Que los políticos viven en una burbuja que les aísla de la realidad es algo notorio y no es sólo que algunos desconozcan el precio de un café en el bar de la esquina, es que la mayoría ignoran lo que se vive día a día en las calles de sus ciudades. Y como ejemplo se puede citar el desconocimiento del que Ábalos hizo gala cuando aseguró de forma rotunda que en España no había desahucios porque las medidas del Gobierno no los permiten. De forma inmediata se le echaron las asociaciones antidesahucios a la yugular para asegurarle que desde el fin del pasado estado de alarma, el día 4 de junio, y hasta el día 30 de aquel mismo mes, se ejecutaron nada menos que 1.388 desahucios en todo el país.

Además de poner de manifiesto la ignorancia del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el dato confirma que las medidas tomadas por el Gobierno no protegen todas las situaciones de vulnerabilidad, sino que sólo afecta a algunos desahucios de alquiler en los cuáles se acredite en los juzgados vulnerabilidad producida por la COVID19, según la reducida definición del Real Decreto Ley 11/2020. El resto de desahucios, que no estaban parados por una supuesta moratoria sino por la suspensión de los plazos procesales, pudieron reanudarse desde 4 de junio, gracias a una modificación legal aprobada por el Consejo de Ministros a finales de mayo, contenida en el artículo 8 del RDL 537/2020 de prórroga del estado de alarma.

En breve tendremos los datos del tercer trimestre y prometen ser terribles. Y es que a diferencia de otros años en que durante el verano se para la actividad judicial, en éste pasado sí la ha habido.

Con su último decreto para prorrogar lo que dieron en llamar “el escudo social·, el Gobierno ha suprimido la rácana moratoria de las hipotecas y, de forma muy acertada por la temporada del año en la que entramos, también ha suprimido la prohibición de los cortes de suministros básicos. Lo que nos dice lo mucho que han quedado para cenar con las empresas energéticas, este gobierno que se decía progresista.  Y luego va Ábalos y la mete hasta el corvejón…

Al final, son las prisas y la improvisación las que han llevado a todo Europa, no sólo a nuestro país, a una situación mucho peor que la sufrida en marzo. Se dio prisa el Gobierno en desmontar las moratorias e intentar volver a la normalidad devolviendo las competencias a las comunidades autónomas, que se lanzaron de forma desenfrenada a una carrera kamikaze por pasar de fase, incluso a saltos. Intentaron salvar la hostelería, el turismo, el comercio…tal vez pensaban que el virus ya no estaba y que el calorcito del verano y las cervecitas traerían la salud y la recuperación económica. Y de forma dramática se equivocaron todos; el Gobierno soltando las riendas y las autonomías intentando recuperar la actividad perdida. Lo único que consiguieron – la economía se ha ido al traste igual-  es que ahora estemos casi peor que en marzo. Y el casi viene de que los hospitales aún no han colapsado, pero si seguimos tomando medias medidas y a destiempo, lo conseguiremos antes de las navidades.

Los escenarios dibujados por el Banco de España, con caídas del PIB de entre el 10 y el 12,6%, se van a ver superador con esta segunda ola. La tímida recuperación del verano, conseguida al precio de miles de muertes e infecciones, ya ha desaparecido como si no hubiera existido . Y podemos descartar ya cualquier escenario de recuperación rápida. Con la pandemia desbocada y sin control, los escenarios previstos son susceptibles de empeorar y mucho.  Y si marchando bien las cosas, no estaba previsto que España recuperara el nivel económico previo al coronavirus antes de finales del 2022, con la actual situación mejor ni hacer previsiones para no caer en las lágrimas, porque a lo que parece lo peor está por venir y en todos los sentidos. El Gobierno va a tener que enfrentarse de nuevo al problema de la pobreza y los desahucios y no puede dejar que los colchones y sus propietarios lleguen otra vez a las calles,  con un virus corretón e inmisericorde.

De nuevo se hace necesario establecer moratorias en el corte de suministros y en los desahucios. Y no vale decir que sólo en los afectados por la pandemia, porque ya lo somos todos.

De ese millón largo de nuevos parados que va a provocar la pandemia hay una parte que procede de un mercado laboral regulado, con contratos más o menos estables y que devengarán prestaciones por desempleo. Pero otros muchos nuevos parados pertenecen a ese gran porcentaje de españoles que dispone de contratos precarios, cuando los tiene o cobra en B cuando va a trabajar y que sobreviven de sus ingresos veraniegos. Procedentes muchos de ellos de la hostelería, el campo o servicios poco regulados, no dispondrán de ninguna cobertura y deberán enfrentarse a los 24 ó 36 meses de crisis que tenemos por delante con pocos recursos. El pago del alquiler de la vivienda o la hipoteca va ser uno de sus principales problemas.

