Detrás de la fotografía de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias presentando los presupuestos, se vislumbra la firma intención de ir sorteando escollos y llevar adelante la legislatura. Y la vivienda es uno de los problemas más acuciantes de los españoles y del que Podemos ha hecho bandera. Por eso es importante la subida de la tributación mínima de las socimis y el anuncio del compromiso del Gobierno para incluir una regulación del precio de los alquileres en la próxima Ley de Vivienda.

Ante el enfado manifiesto y previsto de Javier Basagoiti, presidente de Asocimi, que augura problemas con los inversores extranjeros de vivienda en España, el Gobierno ha anunciado que la fiscalidad mínima de las socimis pasará del cero al 15% sobre los beneficios no distribuidos. Lo que tampoco es para tirarse de los pelos si tenemos en cuenta que por ley las socimis reparten entre sus socios al menos el 80% de los beneficios y muchas superan ampliamente esa cifra. Pero los buitres son avariciosos.

El problema de los planes de negocio de las socimi, de los que Basagoiti deja caer que podrían peligrar si estas entidades tienen que pagar impuestos, es que se fundan en obtener las mayores rentabilidades subiendo los arrendamientos, lo que perjudica claramente a ese 20% de españoles que viven de alquiler. Es lo de siempre, parece que el beneficio de unos pocos con poder, debe estar por encima de otros muchos que no lo tienen. «Inseguridad jurídica»  se queja Basagoiti.

Será antes de 4 meses –se quiere comenzar a aplicar en marzo- cuando los partidos que forman la coalición de Gobierno lleven la Nueva Ley de Vivienda al Congreso tras ser aprobada por el Consejo de Ministros. Esta nueva norma permitirá  establecer la limitación o bajada de precios del alquiler residencial en zonas de mercado tensionadas, tanto en nuevos contratos como en los ya existentes, medida esta última que se pretende conseguir en base a incentivos fiscales.

Se desea que la norma se elabore en base al consenso, lo que tiene la apariencia de ser una labor harto difícil ya que las empresas del sector inmobiliario rechazan de forma masiva la regulación de precios.

El acuerdo entre los distintos socios del Gobierno introduce dos posibilidades sobre lo que se hará en esas áreas de precios tensionados. La primera es  el establecimiento de mecanismos de contención o bajada de precios tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes y la segunda el impedimento a subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior.

De todo esto ya se llevaba hablando años, como de otras muchas cosas que nunca se hacen, pero la necesidad de apoyos por parte de Sánchez mostró las orejas del lobo Iglesias y las empresas del sector del alquiler, con los fondos buitre a la cabeza, se pusieron a trabajar de inmediato para ver de parar el golpe.

Y fruto de ese trabajo apresurado nació el pasado mes de marzo, ASVAL, la primera Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, de la que la ex directora de comunicación de Fotocasa, Beatriz Toribio, es la secretaria general y Joan Clos , ex ministro de Industria y Turismo, su presidente. La asociación, que tiene como socios relevantes a Testa Home, Aedas Homes, Ares, Tectum, Blackstone, o La llave de oro, con un total de unas 30.000 viviendas, dice representar a empresas y particulares, aunque si tenemos en cuenta que las viviendas en alquiler en España son algo más de 3.000.000, de las que  el 95,6 están en manos de particulares, está claro que su representatividad, más allá de las empresas que la integran, es mínima o inexistente, como se quiera decir.

Pero sin apenas recato, Asval pide ser interlocutor del sector del alquiler con el Gobierno para defender, dice Toribio, los derechos del propietario particular, evitando que las leyes y normas se elaboren de espaldas al sector, como asegura sucedió con el último decreto de vivienda aprobado por la Generalitat de Catalunya. Está claro que ir de lobista de los fondos buitre no viste mucho y es mejor decir que se representa al pobre jubilado que complementa su pensión con un pequeño alquiler, aunque sea mentira. Van a tener que ir de captación de arrendatarios particulares…

Pronto se estrenó la asociación, que salió en tromba a defender los intereses de sus patronos por el aumento de los impagos en el alquiler y la escasa repercusión que el programa de avales del ICO está teniendo en este problema. Está claro que quien no tiene dinero para pagar el alquiler mucho menos se quiere meter en un crédito para que el arrendador cobre. Por eso ASVAL, poniendo por delante la vulnerabilidad de los inquilinos para proteger sus intereses, solicitó que se estableciera un programa de ayudas directas a los arrendadores, que no supongan un endeudamiento para los inquilinos. Vamos, que sus rentas se las pague el Estado.

Su percepción está clarísima, si las cifras de caída del PIB previstas por el Banco de España son correctas y sabiendo por estadística la relación entre desempleo y bajada de la actividad económica, podríamos estar ante el panorama de casi un millón- tirando por lo bajo- de nuevos desempleados a apuntar al coronavirus. Y son los que disponen de trabajos más precarios y que por lo general viven de alquiler. No me extraña que ASVAL quiera que las rentas de los propietarios se las paguemos entre todos.

