La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), junto con la Asociación Europea de Viviendas Vacacionales (EHHA), ha llevado a la Comisión Europea (CE) una reclamación contra el decreto catalán que regula los pisos turísticos. Esta denuncia surge en un momento clave, donde el acceso a la vivienda y el equilibrio entre turismo y residencia permanente son temas de alta relevancia en Cataluña.

Un decreto que no resuelve el problema del acceso a la vivienda

Federatur argumenta que este decreto, lejos de solucionar la problemática de la vivienda, introduce nuevas limitaciones que complican la gestión de los apartamentos turísticos. Entre las medidas más controvertidas del decreto se encuentran:

  • La obligación de obtener una nueva licencia urbanística cada cinco años, incluso si ya se cuenta con una anterior.
  • Un límite de 10 licencias por cada 100 habitantes en 262 municipios catalogados como áreas de alquiler tensionado.

La patronal asegura que estas restricciones no incrementarán la oferta de vivienda para residencia permanente ni garantizarán un mayor acceso a viviendas asequibles. Por el contrario, creen que estas medidas afectan negativamente a los propietarios, quienes se ven limitados en el uso de sus inmuebles dependiendo de su ubicación.

Además, Federatur señala que este decreto no tiene un impacto real en las zonas con alta presencia de segundas residencias, donde las viviendas no se destinan habitualmente al alquiler permanente.

En contra de los derechos comunitarios

La denuncia presentada por Federatur y EHHA subraya que el decreto vulnera seis apartados de la normativa europea, incluyendo tres artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE). Según estas entidades, las medidas impuestas son:

  • Desproporcionadas y discriminatorias.
  • Contrarias a los principios de libre competencia y libertad de establecimiento.

Europa tiene ahora un plazo de 12 meses para decidir si el decreto catalán infringe la normativa comunitaria. De confirmarse esta infracción, la Comisión pedirá explicaciones al Estado español, lo que podría derivar en cambios legislativos.

Apartur y Airbnb también contestan al alcalde Collboni

En el caso específico de Barcelona, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha manifestado su preocupación por las repercusiones del decreto. Según Apartur, esta regulación «rompe la ordenación del sector que ciudades como Barcelona han llevado a cabo en los últimos años». Además, advierten que estas restricciones podrían fomentar la ilegalidad en el sector, un problema que la capital catalana había logrado reducir considerablemente.

Airbnb también ha sumado presión al alcalde Jaume Collboni, enviándole una carta donde destaca el impacto negativo de estas medidas sobre el turismo y la economía local.

Impacto económico de los pisos turísticos en Barcelona

  • 40% de los alojamientos turísticos en la ciudad son apartamentos turísticos, aunque representan solo el 1% del parque total de viviendas.
  • Estos pisos generan 160 millones de euros anuales en impuestos, según datos de Apartur.
  • La regulación podría perjudicar este aporte económico, afectando tanto a los propietarios como a las arcas municipales.

Un decreto polémico que no soluciona el problema

Federatur concluye que este decreto no aborda el problema de raíz: el acceso a la vivienda. Las restricciones a los pisos turísticos no garantizan que las viviendas afectadas se destinen al alquiler residencial. Además, las limitaciones impuestas podrían disuadir a los propietarios de mantener sus inmuebles en el mercado turístico, afectando al sector sin beneficiar realmente al mercado de alquiler residencial.

En una ciudad como Barcelona, con una de las mayores tensiones inmobiliarias de España, este tipo de normativas generan un debate intenso. Según Federatur, los pisos turísticos representan únicamente el 0,7% de las viviendas en la capital catalana, por lo que su impacto sobre el mercado residencial podría estar siendo exagerado.

La denuncia de Federatur ante la Comisión Europea pone en evidencia la necesidad de encontrar un equilibrio entre la regulación del turismo y la solución al problema del acceso a la vivienda. Mientras Europa evalúa si el decreto catalán infringe los derechos comunitarios, el sector turístico y residencial en Cataluña seguirá enfrentando desafíos complejos que requerirán políticas más inclusivas y equilibradas.