A los grandes tenedores se les impiden los desahucios sin alternativa habitacional, tanto en situaciones de impago hipotecario como de alquiler. ¿Pero qué hacer con los impagos de los millones de propietarios particulares de viviendas y que en muchos casos necesitan las rentas? La memoria de la Agencia Tributaria de 2018, publicada este pasado mes de julio, aseguraba que las viviendas en alquiler declaradas en manos de particulares podrían llegar  hasta las 2.264.594 viviendas, lo que sumado al 40% fraudulento que no declaran los arrendamientos nos daría que tenemos algo más de 3,2 millones de viviendas en alquiler en manos de particulares. Una moratoria en esos desahucios produciría nuevos problemas, pero lo contrario los puede producir aún mayores y el gobierno actual no es el PP de Mariano Rajoy, que fomentó e ignoró más de 650.000 desahucios.

El decreto contemplaba también una prórroga automática de todos los contratos de alquiler durante seis meses; créditos a interés cero y ayudas directas para inquilinos con dificultades para pagar los alquileres, junto con la paralización de los desahucios por impago de las rentas, también durante seis meses. Con esta situación se aseguran los ingresos de los pequeños rentistas y salen más perjudicados los grandes tenedores, fondos de inversión y socimis.

Son medidas necesarias ante la situación que ya se vive y empeorará en millones de hogares españoles; el cierre por comunidades de una gran parte del país y el parón de la actividad económica las convierten en imprescindibles si no queremos tener una debacle el próximo invierno. Sin embargo,  todas se fundamentan en créditos, a coste cero, pero que habrá que devolver en un espacio de tiempo. Y en la débil economía de muchos compatriotas, viviendo al día, sin ahorros y con empleos precarios y mal pagados, cuando los tienen, la situación de extrema necesidad que llega en los próximos meses, va a convertir esta deuda en inasumible. Preveíamos problemas en seis meses, pero con la segunda ola que parece un tsunami van a ser muchos más y esas medidas se quedan cortas.

En lo referente a su colaboración en las moratorias hipotecarias, teniendo en cuenta los datos hasta finales de junio facilitados por las mismas entidades financieras, el Banco de España asegura que los bancos han concedido ya 1,1 millones de moratorias hipotecarias y no hipotecarias a los afectados por la crisis del coronavirus, con un saldo vivo pendiente de amortización de 41.160 millones de euros. ¿A cuánto más tiempo deberán llevarse esas moratorias? ¿Habrá dinero para pagarlas?

El Sindicato de Inquilinas asegura que el aluvión de desahucios provocados por la pandemia vendrá a partir de la primavera y el verano próximo, por lo que habrá que legislar medidas que cubran los dos próximos años, al menos. Estamos ya comprando papel higiénico y harina para el segundo confinamiento y no podemos permitir que a muchas personas se las siga echando a la calle por la fuerza y nunca mejor dicho, porque llevar los antidisturbios a los desahucios es demostrar de forma clara los intereses de quién se defiende.

Y si el movimiento se demuestra andando, lo que Ábalos debe hacer para poder sacar pecho en la próxima oportunidad sin decir tonterías, es decretar el cese de toda la actividad judicial vinculada con los lanzamientos.

Las medidas que debe tomar el Gobierno ante la crisis social, económica y humanitaria que nos acecha no pueden ni basarse en créditos bancarios para los afectados ni intentar garantizar tan sólo los ingresos de los rentistas. La situación es mucho más grave y profunda,  necesitando medidas más amplias y prolongadas. No se trata de parar el golpe con prórrogas de unos meses y vales descuento.

Varias son las causas que imposibilitan que la vivienda sea ese derecho que consagra nuestra constitución. El primero que en un esfuerzo común ha pasado de ser un bien de primera necesidad a un bien de inversión sujeto a los vaivenes del mercado y con amplia participación de actores internacionales; esta condición ha disparado su precio muy por encima de lo que nuestros salarios lo permitirían, convirtiéndonos en esclavos de por vida para acceder a ese derecho. La especulación inmobiliaria, en la que todos colaboramos muy alegremente, busca obtener rentabilidades disparatadas para un bien de primera necesidad y se consagra en base a criterios falsos de seguridad jurídica e intereses creados.

Este marco diabólico ha convertido a nuestro país en uno de los mercados inmobiliarios más especulativos, que a pesar de las circunstancias continúa generando deuda y cementando a la vez hasta el último metro cuadrado de nuestras costas, no podría ser tan atractivo para los grupos inversores que son, al final, quienes manejan los hilos, si España tuviera un parque de vivienda social proporcional a su población. Pero no es así, estamos muy lejos de los porcentajes de Holanda, Francia o Alemania, que llevan más de un siglo invirtiendo en vivienda social para sus ciudadanos, en tanto que nosotros nos hemos dedicado a proteger al comprador privado con ayudas, desgravaciones y subvenciones.

Esa política de vivienda errónea tiene que cambiar, pero como los millones de viviendas sociales que necesitamos no se edifican en un año, ni siquiera en dos o tres, el Gobierno deberá poner en marcha soluciones imaginativas para que miles de desahucios no vuelvan a llenar de ignominia nuestra sociedad, confundiendo a los desahuciados con delincuentes. Y ese derecho a la vivienda para todos parece difícil de conseguir sin cambiar el criterio de activo financiero al que hemos llegado. Y sin perjudicar a los pequeños rentistas que sobreviven de ello. Jajajajaja….¡a ver qué hacen!

Eduardo Lizarraga

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