En mayo de 2023 entró en vigor la nueva Ley de Vivienda que modificó aspectos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), intentando dar mayores derechos a los inquilinos. Uno de los puntos más polémicos fue la posible declaración de zonas de mercado tensionadas en las que se produce una desproporción entre el precio de los alquileres y el poder adquisitivo y que quedarían sujetas a unos precios de alquiler marcados por un índice y un incremento controlado de las rentas.

La regulación de los alquileres ha producido una desbandada hacia el alquiler temporal

La competencia de la declaración de estas zonas es de las administraciones locales y autonómicas, siendo el color político el motivo más importante para su declaración. La Comunidad de Madrid, por citar el paradigma, ya ha manifestado que no hará caso a esta nueva legislación que favorece a los inquilinos frente a los propietarios.

Aunque la ley entró en vigor en mayo, se aprobó en el Consejo de ministros en febrero de 2022 y esta aprobación sembró el pánico entre los propietarios que veían como la nueva ley iba a limitarles las rentas al 2% y podrían perder parte de la rentabilidad de su inversión. La consecuencia fue el comienzo de una desbandada de propietarios hacia otras posibilidades como el alquiler vacacional, el temporal o la venta de la propiedad.

Los alquileres temporales crecen con fuerza

Una de las modalidades que más está creciendo, ya que el alquiler turístico está más controlado por las Comunidades Autónomas y Hacienda, es la figura del alquiler temporal, que se contempla en la LAU pero no está bien desarrollada. Aunque sí es cierto que deja tres puntos muy claros: es de uso diferente al de vivienda, debe hacerse por un periodo de tiempo de entre uno y once meses y debe especificarse un motivo para este tipo de alquiler, siendo este punto el más definitorio del alquiler temporal.

Pero los propietarios han visto en esta modalidad una vía alternativa para colocar pisos en el mercado del alquiler que, sin las limitaciones de la regulación aprobada con la Ley de Vivienda, genera rentas superiores en casi un 40% a los alquileres tradicionales, sin limitación en las subidas y pudiendo recuperar la vivienda en menos de un año. No es algo nuevo y el fenómeno comenzó hace unos cuatro o cinco años conforme avanzaban las ventajas legislativas para los inquilinos con contratos de 3 a 5 años y con limitaciones en las rentas, pero el movimiento ahora ya es general.

De esta manera los alquileres de temporada superan ya el 15%, originando un descenso muy importante en los alquileres tradicionales, lo que sumado a una abultada demanda, ha convertido en un drama la búsqueda de una vivienda digna en alquiler en la que poder vivir. Y no olvidemos que éste es uno de nuestros derechos constitucionales. En algunas zonas como Barcelona, el alquiler temporal es ya casi el 40% de la oferta de alquiler anunciada. Y es que los beneficios para los caseros son innegables, desde requerir el pago de la mensualidad a la agencia a exigir el pago de los gastos de comunidad, el seguro de impago, el IBI, seguro del contenido de la vivienda, los dos meses de fianza…no hay límites para las exigencias del propietario.

Muchos contratos de alquiler temporal son un fraude de ley

El auge de estos arrendamientos temporales está teniendo mayor incidencia en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao o Madrid, pero en otras como Málaga, Sevilla o San Sebastián no les van a la zaga, lo que demuestra que están teniendo especial incidencia en los grandes mercados.

Eludir las limitaciones impuestas por la ley de vivienda parece muy interesante, pero alquilar un piso como vivienda habitual con un contrato temporal es un fraude de ley y tiene sus riesgos.

Influidos por su propio interés, muchos caseros están realizando contratos temporales y justificándolos sólo por su duración, lo que es una actuación ilegal ya que esta modalidad tiene que obedecer a una causa concreta que debe reflejarse en los contratos, ya sea por cuestiones laborales, académicas o vacacionales.

Si la propiedad va a utilizarse como vivienda habitual y el inquilino carece de una vivienda en propiedad todo podría volverse contra el arrendador, que correría el riesgo de enfrentarse no sólo a las sanciones que establezca la ley, sino que demostrando el inquilino que es su residencia habitual al carecer de otra, el contrato podría pasar de temporal a tradicional, pudiendo prorrogarse hasta cinco años–siete si son personas jurídicas- y sin posibilidad de subidas. Por no hablar de limitaciones a la renta por zona tensionada si lo fuera. Es decir, podrían verse atados a un alquiler tradicional en condiciones muy desfavorables.

