FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado recientemente a la inmobiliaria Arrendamiento10 por imponer cláusulas abusivas a sus inquilinos. Esta empresa, con sede en Bilbao, exige un aval bancario de hasta 18 meses de renta como garantía adicional para el alquiler de una vivienda, cuando la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) fija un límite de dos mensualidades adicionales a la fianza. La denuncia ha sido presentada ante Kontsumobide, el Instituto Vasco de Consumo, al considerar que esta práctica contraviene claramente la normativa vigente.
La situación del alquiler impulsa al Gobierno a promulgar leyes en defensa de los inquilinos
En los últimos años, el mercado del alquiler en España se ha vuelto cada vez más complicado para los inquilinos. La creciente demanda y la escasez de oferta han empujado al Gobierno a tomar medidas para proteger a quienes buscan vivienda. La Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos, regula las garantías adicionales que pueden exigirse a los inquilinos, estableciendo un límite de dos meses de renta en contratos de hasta cinco o siete años, dependiendo de si el arrendador es una persona física o jurídica. FACUA denuncia que prácticas como las de Arrendamiento10 no solo vulneran esta legislación, sino que dificultan aún más el acceso a una vivienda digna.
Algunas empresas pretenden captar clientes propietarios dándoles seguridad en sus alquileres
El negocio de Arrendamiento10 se centra en ofrecer seguridad a los propietarios, una demanda comprensible en un contexto donde los impagos de alquileres han aumentado. En su web, esta empresa se presenta como la «primera empresa de Bizkaia especializada en la protección integral a los propietarios de un piso en alquiler». Garantizan el cobro de la renta el día 10 de cada mes, independientemente de si el inquilino paga o no. Sin embargo, para lograr esta «seguridad», Arrendamiento10 impone condiciones abusivas a los arrendatarios, como el aval de 18 meses o el uso de productos financieros como el Aval Alquiler-Aval Personal y Solidario, cuyos costos también recaen sobre el inquilino.
Las denuncias previas de FACUA y las reformas legales
La actuación de FACUA no es un hecho aislado. En 2023, la asociación ya denunció a una treintena de inmobiliarias por imponer cláusulas abusivas, como hacer pagar a los inquilinos los honorarios de intermediación, pese a que la Ley de Vivienda reciente establece que deben ser asumidos por el arrendador. Estas prácticas, sancionadas por la Junta de Andalucía con multas que en muchos casos resultan irrisorias, evidencian la necesidad de reforzar la vigilancia y endurecer las sanciones para las inmobiliarias que vulneren los derechos de los consumidores.
La ausencia de oferta propicia los abusos hacia los inquilinos
La escasez de oferta en el mercado del alquiler agrava el problema de los abusos hacia los inquilinos. La presión por acceder a una vivienda hace que muchas personas, ante la falta de alternativas, acepten condiciones que contravienen la legislación. FACUA subraya que esta situación no solo es un problema ético, sino que crea un mercado descompensado, donde algunos actores imponen sus reglas bajo el paraguas de la «seguridad».
Prácticas abusivas que impactan el mercado
El caso de Arrendamiento10 evidencia cómo algunas empresas buscan proteger sus intereses y captar propietarios ofreciéndoles garantías, aunque ello signifique vulnerar la ley. Los avales bancarios desproporcionados y el cobro de comisiones o productos financieros impuestos, distorsionan el mercado y afectan negativamente la imagen de las agencias inmobiliarias en general.
FACUA exige sanciones a Arrendamiento10
FACUA insta a Kontsumobide a que abra un expediente sancionador contra Arrendamiento10 por exceder los límites legales en la exigencia de garantías. Estas acciones buscan proteger a los consumidores y garantizar que las inmobiliarias cumplan con las leyes que rigen el mercado del alquiler en España.
El mercado del alquiler necesita un equilibrio que garantice los derechos de los inquilinos sin que las inmobiliarias y los propietarios vean comprometidos sus intereses legítimos. FACUA seguirá vigilando para que no se cometan abusos y para que el acceso a la vivienda sea justo y equitativo para todos. La transparencia y el cumplimiento de la legislación son clave para construir un mercado más justo y equilibrado.
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