El pasado 5 de febrero el pleno del Parlamento de Cataluña ha convalidado el Decreto Ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, aprobado a finales de diciembre por el Gobierno de la Generalitat, que amplía las medidas de la Ley 24/2015.

Esta Ley no hubiera sido posible sin la presión de las entidades sociales que trabajan por el derecho a la vivienda. Desde 2015, en que se consiguió aprobar por unanimidad la Ley en el Parlamento, fruto de una Iniciativa Legislativa Popular, se han conseguido parar miles de desahucios y cortes de suministro indiscriminados en Cataluña. Al mismo tiempo, los últimos años se ha seguido luchando para ampliar la cobertura y proteger cada vez más a las familias en situación de vulnerabilidad. La Ley 24/2015 es una ley pionera y valiente en el ámbito del derecho a la vivienda, tanto en el ámbito autonómico como estatal e internacional. La ampliación convalidada hoy en el Parlamento de Cataluña es otro paso importante contra la emergencia habitacional que se padece en Cataluña y en el resto del Estado.

Las medidas del nuevo Decreto Ley contemplan aspectos tan importantes como:

  • Renovación a 7 años de los miles de alquileres sociales firmados al amparo de la Ley 24/2015 por 3 años a partir de 2015, que caducan ahora o que finalizan en el futuro.
  • Protección ante desahucios por extinciones de contrato de familias en exclusión residencial en viviendas de grandes tenedores, ampliando a estos casos las ofertas obligatorias de alquiler social.
  • Alquiler social de 7 años para familias en exclusión residencial que se han quedado en la vivienda, sin título, después de una ejecución hipotecaria o demanda de desahucio de hipoteca o alquiler de gran tenedor, o que por falta de alternativas han tenido que ocupar pisos de grandes tenedores personas jurídicas, siempre que lleven al menos 6 meses en la vivienda (desde el 23 de junio de 2019) y tengan un informe social favorable.
  • Todos los nuevos alquileres sociales deberán respetar los plazos de la LAU, ampliando los 3 años de 2015. Por lo tanto, tendremos 10 años (3+7) de protección para los que ya existen, y 14 (7+7) para los que se firmen a partir de ahora. En el caso de viviendas que sean propiedad de personas físicas, el período de protección podrá llegar a los 10 años (5+5).
  • Se fija por ley el precio de la cesión obligatoria de viviendas vacías de bancos y fondos buitre a un 40% del precio de la vivienda de protección oficial. Hasta ahora no se podía aplicar esta herramienta de movilización de vivienda vacía porque el Estado había retirado el recurso que pesaba sobre el artículo 7 de la Ley 24/2015, poniendo como condición que se definiese objetivamente un precio. Ahora se podrá obligar a los bancos y fondos buitre a ceder los pisos vacíos para alquiler social a precios por debajo del mercado (piso de 65 m² en Barcelona de 150 a 200 €).
  • Ampliación de la definición de gran tenedor, que incluirá ahora personas físicas con más de 15 viviendas y por tanto protegerá más arrendatarias con amenaza de desahucio.
  • Control de ofertas de alquiler social obligatorio por parte de la Generalitat, además de los ayuntamientos, por lo tanto, más control del cumplimiento de la Ley e imposición de sanciones si se incumple.

Ante situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Y por eso desde ILP Habitatge continúan exigiendo un Plan de choque contra la emergencia por parte de las administraciones competentes, que contemple medidas valientes como la puesta a cero de la lista de espera para acceder a un piso de la Mesa de emergencia, que actualmente es de casi dos años, con 2.500 familias a la espera. Y además, que se movilicen los miles de viviendas vacías de la banca y fondos de inversión para destinarlos a vivienda social.

En Cataluña hay 49 desahucios al día según datos del Consejo General del Poder Judicial, y continúa liderando este ranking de la vergüenza en el conjunto del Estado español. Datos escandalosos que por otro lado no tienen en cuenta todos aquellos desahucios invisibles de familias que han decidido marcharse por su cuenta previamente al desahucio, ni todas aquellas que viven en una vivienda en situación de ocupación en precario.

Desde el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 y las entidades que forman parte, el Observatorio DESC, la Alianza contra la Pobreza Energética y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, van a exigir que la Ley se cumpla. Y se aplique, tanto a los grandes propietarios como a los juzgados, a los ayuntamientos de Cataluña y a la Generalitat. La Ley 24/2015 es una herramienta que avanza en la protección del derecho a la vivienda y ningún interés de los grandes especuladores ni de los lobbies financieros puede pasar por delante de ese derecho.

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