La regulación del alquiler temporal también llegará

En la tramitación de la Ley de Vivienda, en la que hubo demasiadas prisas, el alquiler por temporadas se quedó como tarea pendiente, aunque los sindicatos de inquilinos e inquilinas ya avisaron en el mismo mes de abril, de que la nueva legislación dejaba un vacío en los alquileres por meses y que con este agujero los caseros podrían hacer subidas sin ningún tipo de límite recurriendo a la figura del alquiler temporal.

Se asumió que había que hacer algo, pero no se concretó nada más allá de que en la disposición adicional quinta de la ley se establecía la constitución “en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley” de un grupo de trabajo para el estudio y mejora de los contratos de arrendamiento distintos a los de vivienda y en especial los de temporada.

El Ministerio de Vivienda creó la comisión en diciembre y por ahora se ha reunido una sola vez. Mientras tanto, en paralelo, la Generalitat asegura que estaba redactando una nueva normativa, pero que no se podrá aprobar de la manera pensada por las elecciones anticipadas del 12 de mayo. En este sentido, la consejera de Territorio, Ester Capella, que afirma estar buscando las herramientas jurídicas necesarias para frenar la fuga de contratos de alquiler permanentes hacia el mercado temporal, quiere prohibir antes de las elecciones que los propietarios esquiven el límite del alquiler ofreciendo contratos temporales fuera de la legalidad. “Hay que buscar la manera de cerrar puertas” apostilla.

A día de hoy las asociaciones de inquilinos aseguran que ha sucedido lo que temían, que la existencia del alquiler temporal se ha convertido en una vía de agua que está hundiendo el mercado del alquiler y que la administración debe taponar cuanto antes.” Los arrendadores han encontrado un agujero legal para continuar especulando y sacando un mayor rendimiento económico a costa de los derechos y de la necesidad de quien vive de alquiler.  Con la mala praxis que significa el alquiler temporal el mercado se convierte en una jungla” y exigen medidas rápidas y contundentes, “porque el mercado de alquiler temporal seguirá creciendo”.

La solución al problema de la vivienda comienza a ser perentorio

El problema del alquiler es muy complicado de resolver, estando causado por varios motivos que dilatados en el tiempo forman ya parte de nuestra sociedad. Por un lado, las continuas y exageradas ayudas a la compra de vivienda – unos dos billones de euros en los últimos 20 años-, pedidas, casi exigidas por amplios sectores industriales y financieros; ayudas que han detraído recursos que eran imprescindibles para la construcción de un parque público de vivienda social. Por otro la consideración, impulsada por los mismos sectores y todo el inmobiliario en su conjunto, de que la vivienda es un bien de inversión seguro y de elevada rentabilidad.

Y ante esta creencia chocarán en vano todos los esfuerzos para volver a convertir a la vivienda en un bien de primera necesidad que debe ser accesible para todos. Tres millones de propietarios con viviendas en posible rentabilidad son demasiados. Y si les sumamos los últimos llegados, con inversiones muy apalancadas, que ven como la subida del euríbor y las medidas del gobierno para bajar los alquileres les pueden dejar contra las cuerdas, se entienden los mensajes de crispación y casi de desobediencia civil que llegan desde diversos medios y administraciones, muy sesgadas por el color político y que abandonan el derecho de muchos españoles a disponer de una vivienda digna y ajustada a sus posibilidades por el derecho de unos propietarios a tener beneficios. Es el dilema de qué debe estar primero, si los beneficios de unos o la vida de los otros. Por desgracia ese dilema moral ya no existe y vivimos en un país en el que el derecho a la propiedad privada parece que debe estar por delante de todos los demás. Y claro que podéis tirarme piedras por decirlo.

La regulación del alquiler temporal y su control deberá llegar más pronto que tarde y los Ministerios de Vivienda y Hacienda deben encontrar una solución antes de que el problema se agrave aún más. Tres millones de familias viven de alquiler en nuestro país y no se pueden ir a vivir debajo de un puente. Es un problema social de consecuencias graves y que nos concierne a todos.

Cataluña iniciará el movimiento de control de los alquileres temporales

Cataluña es la comunidad con más desahucios, con mayores subidas en el precio de los alquileres, con menos oferta y mayor cantidad de caseros huidos hacia el alquiler temporal. También es la que ha declarado 140 municipios como zonas tensionadas y está aplicando el índice de alquileres. Por lógica son los primeros que tomarán decisiones y desde la barrera podremos ver sus resultados. Pero como son catalanes igual no nos vale lo que hagan y confundiendo peras con manzanas despreciaremosy criticaremos su esfuerzo. ¡Menudo país que estamos dejando!

Periodista económico

Eduardo Lizarraga

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