria a que la renta básica sea un instrumento prolongado en el tiempo.  Y dice, se atreven a decir, quienes cobran todos los años, de una manera u otra, entre subvenciones, subsidios y prebendas, más de 10.000 millones de euros,  “pensar en una permanencia de grupos amplios de ciudadanos que vivan de manera subsidiada yo creo que no sería un horizonte deseable a largo plazo para el bien común» y añade «podrían dejar de pensar tener un trabajo».

Tendremos que pagar, sí o sí, entre 2.000 y 3.000 millones de euros por el rescate de las autopistas de Esperanza y otros preclaros políticos y aunque nos hemos librado de los 4.731 millones de euros que íbamos a pagar a Florentino Pérez por el fiasco de Cástor, la banca nos ha dejado a deber unos 65.000 millones de euros del rescate y ya ha dicho que no los devuelve, el túnel del AVE en Pirineos nos ha salido «a devolver» en unos 450 millones, aeropuertos inservibles en Castellón (150 millones) y Ciudad Real (900 millones) y una larga lista de infraestructuras inútiles que tan sólo han sido rentables en algunos casos para Florentino y siempre para los comisionistas…y no escucho a los partidos que miran por el interés de los españoles salir a reclamarlo. Pero aparece la «paguita» y la derecha y la Iglesia salen en tromba. Será que ese dinero no va a ir a sus bolsillos y va a invalidar su antiguo camino al cielo por la caridad…será.

Eduardo Lizarraga

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La Seguridad Social ha habilitado un teléfono de atención al ciudadano, el cual podrá solicitar todo tipo de información respecto al Ingreso Mínimo Vital, desde los requisitos a los plazos. Este teléfono pasará a ser el 900 20 22 22 y tendrá un horario de 9:00h a 14:30h.

Condiciones para acceder a la prestación

Para paliar las consecuencias de la crisis del coronavirus, el Gobierno, además, ha puesto a disposición diferentes ayudas para los ciudadanos españoles con dificultades económicas:

Bono social eléctrico 

Bono de agua

Bono telefónico«