Era el momento del cierre del 41º Congreso Federal del PSOE y en su intervención, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la que sería noticia titular de primera página y abriría los informativos, el Ejecutivo va a crear una gran empresa pública de vivienda que se encargará de construir y gestionar viviendas asequibles desde la Administración General del Estado. Y a muchos se les atragantó lo que quedaba del domingo, empezando la semana con mal pie. Empresa pública y en el sector de la vivienda, en el negocio preferido de varios millones de españoles y los grandes grupos de inversión…

Sánchez, que no es precisamente tonto y bien lo demuestra ganando ya dos elecciones cuando se le daba por desahuciado, sabe cuál es el problema principal de los españoles a los que les importa un rábano la inmigración, el aborto y si se indulta a los catalanes o no. Lo importante es el techo y lo de comer, que luego ya iremos viendo. Y como no se quiere meter en una impopular guerra de control de precios, como le piden desde el Sindicato de Inquilinas, va a intentar incrementar la oferta en el menor tiempo posible para romper el mercado y bajar esos precios que están disparados.

El papel del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana

La jugada, según desveló al día siguiente la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, lleva ya fraguándose con gran sigilo al menos un año. Y los mimbres necesarios, sino todos, están previstos y dispuestos con la suficiente capacidad para dar cuerpo y fuerza a esta apuesta electoral. Porque no lo dejemos de lado, la legislatura, con una economía boyante y el mercado laboral fortalecido, se va a jugar en las políticas de vivienda. Esas mismas en la que otras administraciones aseguran que las viviendas son de los propietarios y estos hacen lo que quieren con ellas sin que se deba intervenir. Puede ser discutible el comentario, sobre todo cuando los damnificados por esas políticas se cuentan por millones y la vivienda está consagrada como bien social.

Con la creación de esta “Empresa Estatal de Vivienda” se hace un guiño prolongado a los partidos a la izquierda del PSOE, que llevan pidiéndola años y se pone en evidencia la inactividad de la que otras administraciones hacen gala y que deberían ir cambiando, porque la realidad es tozuda y ésta dice que muchos españoles no pueden pagar la vivienda ni tener una vida familiar -que España necesita- porque no saben cuando se quedarán sin la casa y tendrán que buscar otra…y estos españoles votan.

Un día después del anuncio de Pedro Sánchez, con un guión muy bien preparado, la ministra, Isabel Rodríguez explicaba que la Empresa Pública de Vivienda se creará alrededor de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), que será reconvertida y fortalecida con inyecciones de recursos a través del ICO, para abordar el problema de la vivienda de una manera integral, desde el suelo, a la urbanización y la construcción de las viviendas, hasta su movilización y gestión, como alquileres asequibles. Desde esta empresa pública, se construirán viviendas asequibles para alquiler, en colaboración con las constructoras. El suelo ya lo tiene y se le sumará el disponible por Adif y también en la Sareb que, pudiera ser que no fuera desmantelada antes del 2027.

La ministra también desvelaba que el proyecto hace ya un año que se está gestando por parte de los Ministerios Económicos, que le están dando forma jurídica y que saldrá a la luz, porque además no necesita pasar por el Consejo de Ministros, de forma inminente.

Un millón y medio de viviendas en alquiler asequible para un mercado seco

Es decir, se está enfocando la resolución del problema residencial en el medio y largo plazo, con la construcción prevista de un millón y medio de viviendas. Esto si que puede alejar a los fondos buitre del mercado y no la regulación, porque con esa disposición de vivienda en el mercado los precios tendrán que bajar y las rentabilidades previstas a medio y largo plazo podrían no cumplirse jamás. Está claro que ya se estará fraguando un plan para echar abajo la iniciativa, que es mucho dinero e inversión los que están en juego.

Pero hablamos de un proyecto a medio y largo plazo que evitara a Sánchez el tener que meterse en el espinoso problema del control de alquileres “manu militari”.  Con lo que hace falta un complemento a corto plazo para que llegue vivienda al mercado del alquiler tradicional e incluso al de la compraventa que también está disparando sus precios.

Ha sido también la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodíguez, la que ha indicado cual va a ser la jugada de Ministerio para incrementar la oferta del alquiler tradicional y también la compraventa, lo que es una buena noticia para las inmobiliarias que tienen los escaparates secos.

La regulación de los alquileres de temporada ya está en puertas

Se trata -y lo cierto es que están tardando demasiado para el agujero en el que se han convertido- de regular por ley los alquileres de temporada, que tras el proceso de consulta pública, saldado con más de 400 aportaciones, se ha remitido ya al Consejo de Estado y podría estar lista antes de final de año. La regulación va a perseguir los fraudes no solo en contratos de temporada, sino también en alojamientos turísticos. La intención es que estas modalidades de alquiler no detraigan viviendas al alquiler tradicional.

Otra medida que también ha anunciado Sánchez para apuntalar este esfuerzo nacional, es su intención de blindar a perpetuidad en la Constitución el carácter público de las viviendas construidas con recursos públicos, para evitar que con el tiempo -como ha sucedido con la mayoría de la vivienda pública edificada- terminen en el ámbito privado con buenos beneficios de por medio.