Como era de esperar, el choque de codos entre Sánchez e Iglesias ha sentado muy mal en el bando de los buitres que temen, con razón, disminuyan los beneficios que obtienen de los alquileres. Esto se entiende mejor con cifras, y así  hay que decir que en términos de rentabilidad, en el primer trimestre de 2020,  en España el beneficio bruto que produjo la vivienda se situó en un 6,81%. Por su parte, la rentabilidad de los bonos a 10 años fue de un 0,4% y la Bolsa produjo pérdidas del 26,6%.

Toribio asegura que el acuerdo entre los dos partidos del Gobierno para poner en marcha una regulación de los precios del alquiler residencial supone una mala noticia para el mercado – y aquí confunde los propios intereses de las empresas a las que representa con los del pequeño propietario de vivienda en alquiler- porque conseguirá el efecto opuesto al reducir la oferta de vivienda en alquiler, dificultando el acceso de la vivienda para los colectivos sociales con menos recursos. Como si los buitres pudieran alzar el vuelo llevándose las viviendas en sus garras a otro país…

Lo que olvidan decir en Asval, es que el Consejo General del Poder Judicial  (CGPJ), destaca en su informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, que el número de lanzamientos hipotecarios practicados en 2019 fue de 54.006, una cifra casi un 10% menor que la producida un año antes. Pero los desahucios producidos por impago del alquiler ya duplican los achacables al impago de la hipoteca, ascendiendo en concreto a 36.467, es decir, un 67,5% del total. Catalunya, con 8.427 desahucios continúa a la cabeza de estas cifras de la vergüenza, seguida por Andalucía, con 5.135; Madrid, con 4.849, y Valencia, con 4.486.

También olvidan mencionar que el precio del alquiler encadena cinco años de subidas consecutivas y  que alcanzó en 2019, con un incremento del 5,1%, su máximo histórico, superando ya de media nacional los 10 euros por metro cuadrado- aunque en algunos barrios de Barcelona o Madrid puede llegar a triplicar y más esa cifra. Y las expectativas serían las de seguir subiendo si no fuera por la pandemia que nos aflige.

Las subidas no se produjeron tan sólo en Madrid y Barcelona, sino que fueron generales en todas las comunidades, salvo Baleares, que en el año 2018 se incrementó un enloquecido 14,9%. Los mayores incrementos registrados en el 2019, corresponden a Comunitat Valenciana con un 10,2% y País Vasco con un 10%, seguidos de Andalucía con un 9,4% y Galicia un 8%. Todos muy por encima del IPC y de las subidas de sueldos y pensiones, superando ya en muchos casos el 40% de los ingresos de las familias

En términos absolutos, la Comunidad de Madrid se situó en el primer lugar, con un precio de 14,86 euros/m² al mes, desplazando a Cataluña (14,14 euros/m² al mes) a la segunda posición por segundo año consecutivo. Por detrás se situaron País Vasco (13,06 euros/m² al mes), Baleares (12,19 euros/m² al mes) y Canarias (9,74 euros/m² al mes). ¿A alguien le extraña que dos de cada tres desahucios se produzcan por impago del alquiler?

Es cierto que ya se están produciendo caídas de los precios en al alquiler, que preceden a la bajada de los del precio de la vivienda. Tal vez por eso sea el momento más oportuno para actuar, con unos precios máximos que no puedan ser superados cuando llegue la recuperación, que llegará. Para los adictos al neoliberalismo más visceral será el mercado quien haya bajado los precios. Es necesario corregir el despropósito que supone que la vivienda, que es un bien esencial, se haya transformado en un objeto de especulación económica sujeto a los manejos del mercado, que no es libre y busca siempre el mayor beneficio.

Está claro que la Ley de Vivienda que ya se perfila no va a solucionar el problema estructural que sufre nuestro país de falta de vivienda social en alquiler. Para resolverlo harán falta años y destinar, como poco el mismo dinero que se ha inyectado desde hace decenios a los propietarios, unos 10.000 millones al año, en forma de desgravaciones y subvenciones. Es hora de cambiar esta política nefasta, que seguía la frase de José Luis Arrese, el primer ministro de vivienda de la Historia, “Quiero un país de propietarios y no de proletarios”, que ha conseguido que estemos a la cola de Europa en vivienda social. Y lo estamos pagando.

No es verdad que los inversores en vivienda vayan a desaparecer. Teniendo en cuenta la locura de la Bolsa y de que los bancos esté ya cobrando por los depósitos a las empresas,  ganar un 3,4% en lugar de un 6,8 no parece ni tan mal;  y tampoco que las economías familiares  que perciben rentas del alquiler vayan a sufrir profundos quebrantos.  Lo que sucederá es que habrá que remodelar los estudios de rentabilidad de la vivienda, llevando su amortización a más años, que los fondos buitre ya no verán tan bonito nuestro país, que maldita la gracia que me hace, y que un millón de familias en España podrán dormir más tranquilas, ahorrándose sufrimientos y desahucios e introduciendo algo más de liquidez en el consumo. En suma, menos pelotazos y más estabilidad.

Eduardo Lizarraga

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