SEPES, Sareb, e ICO en el entramado del esfuerzo estatal

Conocida la intención del Gobierno de crear esa gran empresa estatal de vivienda, también se han avanzado los grandes mimbres con los que se podrá construir: La Sareb y el Sepes con la participación del ICO.

La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) es una empresa pública dependiente del Ministerio de Vivienda que gestiona el suelo público y dispone de más de 15 millones de metros cuadrados. Según Isabel Rodríguez va a ser el germen de la futura empresa pública de vivienda. En este nuevo desarrollo, la Sareb, que ya está comenzando a poner parte de sus inmuebles, heredados de la crisis financiera del 2008, a disposición del parque público de vivienda en alquiler asequible, podría no disolverse y cambiar su mandato. Rehabilitando y reconvirtiendo inmuebles (30.000 millones en activos) y otros edificios públicos en desuso para destinarlos a vivienda.

De no haber sido disuelta por Rajoy en 2012, podría haberse incorporado la Sociedad Pública de Alquiler, creada por José Luis Rodríguez Zapatero, en 2005 y que ya en aquellos años tenía como objetivo paliar el déficit de viviendas en alquiler, actuando como avalista de los inquilinos ante los propietarios. La iniciativa, que llegó a gestionar 9.000 alquileres, tuvo unas pérdidas de 37 millones de euros al cerrarse.

Una experiencia iniciada ya en Cataluña y Euskadi

El modelo a seguir y lo ha adelantado ya la ministra de Vivienda, podría estar entre el de la AMB, empresa del área metropolitana de Barcelona que define las políticas de suelo y vivienda impulsando promociones de alquiler asequible con socios privados y las iniciativas de vivienda en Euskadi que se concretan en Visesa, encargada de la promoción de vivienda protegida en alquiler, y Alokabide, que moviliza vivienda vacía, tanto pública como privada, dando garantías a los propietarios que perciben una renta por debajo del mercado y tienen la seguridad del cobro y la restauración de los daños si los hubiera.

Las interesadas voces en contra de la Empresa Estatal de Vivienda

Las voces en contra ya se han dejado oír. Entre ellas la Confederación Nacional de la Construcción, que ha indicado que esta empresa pública no va a resolver los problemas y que además no la necesitan porque en España están «las mejores empresas del mundo de la construcción». Estos empresarios, enmarcados en la CEOE, aseguran que con seguridad jurídica, menos burocracia y menos políticos se podría enfocar el problema desde el ámbito privado con todas las garantías, y los correspondientes beneficios, por supuesto.

No ha sido la única voz que ya se ha alzado contra la iniciativa, el inefable Jordi Turull, secretario general de Junts, ha manifestado su temor de que suponga un intento de recuperar competencias en la política de vivienda, asegurando que en Cataluña -posiblemente la comunidad con mayores problemas- no se necesitan actuaciones de ese tipo.

Un esfuerzo común amenazado por los intereses políticos

Y este, la falta de colaboración del resto de administraciones,  puede ser el mayor riesgo para esta empresa que aún no ha nacido. Porque en nuestro país la Constitución establece que las comunidades autónomas asumen «la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda«, una materia que ha sido incluida en todos los Estatutos de Autonomía. Y aunque el Estado podría comprar suelo y construir viviendas en todo el territorio nacional, estaría sujeto a las normativas urbanísticas autonómicas y municipales.  Para evitar conflictos y garantizar que los proyectos llegaran a buen fin, será clave la colaboración con las administraciones locales y autonómicas.

No es el único problema sobre el que muchos han puesto ya el ojo, desde la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), advierten que la construcción de viviendas «es una actividad intensiva en capital» y pudiera ser que sin la suficiente dotación presupuestaria todo quedara reducido a un simple anuncio con mucho bombo y platillo. Y en eso tiene razón, porque la construcción de 1,5 millones de viviendas a un mínimo de 100.000 euros c/u, porque el suelo ya se tiene, es un dinero que habrá que presupuestar.

El movimiento político en contra se apoyará en los fondos y los rentistas

En todo caso, el problema que padecemos es tan grave y de tal tamaño tras demasiados años de inacción, que ninguna administración por su cuenta, ni tan siquiera la del Estado, puede enfrentarse a la situación sin contar con la colaboración estrecha del resto de administraciones. Y ya sabemos lo que está sucediendo con la no aplicación de la Ley de Vivienda y de esas zonas tensionadas que se niegan a declarar, que los motivos partidistas y políticos de algunas administraciones pasan por encima de las necesidades de sus administrados y se vuelve a la falacia de siempre, que el mercado, si no se interviene, se regula a sí mismo. Lo que en vivienda llevamos los 25 años de este siglo sin que ocurra.

La oposición PP/VOX, apoyada en las administraciones que controlan, intentará hacer descarrilar el proyecto y lo harán apelando a los más bajos instintos de propietarios y sectores interesados en la vivienda, que aumentan sus beneficios de forma proporcional al incremento de demanda insatisfecha, causante de la desgracia a millones de españoles y origina problemas para el futuro social y económico de España.  Es una jugada a medio plazo y sabremos que tendrá visos de salir bien, cuando los fondos de inversión comiencen a vender sus carteras  inmobiliarias porque vean la rentabilidad amenazada, lo que acrecentará la intensidad del cambio en el mercado. Podría no ser una utopía.

Periodista económico

Eduardo Lizarraga

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